Ocho años y medio después de aquella fotografía siendo introducido en un coche de los agentes de Aduanas que fue portada en toda la prensa, Rodrigo Rato y Figaredo se sienta (de nuevo) en el banquillo. La Audiencia de Madrid acoge desde el próximo viernes el juicio sobre el origen de la fortuna del todopoderoso vicepresidente económico de José María Aznar, que ya fue condenado por el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid y resultó absuelto del fiasco de la salida a bolsa de Bankia.
Ahora, la Fiscalía pide para él más de 70 años de cárcel por defraudar más de 8,5 millones de euros y por los supuestos sobornos que cobró cuando era presidente de esa entidad. Una actividad que se habría iniciado en 1999, cuando era ministro y vicepresidente del Gobierno, y siguió desarrollándose cuando fue presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI), de Caja Madrid y también cuando tocó la campana que anunció la ruinosa pero legal salida a bolsa de Bankia. Anticorrupción le acusa de 11 delitos fiscales y sendos delitos de blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.
Durante siete años de instrucción en los que se han acumulado más de 70.000 documentos, los investigadores han indagado en un alambicado entramado societario radicado en parte en paraísos fiscales como la Isla de Man, Kuwait y Curaçao y oculto a Hacienda. Según el juez de Madrid Antonio Serrano Arnal, que inició esas pesquisas en 2015, Rato habría montado una estructura empresarial en el extranjero con el objetivo de “alejar” de su “origen” fondos que ingresaba en España. Con ese “canal”, que operó hasta 2014, habría introducido en España más de 7,8 millones de euros, según acreditó un informe de la UCO que consta en el sumario.
El grueso de la investigación se refiere al supuesto fraude fiscal que Rato habría efectuado en una doble vía. Por un lado, a través de “maniobras de ocultación de su patrimonio exterior así como en las maniobras societarias entre las sociedades bajo su control, a fin de retornar a España parte de su patrimonio de manera oculta para la Hacienda española”. Y, por otro, facturando a través de “sociedades meramente instrumentales” servicios profesionales que prestaba de manera personal, como su contratación como consejero asesor en Telefónica o la realización de conferencias tras su regreso a España tras haber dirigido el FMI, del que fue máximo responsable entre junio de 2004 y noviembre de 2007.
El escrito de acusación del fiscal describe la colaboración “particularmente relevante” que en tales operaciones habrían tenido su excuñado Santiago Alarcó y el asesor fiscal Domingo Plazas. El primero está señalado por supuestamente manejar sus cuentas en el extranjero y gestionar las estructuras societarias que “servían” a sus intereses. Plazas, por su parte, gestionaba la sociedad Kradonara, considerada la pieza principal de los negocios del exministro; y organizaba la “repatriación” de parte de las cantidades blanqueadas a través de cuentas ómnibus tituladas por trust en Gibraltar, según el fiscal.
Esta investigación se inició después de conocerse que Rato se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. La Fiscalía afirma que “lejos de haber regularizado [fondos] ni administrativa ni, menos aún, penalmente” utilizó esa medida “como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacía años por su patrimonio exterior”. De hecho, el Ministerio Público afirma que declaró únicamente ser propietario de la empresa Red Rose Finantial, pero “omitió cualquier referencia a otras sociedades” y declaró un patrimonio en el exterior de sólo 115.334 euros, por el que abonó 11.533 euros a Hacienda.
Además, la Fiscalía subraya que todas las cantidades ocultas a Hacienda habrían sido, además, objeto de “mecánicas de blanqueo” a través de “cuentas opacas” y “trust” financieros no menos opacos. Entre ellos, el llamado “crédito lombardo”, que son líneas de financiación flexibles “con la garantía de su abultada cartera de valores”, según el escrito del Ministerio Público. Otras de las vías de blanqueo habrían sido la supuesta compra, rehabilitación y puesta en marcha de un hotel en Berlín o las “millonarias ampliaciones de capital” de algunas de sus empresas.
La publicidad de Bankia
Este caso también ha hecho aflorar supuestas irregularidades de su etapa en Bankia, a cuya presidencia llegó en 2010 en medio de una lucha de poder entre Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, que prefería para ese puesto a Ignacio González. Rato ocupó ese cargo hasta mayo de 2012. La Fiscalía sostiene que sabiendo que los gastos de publicidad con motivo de la expansión de la marca y su salida a bolsa iban a ser elevados, Rato trató de “sacar provecho económico personal”.
La investigación ha revelado que, a través de la citada Kradonara, Rato se embolsó una comisión de 835.025 euros por mediar para que dos agencias, Publicis y Zenith, se hicieran con contratos publicitarios de Bankia en 2011 y 2012 valorados en unos 50 millones de euros. Para ello, siempre según el relato de la Fiscalía, se “sirvió” de personas de su confianza como su secretaria personal desde 1983, Teresa Arellano; el administrador de varias de sus empresas familiares, Miguel Ángel Montero; y el que fuera su ‘número dos’ en Caja Madrid, José Manuel Fernández Norniella. Todos ellos se sentarán ahora en el banquillo junto otra decena de personas.
En total, la Fiscalía asegura haber identificado incrementos patrimoniales no justificados de Rato entre 2005 y 2015 por un importe total de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda, así como 7,4 millones de euros defraudados a la Agencia Tributaria. A esta última cifra, señala Anticorrupción, habría que añadir la tributación de servicios profesionales a través de sus sociedades, con lo que las cuotas defraudadas ascenderían a 8,5 millones.
La condena por la 'black'
A la espera de cómo acabe este juicio, Rato acumula ya una condena por llevarse dinero público. En su caso, 99.054 euros de Caja Madrid pasando la tarjeta con la que pagó viajes a la nieve, fiestas, alcohol y bolsos de lujo. La sentencia, confirmada por el Tribunal Supremo en octubre de 2018, atribuye a Rato y a su predecesor, Miguel Blesa, que se suicidó en julio de 2017, el mantenimiento de un sistema que permitía a la cúpula de la entidad “disponer a su antojo” del dinero de la Caja para sus gastos personales o cualquier otro que ellos decidieran. La existencia de estas tarjetas “black a efectos fiscales” fue desvelada en una investigación de elDiario.es en 2013. Fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, de los que pasó algo más de dos entre rejas tras lograr la libertad condicional en febrero de 2021.
El segundo de los juicios a los que se ha enfrentado sí tuvo un buen final para el expolítico del PP. En septiembre de 2020, la Audiencia Nacional lo absolvió a él y a los otros 33 gestores acusados por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable en la salida a bolsa de Bankia. El tribunal entendió que su desplome tras una salida fallida al mercado no se le podía atribuir al equipo directivo del banco porque las decisiones que se adoptaron estaban basadas, o incluso urgidas, por los supervisores y las nuevas leyes sobre sector financiero que se iban promulgando en España y en la Unión Europea.
Esa fue la línea de defensa que siguió durante el juicio, pues Rato nunca se ha considerado responsable de las actuaciones que llevaron a la ruina a accionistas y preferentistas. En 2012, el banco necesitó una inyección de 22.000 millones de dinero público y Rato acabó saliendo por la puerta de atrás de la mano de su amigo Mariano Rajoy, que llevaba solo unos meses en la Moncloa y tuvo que hacerse cargo del desmoronamiento de una entidad sistémica en cuyos nombramientos había tenido mucho que ver. Entonces, Rato todavía mantenía abierto ese “canal” con el que supuestamente introducía en España millones de euros de sociedades opacas radicadas en paraísos fiscales que le lleva ahora de nuevo al banquillo.