Ribera carga contra García Castellón por actuar en “momentos políticos sensibles” y “siempre en la misma dirección”
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado este viernes en TVE que el juez Manuel García Castellón, con cargo en la Audiencia Nacional, tiene “cierta querencia” a pronunciarse en “momentos políticos sensibles”. Sus palabras llegan apenas un día después de que el magistrado reincidiera en sus acusaciones en relación a que Carles Puigdemont, expresident catalán y líder de Junts, debería ser investigado por un presunto delito de terrorismo al enviar su causa contra Tsunami Democràtic al Tribunal Supremo y acusar a la Fiscalía de no hacer su trabajo.
La ministra ha recalcado que es “muy importante respetar la separación de poderes como uno de los principios fundamentales de la convivencia y la Constitución”, refiriéndose a los jueces y magistrados, pero también ha señalado respecto a Castellón que “eso no impide ver que siempre se posiciona con una implicación política importante en los momentos más oportunos”. “Siempre tiene mucho acierto en la sensibilidad de las fechas”, matizaba la ministra.
Ante la pregunta de que si lo que estaba afirmando la vicepresidenta podría ser considerado como lawfare, esta ha afirmado que “es capital entender que no sólo importa el ejercicio del Poder Judicial, sino también las formas y motivaciones” y ha reincidido en señalar que Castellón siempre tiene esa “valoración de la oportunidad sobre el momento en el que salen estas informaciones” en relación a la tramitación de la ley de amnistía para los implicados en los actos del independentismo catalán.
“Yo sería muy cauta con respecto a la manera en la que se estaba pronunciando este juez, que como digo nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles”, ha concluido la ministra.
Tras las declaraciones de la vicepresidenta, que han generado una gran cantidad de comentarios, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha expresado su respeto por el Poder Judicial, pero ha matizado que cree que “hay algunas cosas, sobre todo coincidencias temporales, que llaman un poquito la atención”. Y fuentes del Gobierno han remarcado ese respeto “a la separación de poderes y a la independencia de jueces y magistrados en su labor”.
“El Gobierno siempre respeta las decisiones del Poder Judicial aunque, en ocasiones, no comparta algunas de ellas”, insisten en Moncloa, que consideran que “si en España hay un claro ejemplo de intervencionismo en el Poder Judicial es el secuestro al cual el Partido Popular está sometiendo al CGPJ bloqueando su renovación desde hace más de 5 años”. O “el intento de controlar la Sala Segunda del TS por detrás, como manifestaron en su día dirigentes del PP”. “El Gobierno defenderá a los jueces y magistrados de nuestro país de cualquier injerencia en su trabajo, también de los intentos de hacerlo del PP”, zanjan.
El PP defiende al juez
Minutos antes, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, había salido en defensa de García Castellón. “La vicepresidenta ha acusado de manera directa al Poder Judicial, a un juez como García Castellón, de prevaricar. De no ser imparcial. Era el discurso de los independentistas. Ahora es el Gobierno el que asume el discurso”, ha dicho en declaraciones a los medios en Canarias.
“Denunciamos estas declaraciones”, ha dicho, para exigir al presidente, Pedro Sánchez, y al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que desautoricen a Ribera. “En España, los jueces, los magistrados, son imparciales. No prevarican, sino que ejercen su competencia. Quien asume que los jueces prevarican es el Gobierno”, ha concluido.
Las palabras de la vicepresidenta también han contado con reacciones en el ámbito de la judicatura. En concreto, de las asociaciones que cubren el espacio del centroderecha judicial. En un comunicado, la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha calificado de “inaceptable” lo que considera un “ataque permanente a la independencia judicial por parte de quienes tiene las más altas responsabilidades políticas”. Desde la moderada Francisco de Vitoria han apuntado que “señalar a jueces sólo genera desconfianza en la ciudadanía”, mientras que desde la minoritaria Foro Judicial Independiente han afeado la “querencia” de los políticos a “protestar cuando las decisiones judiciales no les convienen, o por contenido, o por momento, o por ambas cosas”, informa Europa Press.
Además, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el mandato caducado desde hace un lustro, ha emitido un comunicado en el que afirma tener el “más absoluto respeto” a la libertad de expresión de la vicepresidenta tercera del Gobierno, pero añade que esas declaraciones “son contrarias al principio de lealtad institucional” y “al deber general de respeto a la independencia judicial”.
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