La citación a Rajoy aboca al presidente del Gobierno a testificar sobre la financiación irregular del PP
La decisión del tribunal de Gürtel de llamar a declarar como testigo a Mariano Rajoy aboca al presidente del PP a dar explicaciones sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular ocho años después de que estallara el escándalo y transcurridos cuatro desde que derivara en una investigación de la caja B de Génova. El mismo tribunal que le cita como testigo en el juicio de Gürtel por sus responsabilidades en el partido debe resolver una petición idéntica de las acusaciones populares en otra pieza del proceso, la que investiga los pagos en b de los empresarios al PP a cambio de adjudicaciones. “Es una cuestión de congruencia”, asegura uno de los abogados personado en la causa desde su arranque en 2009.
Antes incluso de que se celebre el juicio, Rajoy podría ser llamado a declarar en esa causa de la caja B. Tras conocer la noticia de la citación en Gürtel, las acusaciones populares de Adade, IU, socialistas valencianos y Observatori Desc se plantean solicitar más adelante al juez José de la Mata que cite al presidente del Partido Popular, aprovechando la reapertura de la fase de instrucción de la causa sobre financiación irregular. Esta se ha producido a raíz de las confesiones de Francisco Correa y el constructor Alfonso García-Pozuelo sobre mordidas con destino a Génova.
La tercera opción de preguntar a Rajoy por la caja B, y la más inmediata, tendrá lugar durante su declaración como testigo en el juicio de Gürtel. A estas alturas de la vista, consideran las fuentes consultadas, la financiación irregular con los sobres de los constructores ha inundado ya el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por la trama de corrupción de Francisco Correa y una veintena de dirigentes locales del partido.
El Partido Popular se sienta en la sala de vistas como responsable civil a título lucrativo, esto es, por haberse beneficiado presuntamente de 245.000 euros de esos amaños entre algunos de sus dirigentes locales y las empresas de Correa. Ese dinero entró en las campañas del PP en Pozuelo y Majdahonda de forma irregular en 2003, cuando Rajoy ya era secretario general de la formación a nivel nacional.
Como número dos del PP en esa época, Rajoy también podrá ser preguntado por la confesión que García-Pozuelo pactó a cambio de una rebaja en la petición de condena de la Fiscalía y evitar la cárcel. El expresidente de Constructora Hispánica admitió durante el juicio comisiones con destino a “organismos centrales”. El abogado Mariano Benítez de Lugo, en representación de ADADE, incluyó esta afirmación del empresario en el escrito con el que pidió la declaración, ahora aceptada por el tribunal, de Mariano Rajoy como testigo.
A la confesión de García-Pozuelo se sumó la de Francisco Correa, quien desveló que la gran obra pública de Aznar, en cuyo consejo de ministros se sentaba Rajoy, escondía comisiones de entre el 2 y el 3% con destino a Génova. Como recoge el escrito de Adade, Rajoy fue el director de la campaña electoral de Aznar en las elecciones generales de 1996 y 2000, las que dieron la victoria y el poder de las adjudicaciones al Partido Popular.
El papel clave del presidente del tribunal
Las respuestas de Rajoy dependerán siempre de que el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, considere pertinentes las preguntas. Los precedentes invitan a pensar lo contrario. Hurtado es el único miembro de los tres que componen el tribunal que se ha opuesto a la citación de Rajoy. Además, durante la declaración de Luis Bárcenas, el presidente del tribunal impidió cualquier pregunta al extesorero sobre el conocimiento que Génova pudiera tener de la financiación irregular de las campañas del PP en Pozuelo y Majadahonda en 2003.
En el caso de que las acusaciones se decidan a solicitar la declaración de Rajoy ante el juez de la caja B, De la Mata deberá decidir si rompe esa “urna de cristal” que, según Adade, ha protegido al presidente hasta ahora en la investigación. No en vano, otros secretarios generales del partido declararon como testigos ante su antecesor, Pablo Ruz. Fue el caso de María Dolores de Cospedal, Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos. Rajoy se libró entonces de dar explicaciones sobre 20 años de dinero negro para la caja B del PP, el partido en cuyo comité ejecutivo integra el presidente del Gobierno desde 1989.
Desde las acusaciones populares refuerzan este argumento con que Gürtel y caja B son, en realidad, un mismo proceso judicial, y que sobre la conexidad de ambos ya se pronunció la Audiencia Nacional en 2013 cuando puso en manos de un mismo juez ambas causas. Se trata del mismo argumento que esgrimió el propio De la Mata ante Correa cuando éste se negó a confirmar y ampliar ante él la confesión sobre las mordidas que había expuesto en el juicio de Gürtel. De la Mata le advirtió que ambas causas son el mismo proceso y que no caben colaboraciones “a la carta”.
