Antes de llegar a las instituciones, Vox ha sustentando su repercusión mediática y social en la interposición de acciones judiciales para erigirse en látigo del independentismo. Durante los últimos cuatro años de irrelevancia electoral, la formación de extrema derecha ha tratado de acaparar titulares apostando por una hiperactividad en diferentes litigios, como alguno sobre corrupción, en el procés, una pitada al himno español en un partido de fútbol o la acusación popular en el caso de Víctor Laínez.
Según se desprende del manual de coordinación que Vox Madrid presentó en octubre, esta actuación forma parte de una estrategia para lograr “mayor repercusión”. En este documento, al que ha accedido eldiario.es, desarrollan en qué consiste el protocolo jurídico de la formación y determinan dos objetivos para desarrollar estas medidas.
“Hacer de las acciones jurídicas un modo de lograr mayor repercusión social y mediática, poniendo en el debate político cuestiones que puedan interesar al programa de Vox”, es la primera intención que citan. La segunda consiste en apoyar a la formación de extrema derecha y a sus afiliados “frente a acciones institucionales o de los medios de comunicación que perjudiquen, menoscaben o lesionen al partido o individuales”.
Asimismo detallan los cuatro requisitos que evalúan para interponer estas denuncias. Reconocen que valoran la “posible relevancia política, teniendo en cuenta número de personas o colectivos afectados por la acción jurídica, o que se refiera a temas de actualidad social”. También priorizan aquellos temas que integran su “programa electoral” y estiman la “viabilidad jurídica”, así como el “posible coste económico”, destacando en este caso las exigencia de fianzas judiciales en las acciones penales.
Finalmente, en este caso, la última palabra para llevar a cabo una acción jurídica depende del comité de dirección de Madrid. Si se aprueba, desde la formación envían al coordinador un “borrador del escrito de denuncia o reclamación para presentar en la oficina judicial o administrativa que corresponda”, una vez que se aporte distribuirán a los medios una foto y una nota de prensa. A finales de 2017, desde esta formación explicaron a eldiario.es que su equipo jurídico estaba formado por 19 personas.
Vox va a explotar la relación entre presencia mediática y acciones judiciales hasta el último momento de este segundo periodo electoral. Tras una campaña en la que la formación ha adoptado un perfil bajo, más allá de las polémicas declaraciones de su candidato a los comicios europeos, y en la que no ha cosechado la movilización que arrastró los días previos al 28A, el partido de extrema derecha ha decidido poner fin a la campaña autonómica, municipal y europea frente al Tribunal Supremo.
Cierre de campaña frente al Supremo
Este partido ha convocado a periodistas y seguidores en la plaza que Javier Ortega Smith, secretario general del partido y candidato al Ayuntamiento de Madrid, recorre todas semanas para ejercer la acusación popular contra los líderes independentistas. Atrás queda el multitudinario final de campaña que desbordó la plaza de Colón el viernes previo a las elecciones generales.
El manual al que ha accedido esta redacción deja claro que la perspectiva jurídica es uno de los ejes sobre los que se vertebra esta formación en su delegación más relevante, la de Madrid, presidida por Rocío Monasterio. Junto a este protocolo, el resto de estrategias que se desarrollan están mucho más centradas en el funcionamiento interno del partido como la afiliación, la financiación, la comunicación, las redes sociales y la movilización.
Según figura en la portada del documento, titulado manual del coordinador, se presentó en las terceras jornadas de coordinación de Vox Madrid. El perfil de Twitter de esta delegación autonómica recoge que este evento se celebró el pasado 27 de octubre. En marzo se organizó un cuarto encuentro. La formación de extrema derecha no ha explicado a esta redacción si han renovado estas claves que distribuyen entre sus responsables.
Fuentes consultadas por esta redacción aseguran que este documento se ha utilizado como ejemplo a nivel nacional y se distribuyó en las jornadas de coordinación de los comités ejecutivos celebrada en Valdemoro (Madrid) dos meses después, tras las elecciones andaluzas.
Investigar a los afiliados que se acaban de registrar
En este manual también incluyen el procedimiento de afiliación, que recoge entre los pasos previos antes de dar de alta a un nuevo seguidor que se recabe en “redes abiertas” información sobre su pertenencia a otras organizaciones políticas, su trayectoria personal y profesional o que figure en “informaciones periodísticas relacionadas con actos violentos, ilegales o cercanos a movimientos ultras”. Además, instan a que se investigue su actividad en redes sociales y se escruten las solicitudes de afiliaciones masivas.