El PSOE profundiza sus pactos con el independentismo tras la reválida de las generales

Hace poco más de un mes que Pedro Sánchez fue investido presidente. Un tiempo en el que el PSOE ha ahondado en su política de pactos con el independentismo vasco y catalán como nunca antes. Al uso de las lenguas cooficiales en el Congreso y a la ley de amnistía les han seguido otros pasos inéditos como el culminado este jueves en el Ayuntamiento de Pamplona, la primera gran administración pública en la que los socialistas han apoyado un Gobierno de EH Bildu. Si el shock electoral de las municipales de mayo, que orbitaron en torno a la campaña del PP y Vox con el lema ‘Que te vote Txapote’, hizo tambalear esa política de alianzas, el 23 de julio volvió a cambiarlo todo. 

La lectura que hacen en el PSOE de lo que arrojaron las urnas en las elecciones generales es que el votante progresista se movilizó contra la hipótesis de un Gobierno “reaccionario” de PP y Vox. Y que con su voto avaló, por tanto, la alternativa. Es decir, el entendimiento y los acuerdos que ahora concreta con grupos como ERC, Junts o EH Bildu. “La gente sabía lo que hicimos la legislatura pasada. Nuestra línea de trabajo es la misma que emprendimos con los indultos y que la gente ha respaldado”, sostienen en Ferraz. 

Ese análisis, sustentado además en la necesidad de todos y cada uno de los votos nacionalistas e independentistas del Congreso, es en realidad el opuesto al que estuvo sobre la mesa de la dirección socialista tras la hecatombe del 28 de mayo en las municipales y autonómicas. En mitad de una batalla campal en el seno del Gobierno de coalición a cuenta de la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’ y de la polémica por la inclusión de candidatos que habían cumplido condena por delitos de sangre en las listas de EH Bildu (la coalición vasca, finalmente, los retiró), la derecha encontró el terreno abonado para redoblar sus ataques a la política de alianzas de Pedro Sánchez. 

Y los resultados electorales a punto estuvieron de echar por tierra esa línea de trabajo. “La gente ha censurado el ruido en el Gobierno y nuestros pactos con los independentistas. Toca replanteárselo”, valoraba entonces uno de los alcaldes socialistas de capital de provincias que se vio arrasado por la ola conservadora de mayo. En la propia dirección de Ferraz se llegó a dar ese debate. Y de hecho, durante varias semanas de precampaña, la estrategia de los socialistas pasó por hacer un llamamiento al voto útil a Sánchez para que el peso de los socios en el Congreso fuese menor respecto a la legislatura anterior. 

Pero la irrupción en campaña del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la alianza consumada del PP de Feijóo con la extrema derecha en toda España alteraron el guion. La defensa encendida de Zapatero de la política de pactos del Gobierno de coalición y su reivindicación del papel jugado por los socialistas en el final de la violencia terrorista de ETA animó al PSOE a enterrar los complejos y a salir a defender su modelo de gestión territorial. 

El resultado de las elecciones marcó la imposibilidad de la derecha de formar Gobierno y la posibilidad de la izquierda de reeditar su coalición con un actor más en juego: los independentistas catalanes de Junts. Desde la misma noche electoral, la sala de máquinas de la calle Ferraz recibió instrucciones para explorar una vía de acuerdo con los de Carles Puigdemont a sabiendas de que el precio político a pagar incluiría mayores cesiones al independentismo que las asumidas hasta el momento. Algo que no ha supuesto mella alguna en la convicción del propio Pedro Sánchez de que debía concretar un nuevo Ejecutivo progresista por muchas dificultades que encontrase en el camino de la negociación y por muy contradictoria que resultase la asunción de algunas reivindicaciones independentistas rechazadas expresamente meses atrás. 

La principal demanda de Carles Puigdemont fue, en realidad, sobre la que pivotaron el grueso de las negociaciones para la investidura: una ley de amnistía que hasta no hace mucho era una línea roja para los socialistas y que, apenas ha echado a andar en su tramitación parlamentaria, ya consideran en el PSOE que es plenamente asumida entre su electorado. 

“La amnistía es, en realidad, lo mismo que hicimos con los indultos”, incide una de las principales dirigentes socialistas, que se muestra convencida de que la medida de gracia contará con un respaldo generalizado a medio plazo. “Va a dar resultados y va a contribuir a la normalización de la política. Para eso nos han votado y entre nuestros votantes la amnistía no nos va a suponer ningún tipo de desgaste. Eso está asumido ya”, añade. 

A la amnistía la han seguido otros pasos controvertidos como la figura del verificador entre el PSOE y Junts o la exigencia de Carles Puigdemont de reunirse personalmente con Pedro Sánchez. Otra demanda asumida con aparente naturalidad en la Moncloa. La estrategia “sin complejos” pasará los próximos meses por la normalización “como actores políticos” de Junts y de EH Bildu. De ahí que ya admita el propio presidente que se reunirá con Carles Puigdemont y también con Oriol Junqueras, “no una sino más veces”. 

Una línea parecida a la que se despliega ya en la interlocución con EH Bildu. “No tengo ningún problema con que un partido progresista democrático de España se haga con una alcaldía de provincia. En pocos días habrá en España otra alcaldía más progresista y una menos de derechas”, celebró el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras las acusaciones de las bancadas de las derechas por “la rendición” ante “los herederos de ETA” del Ayuntamiento de Pamplona. 

Puente fue el más explícito de los dirigentes socialistas en defender el paso dado, contextualizado por otros altos cargos del partido gracias al argumentario que alude a que tan solo se trata de “asuntos de mera política local”. Lo cierto es que ese acercamiento a EH Bildu responde a un posicionamiento estratégico del PSOE sustentado en una profunda reflexión de fondo y en un largo e intenso debate interno al más alto nivel respecto al tipo de relación que se debe mantener con el proyecto político que representa a la izquierda abertzale. 

Y la conclusión de ese debate interno es que, si en Madrid o en Navarra se da respuesta a la voluntad de la ciudadanía con la conformación de una mayoría parlamentaria progresista que incluye a EH Bildu, sería un error ponerse de espaldas a la misma demanda de la sociedad navarra o de los votantes de Pamplona. La duda es qué pasará en Euskadi, con elecciones previstas para la primavera y donde los socialistas se verán obligados a hilar muy fino entre el PNV y EH Bildu, dos competidores acérrimos en la política vasca y dos aliados igualmente indispensables en el Congreso de los Diputados.