El PSOE y Junts tratan de engrasar a marchas forzadas una relación política que resulta crucial para la estabilidad de la legislatura pero que a las primeras de cambio ha dado muestras de funcionar a trompicones. La negociación al límite de la semana pasada para sacar adelante dos decretos en el Congreso, las advertencias de los Carles Puigdemont a Pedro Sánchez sobre la necesidad de negociar un referéndum o las enmiendas a una ley de amnistía que ya fue negociada durante meses han disparado las alarmas sobre el funcionamiento de una incipiente colaboración parlamentaria tras años de desconexión. Y bajo ese contexto se vieron las caras este miércoles el secretario de organización socialista, Santos Cerdán, y el secretario general de los independentistas, Jordi Turull.
Ambos se reunieron en el Congreso durante casi dos horas. A pesar de que esa cita era pública y se llevó a cabo en dependencias parlamentarias, los protagonistas de la misma apenas ofrecieron información sobre el contenido del encuentro y sortearon la nube de cámaras, micrófonos y periodistas que se arremolinaba en la Carrera de San Jerónimo. “Es una simple reunión de trabajo como otras más que vamos a tener y en la que no pretendemos acordar ni comunicar nada”, dijo el 'número tres' del PSOE a su llegada. A la salida, Turull se limitó a asegurar que se había desarrollado en un ambiente “cordial”. “Ya saben que en Junts mientras hablamos no hacemos declaraciones”, avisó.
Fuentes de Junts trataban de enmarcar el encuentro con Cerdán dentro de la normalidad, al tiempo que reconocían que su objetivo es resolver las diferencias en privado y evitar que el choque de los últimos días vaya a más. Estas mismas fuentes aseguran que su prioridad es “negociar” y que, quien negocia, “busca el acuerdo, aunque puede no encontrarlo”.
Según fuentes al corriente de la conversación la sensación en ambos bandos fue la de que el encuentro había resultado útil para limar algunas asperezas y reconducir una interlocución que nunca ha dejado de operar desde el 23 de julio pero a la que habían afectado algunos posicionamientos públicos. Ha sido el caso de algunas de las intervenciones parlamentarias de la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, de quien algunos dirigentes socialistas señalan la “dureza” de su tono. O incluso de unas manifestaciones del propio Turull en las que advertía a Sánchez de que, sin referéndum, la legislatura “colorín, colorado”.
Ahora ambas partes intentan restar peso político al hecho de que este martes Junts registrase sus propias enmiendas a la ley de amnistía al margen de las que se pactaron entre el PSOE y otros socios de investidura como Sumar o ERC. La intención, de hecho, es mantener viva la negociación durante los trabajos parlamentarios en torno a la amnistía que comenzarán este jueves con la ponencia y continuarán a partir de la semana que viene en la Comisión de Justicia del Congreso.
El propio Gobierno ya ha admitido que está dispuesto a “dialogar” en el Congreso sobre esas enmiendas pero insiste en que el PSOE rechazará incluir en la ley de olvido penal del procés a los delitos tipificados como terrorismo, como pretenden Junts y ERC. “Creemos que los delitos graves han de estar exceptuados de la amnistía, como ya lo están en la proposición de ley. Es un principio en el que estamos muy convencidos”, afirmó este miércoles en declaraciones a los medios el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Junts se descolgó de las enmiendas conjuntas
Las negociaciones para las enmiendas pactadas entre el Gobierno y sus socios habían congregado inicialmente a PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, el grupo Mixto y, también, a Junts. Sin embargo, la formación independentista acabó saltando del consenso cuando comprobó que los socialistas no aceptarían incluir sus pretensiones sobre la amnistía a los delitos de terrorismo.
El redactado inicial, tal como fue registrado en solitario por el PSOE, excluye de la amnistía los delitos por terrorismo sobre los que haya recaído una condena firme. El Gobierno considera que esta es una salvaguarda para que la ley pase el filtro tanto de los tribunales internacionales como del derecho de la Unión Europea. Pero los independentistas no opinan lo mismo y consideran que mantener esta exclusión es tanto como dejar una puerta abierta a que la llamada “judicialización de la política” siga operando.
En concreto, los casos que preocupan a los equipos jurídicos tanto de ERC como de Junts son dos: la causa de los CDR y la de Tsunami Democràtic. Esta última, instruida por el juez García Castellón, es especialmente sensible, porque implica a dirigentes como Carles Puigdemont o Marta Rovira.
Además, en los últimos meses el magistrado ha dejado patente su interés tanto por continuar adelante con las pesquisas por terrorismo como por involucrar en el sumario a un hombre que murió por una parada cardiaca durante la protesta en el aeropuerto de El Prat.
Con estos casos en mente, la propuesta de ERC y Junts es eliminar directamente el párrafo que habla de terrorismo. Una opción que los socialistas rechazaron frontalmente en privado y, ahora, también en público. Ante esa negativa, la decisión de los partidos independentistas fue diversa. Los republicanos optaron por continuar firmando las enmiendas pactadas por el Gobierno y sus socios, a la vez que presentaban unas enmiendas a título individual.
Junts en cambio saltó del consenso y rechazó estampar su firma en las enmiendas conjuntas, pese a que la mayoría de ellas se trataban de modificaciones técnicas.
La formación de Carles Puigdemont reclama, además del cambio sobre los delitos de terrorismo, otras modificaciones, como evitar que los efectos de la amnistía puedan paralizarse con un recurso a la justicia europea, o también avanzar dos meses la fecha de los delitos a los que puede aplicarse, de enero de 2012 a noviembre del 2011. Otro párrafo deja abierta la puerta a amnistiar delitos surgidos de “causas prospectivas” y que no hayan supuesto “lucro personal”, un redactado en el que algunos ven una referencia a Laura Borràs.