La amnistía hizo presidente a Pedro Sánchez. Y la amnistía, dos meses después de la investidura, mantiene en vilo al Gobierno: la presión judicial desde fuera, con autos de los jueces Manuel García Castellón y Joaquín Aguirre, que avisan de cómo van a jugar la partida política en los juzgados; la presión desde Junts, que desconfía de la aplicación judicial de la ley de la amnistía, que teme que se quede aguada; y la propia decisión del PSOE de no aceptar las enmiendas de los independentistas catalanes sobre terrorismo.
Los nombres de los magistrados fueron mencionados en la tribuna del Congreso varias veces: la propia portavoz de Junts, Míriam Nogueras, los citó. Como también la de Podemos, Martina Velarde. Y otros, sin dar sus nombres y apellidos, tuvieron el “lawfare” presente en sus discursos, como Gerardo Pisarello (Sumar), Jon Iñarritu (EH Bildu) o Pilar Vallugera (ERC).
“El toro vuelve a chiqueros”, decía una persona conocedora de las negociaciones a las 15.00 en punto. Justo cuando iba a comenzar el debate, con la intervención del portavoz del PNV, Mikel Legarda. ¿Y qué quería decir eso? “Que vuelve a la comisión”, que se había acabado el tiempo sin acuerdo para transaccionales. Y así fue, más de tres horas después, cuando se conoció el resultado de la votación. Los 179 noes frente a 171 síes fruto del rechazo de Junts tumbaban la ley de amnistía y devolvían el texto a la comisión de Justicia, toda vez que sí se había aprobado el dictamen pertinente, y, de paso, dejaban al Gobierno en el aire en una legislatura recién arrancada a trompicones, después de haberse aprobado in extremis las votaciones para la presidencia del Congreso, la propia investidura y los decretos anticrisis –la abstención de Junts aquel día salvó dos, si bien el tercero cayó por el no de Podemos al de Trabajo–.
Pero esta vez se pasó del susto a la derrota.
La misma ley que hizo posible el Gobierno –su promesa– lo deja en vilo. “Si el PSOE no nos vota la transaccional Junts-PNV, votamos en contra”, decían fuentes del partido independentista el martes por la mañana: la ejecutiva del partido había decidido no votar la ley si no salían adelante las enmiendas que llegaban vivas al pleno gracias al apoyo de los nacionalistas vascos. Eran enmiendas que tenían que ver con lo que se viene llamando “perímetro de la amnistía” desde octubre. Es decir, quién entra y quién se queda fuera, y que tiene mucho que ver con el uso que los jueces puedan hacer de figuras penales como el terrorismo.
Al final, las enmiendas presentadas por Junts y PNV cayeron, con los votos de PSOE, PP y Vox. Y, a continuación, la ley, por el no de Junts. “Lo hemos advertido desde el primer día”, decían fuentes de Junts: “Hay mucha gente que quedaría fuera. Y meterían a muchos más, porque habrían visto el agujero”.
“No somos terroristas”, clamó en la tribuna la portavoz de Junts, Míriam Nogueras. Y el expresident Carles Puigdemont explicaba en X (antes Twitter): “No podíamos apoyar un proyecto de ley que tiene carencias importantes que no se han querido corregir; de haber contado con nuestro voto favorable, habría invalidado el compromiso con una amnistía integral, completa, sin exclusiones. Un compromiso que acordamos para la investidura del presidente Pedro Sánchez. Sólo hay una forma de frenar su pulsión patriotera: hacer una ley más sólida, sin tantas rendijas. Tenemos unos días para rehacer el consenso inicial, del que no dudo, de que la amnistía debe incluir a todo el mundo perseguido por esta maquinaria de quebrar derechos fundamentales en los que se ha convertido –para los catalanes independentistas– la judicatura española”.
En este sentido, el diputado de Sumar Gerardo Pisarello (Comuns) cargaba contra los jueces que han “empezado a ver terrorismo retrospectivo por todas partes”, pero también defendía el voto favorable a la ley de amnistía.
“Es curioso que haya un juez de la Audiencia Nacional que no viera implicación de María Dolores de Cospedal en el caso Kitchen a pesar de más de 270 menciones en el caso Villarejo (...) pero haya sido tan diligente como para encontrar pruebas contra Podemos o haya comenzado a ver terrorismo retrospectivo por todas partes”, ha dicho: “Cuatro años estuvo la causa contra Tsunami durmiendo el sueño de los justos. El problema es el de un bloque reaccionario que para gobernar siempre es capaz de todo: espiar, hacer informes falsos, ilegalizar adversarios…”.
