“Podemos pagarlo porque la evolución del déficit ha sido buena”. Con esta frase, Soraya Sáenz de Santamaría presumía este viernes de que el Gobierno vaya a devolver a los funcionarios un 26,2% de la paga extra que se les retiró en 2012. La número dos de Rajoy también trataba de desvincular la decisión de la convocatoria de elecciones generales pocos días antes de Navidad. A falta de que Mariano Rajoy desvele el enigma y diga si serán el 13 de diciembre o lo más probable, el 20, su número dos intentaba negar el electoralismo de la decisión.
Moncloa cuenta con que una mayor satisfacción de los empleados públicos se traduzca en votos dentro de un colectivo muy afectado por los recortes de principios de legislatura y que ha visto muy reducido su poder adquisitivo desde 2010.
Curiosamente, el anuncio de esta medida provocó que los miembros del Ejecutivo se contradijeran cuando se anunció en el mes de junio. “No está en los planes del Gobierno”, aseguró contrariado José Luis Ayllón, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes cuando se publicó la noticia. “Nuestra intención es hacerlo a medida que tengamos margen”, confirmó Cristóbal Montoro.
El guiño del Gobierno a los funcionarios no es solo cuestión de dinero, también se les devolverá tiempo libre. En el decreto ley que se aprobará la próxima semana entrará la ampliación a un día más de permiso para asuntos particulares (moscosos) así como la recuperación de lo que en el argot de los funcionarios se llama canosos porque están vinculados a la antigüedad.
Desde el Gobierno se cuenta con que más dinero en el bolsillo anime el voto y se sume a la subida del consumo que ya se detecta y tendrá su mayor pico antes de las vacaciones de Navidad. ¿Qué otros factores cuentan con que resulten beneficiosos? Rajoy podrá decir que ha cumplido su palabra de alargar al máximo su mandato. También se habrán celebrado unas elecciones catalanas con la previsible victoria de la candidatura de Artur Mas y él podrá erigirse en el único capaz de frenar la independencia de Cataluña.
Mantener que ha gobernado “hasta el último día” y que ha dejado unos Presupuestos Generales aprobados en el último minuto es el principal motivo del Gobierno para sacar pecho. Además, Rajoy mantiene así su compromiso repetido hasta la saciedad durante el último año. Aunque muchos desconfiaron en ese extremo y apostaron por una coincidencia con las autonómicas catalanas del 27S, él siempre insistió en su previsibilidad.
Una de las acusaciones contra las que el PP ha tenido que luchar más es el incumplimiento de su programa electoral en varios aspectos, sobre todo, en cuanto a la subida de impuestos. Génova lleva meses alardeando de que sí lo cumple y poniendo números que lo cuantifiquen. Ahí se enmarca la campaña “CumPPlimos”, con la que Pablo Casado pretende poder demostrar que su partido lo ha logrado al 100%.
Rajoy se venderá como el presidente que plantará cara a Artur Mas y el único garante de la soberanía nacional contra una posible independencia de Cataluña. José Fernández-Albertos, doctor en Ciencias Políticas y colaborador del blog Piedras de Papel, señala que el PP “percibe al menos en el corto y medio plazo que la cuestión catalana no le puede hacer daño” y que en la campaña electoral jugará la baza de “vender entre el electorado la necesidad de un gobierno fuerte en Madrid” como contrapeso.
La reforma para que el Tribunal Constitucional pueda inhabilitar a Mas si declara la independencia de Cataluña ha sido el golpe de efecto que abona su imagen de fortaleza frente al secesionismo. A pesar del escándalo que ha provocado este movimiento entre la oposición y gran parte de la judicatura, el Gobierno se mantiene en sus trece y ha asegurado que se hará y de la forma más rápida posible gracias al rodillo de su mayoría absoluta. La presencia de Xavier García Albiol, su candidato a la Generalitat, en el registro en el Congreso de la proposición de ley y su protagonismo, “la broma se ha acabado”, abona la teoría de esta firmeza contra el independentismo caiga quien caiga.
La cercanía de las urnas a las fiestas de Navidad y si tendrá un efecto psicológico que beneficie al PP aún está por ver. Algunos expertos creen que un cierto optimismo puede jugar a favor, pero repercutir negativamente en la participación. Lluis Orriols opina que llamar a votar cinco días antes de Navidad puede desincentivarla ya que “impone algunos costes sobre ir a votar entre aquellos que ya estén de vacaciones”. Fernández-Albertos tampoco se atreve a ser contundente en este punto, pero también apunta a que los días con más actividad social propia de esas fiestas (encuentros familiares, viajes o compras) pueda reducir la participación.