Las presiones del ministro de Justicia desestabilizan a la Fiscalía
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha encadenado tres fiscales generales en menos de tres años. La cifra tiene relación directa con la manera del ministro de gobernar el cargo y sus relaciones con el ministerio fiscal: la presión a favor del Gobierno ha sido una constante que ni Torres-Dulce ni Consuelo Madrigal han estado dispuestos a soportar.
La renovación de los principales puestos en la Fiscalía acaba de poner de manifiesto el objetivo perseguido por Catalá: controlar la acción del ministerio fiscal en los tiempos de mayores problemas judiciales para el PP.
Con Torres-Dulce, el problema fue Cataluña. Recién llegado al ministerio, Rafael Catalá exigió del fiscal general que parase la consulta del 9N presentando una querella contra Artur Mas. Las órdenes no fueron atendidas y el Gobierno empezó a buscar nuevos candidatos para la Fiscalía General. Como resultado de la pérdida de confianza, Torres-Dulce acabó presentando su dimisión.
El Gobierno no tiene atribuciones directas para cesar a un fiscal general. La reforma del estatuto fiscal de 2007 le quitó al poder ejecutivo esa facultad. Sin embargo, Catalá supo encontrar un modo indirecto para deshacerse de un viejo conocido, con quien mantenía antiguas desavenencias.
La distancia entre Torres-Dulce y Rafael Catalá viene de lejos. Cuando Catalá era secretario de Estado de Justicia en el Gobierno de Aznar, los enfrentamientos entre ambos fueron sonados en el mundo judicial. Torres-Dulce presidía la conservadora Asociación de Fiscales (AF) y pretendía presionar para colocar a sus asociados en los puestos más destacados del Consejo Fiscal. Catalá prefirió otras opciones y apostó por personas de su entorno directo.
Tras la dimisión de Torres-Dulce, llegó Consuelo Madrigal y la situación volvió a repetirse. El ministro de Justicia quería que la nueva fiscala general cumpliese sus órdenes y propuestas de renovación para los puestos más sensibles en Anticorrupción o la Audiencia Nacional. Madrigal no aceptó las presiones y, tras finalizar su primer mandato, no fue renovada en el cargo.
La tensión entre Catalá y Madrigal provocó que determinados puestos clave quedasen sin ser renovados durante más tiempo del previsto. Los cambios constantes y las presiones del ministro llevaron a la Fiscalía “a una situación de inestabilidad desconocida hasta la fecha”, según aseguran fuentes jurídicas.
Con Madrigal fuera de juego, el lujoso palacio del marqués de Fontalba fue ocupado por José Manuel Maza. Corría el mes de noviembre de 2016 y el ministro de Justicia estaba ya en registros de récord: tres fiscales generales en solo dos años y medio.
A la tercera llegó la vencida y Maza se acabaría comportando como la correa de transmisión perfecta que el Gobierno del PP había buscado sin éxito a lo largo de todos esos años. Los recientes nombramientos en los principales puestos de la carrera fiscal han traído a partes iguales satisfacción para Moncloa y polémica en los medios de comunicación.
Rajoy quería a Manuel Moix al frente de Anticorrupción, a pesar de que nunca había desempeñado trabajo alguno en esa fiscalía. El PP necesitaba sacarse de encima al fiscal jefe de Murcia, a quien se atribuye el inicio de las principales causas contra el PP en aquella comunidad y, además, los conservadores querían un cambio en la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Tras dos intentos fallidos, Catalá consiguió que el tercer fiscal general de su época en el ministerio tomase las decisiones que cumplían con los deseos del Gobierno, pero a costa de sumir a la institución en una contestación pública desconocida hasta la fecha.