Por su parte, desde ERC, informa Arturo Puente, consideraban un “error colosal” que Junts haya optado por no aprobar la ley de amnistía este martes. “Contábamos con que el PP dilatara los trámites, no con que lo hiciera Junts”, explican fuentes de la formación. Los republicanos vaticinan que en el trámite que se abre ahora, que puede ser de hasta un mes, puede haber algunos cambios en la ley, pero ni mucho menos sustanciales. “Es muy difícil que mejoremos la ley a través del regate corto constante”, afirman los republicanos, razón por la que en ERC eran partidarios de aprobarla este martes, hasta el punto de que ha estado Oriol Junqueras en la tribuna del Congreso durante el pleno.
La diputada de Podemos Martina Velarde sí ha apoyado este viernes la posición de Junts de incluir en la amnistía los delitos que algunos jueces califican de terrorismo. “Vemos que el juez García Castellón va dictando leyes al mismo ritmo de la tramitación de la ley para poder esquivarla”, ha criticado durante el debate de la ley de amnistía, que ha apoyado Podemos: “Debemos introducir en la ley delitos de terrorismo porque existen jueces que están intentando aplicar tipos de terrorismo a hechos que no lo son. Nos jugamos si mandan los representantes o García Castellón”.
El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, formación que es parte de la mayoría de investidura, ha defendido también la ley de amnistía acordada por el Gobierno con las fuerzas independentistas arremetiendo contra los argumentos esgrimidos por el PP: “Son ustedes quienes más han aplicado el derecho de gracia, a quienes más les gusta. Ustedes no es que hayan indultado a personas condenadas por torturas y por terrorismo de Estado, han indultado en el pasado a personas condenadas por terrorismo”. Iñarritu ha añadido: “A los enemigos acérrimos de esta ley no les podemos dar oportunidades ni darles victorias. La extrema derecha judicial, policial y mediática se está moviendo, y eso es lo que ocurre. Está habiendo un intento de derrocar la mayoría de la legislatura”.
Quienes no ocultaban su regocijo por la derrota del Gobierno en la votación eran los diputados del PP: si salía adelante, tiraban del relato de que “Sánchez paga para seguir siendo presidente”; si decaía, como así fue, tenían la cara B, para hablar de “humillación e indignidad”.
Ya por la mañana un diputado del PP teatralizaba el “colorín colorado” de Jordi Turull, que luego empleó el propio Alberto Núñez Feijóo en una intervención que versó sobre los argumentos que lleva empleando prácticamente desde la noche electoral del 23J, desde que se dio cuenta de que tenía la investidura perdida. “Solo existe un candidato de los dos posibles dispuesto a hacer lo que ustedes mandan”, le interpeló a Nogueras, cuando el propio Feijóo sabe de sobra que si él prometiera una ley de amnistía no tendría los votos de Vox, por lo que los siete de Junts, en el hipotético caso de que los ganara, serían muy insuficientes para su investidura. Feijóo, además, insistió en el bulo de cómo salió Puigdemont de España: “Se fue en un maletero y regresará en un falcon”.
Pero Feijóo sabe, aunque no lo diga, que Sánchez no podría convocar elecciones hasta pasado un año de la disolución de las Cortes, que se produjo el 30 de mayo pasado –con lo que se celebrarían, de nuevo, a finales de julio–. Y, también, que el presidente del Gobierno, de momento, tampoco tiene muchos incentivos, viendo las encuestas.
“A veces te sientes como un ejército en un invierno ruso”, decía un diputado de la mayoría de investidura en el patio del Congreso sobre los frentes con los que tiene que lidiar el Ejecutivo: “Peleando con el frío, la nieve y el barro. Recordemos que en este país se metió en la cárcel a unos titiriteros acusados de terrorismo”. Otro terciaba: “No sé cómo va a ser esta legislatura, porque nadie te asegura que dentro de un mes, cuando vuelva la ley, qué habrá pasado. Puede que ya haya habido elecciones gallegas, y no sabes si el escenario será mejor. Y si Junts lo está usando para presionar en los presupuestos... el Gobierno te puede prorrogar los del año pasado y listo”.
Poco antes de las 17.45 entraba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el hemiciclo para votar. Su portavoz en el debate, Francisco Aranda, había defendido el proyecto de ley fruto “del diálogo dentro de la legalidad”, al tiempo que hacía un guiño a la judicatura: “Para defender esta cámara y este parlamento no necesitamos ni descalificar al Poder Judicial ni entrar en temas personales”.
El propio ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, insistía en “abrir una nueva etapa en Catalunya” al tiempo que afirmaba que “España es un Estado de derecho, con jueces que ejercen de forma profesional y con rigor”.
Bolaños hablaba así poco antes de volar a Bruselas a última hora de la tarde en el mismo avión que Esteban González Pons, con quien se reunirá junto al comisario de Justicia, Didier Reynders, para abordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial que lleva bloqueando más de cinco años el Partido Popular.
Mientras, el Gobierno, la investidura y la ley de amnistía quedaban en el aire, después de un pleno que ha demostrado la fragilidad de la mayoría de legislatura, la necesidad de llegar al Congreso con las votaciones amarradas y lo decisivo de cada voto, en este caso, de los siete diputados Junts.