El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya es formalmente el responsable de la Generalitat de Catalunya. El BOE ha publicado no solo el cese de Carles Puigdemont y de sus consejeros, sino también las competencias y funciones que se traspasan ahora al gobierno central y las manos que las deberán asumir. Sin embargo, será Soraya Sáenz de Santamaría la encargada de hacer las veces de Puigdemont en el día a día para facilitar las tareas ejecutivas que supone administrar una comunidad autónoma.
La vicepresidenta asume el mayor poder, la voz y la capacidad de comunicación de la Generalitat y sus relaciones con el exterior además de la la potestad normativa de la autonomía.
Según el texto publicado de madrugada, Rajoy es el designado para tomar las riendas de Catalunya. Así se explica que “el Presidente del Gobierno de la Nación asume las funciones y competencias que corresponden al Presidente de la Generalitat de Cataluña, previstas en el Estatuto de Autonomía”. El traspaso de funciones va descendiendo en escala y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, asume las atribuciones competenciales que hasta ahora ostentaba Oriol Junqueras como segundo de abordo, aunque con algunas derivadas por la particularidad de su responsabilidad económica.
Sin embargo, para facilitar el día a día, el texto hace una segunda vuelta de traspaso de competencias efectivas de forma que “el Presidente del Gobierno de la Nación delega las funciones que se le atribuyen el artículo 3 [de ese mismo texto] de este Real Decreto en la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra para las Administraciones Territoriales”. Es decir, que será Sáenz de Santamaría la que se encargará de ejecutar el gobierno de la Generalitat en lugar de Mariano Rajoy.
Fuentes de Moncloa ya avisaron este viernes que Sáenz de Santamaría podría asumir la gestión del Govern, pero no quisieron adelantar cuándo se haría efectiva ni la fórmula legal en la que se haría la delegación de funciones.
En cuanto a los ministros, se les designa “como titulares de sus Departamentos” y “quedan habilitados para el ejercicio de las funciones y para la adopción de acuerdos, resoluciones y disposiciones que correspondan a los Consejeros, conforme a la legislación autonómica de aplicación, en la esfera específica de su actuación”.
El texto insiste en que todos estos encajes se hacen para garantizar el funcionamiento de la comunidad catalana y subraya que deben hacerse “con sujeción a los principios de prudencia y proporcionalidad y con pleno respeto a la Autonomía de Cataluña”.
Como el traspaso de carteras no puede ser exacto, las consejerías de ninguna comunidad autónoma no son clones de los ministerios del Gobierno central, el texto tiene que ir desgranando el reparto de las principales funciones, agencias y organismos que cuelgan de cada departamento.
Ante la posibilidad de que tanto alguno de los consellers como sus cargos de confianza decidan rechazar su cese y se resistan a abandonar su puesto, fuentes de Moncloa explicaron que estas personas “van a dejar de cobrar y no pueden firmar ningún tipo de documento oficial porque cometerían un delito de usurpación de funciones”.
La vicepresidencia económica que ostentaba Oriol Junqueras es una de las más repartidas entre distintos ministerios. Aunque Cristóbal Montoro se queda con los tributos y con la mayor parte de las agencias de relevancia, se cede la competencia de celebraciones electorales al ministerio del Interior.
También se reparte funciones claves como el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y de las funciones del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT) que una parte se queda la vicepresidenta, Sáenz de Santamaría y otra el ministerio de Hacienda.
La dirección general de medios y la oficina de prensa de la Generalitat pasa a depender directamente de la vicepresidenta, además de controlar la Oficina del Gobierno, la Dirección General de Coordinación Interdepartamental, el Centro de Estudios de Opinión, que es el organismo que se encarga de hacer encuestas como el CIS pero a nivel autonómico, y la Entidad Autónoma del Diario Oficial y de Publicaciones de la Generalitat de Cataluña (EADOP), que es el organismo que publica el boletín oficial de la comunidad autónoma, es decir, todas la normativa autonómica y municipal y todas las decisiones judiciales que se tomen en Catalunya tienen que pasa por el departamento que controla la vicepresidenta.
Las relaciones oficiales de la Generalitat también quedarán bajo la tutela de la vicepresidenta. Su cartera asume la Dirección General de Relaciones Institucionales y con el Parlamento además del Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia, así como la Secretaría General de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia y la Oficina de Seguimiento y Apoyo a las Comisiones paritarias Estado-Generalitat.
Además, la representación de la Generalitat en las provincias catalanas y en Madrid también quedan bajo su control mediante las Delegaciones del Gobierno de la Generalitat en el territorio catalán y de la Delegación del Gobierno de la Generalitat en Madrid, cuyo delegado, Ferran Mascarell ha sido destituido.
Aunque el ministerio del Interior asume las funciones del Área de Procesos Electorales y Consultas Populares, el ministerio que dirige la vicepresidenta tiene bajo su competencia la Secretaría de Administración Local y las funciones correspondientes a consultas populares de la Secretaría General de este Departamento.
Uno de los ministros que ha estrenado sus competencias ha sido Juan Ignacio Zoido al destituir al mayor de los mossos Josep Lluís Trapero.