Sale reprograma declaración de expresidente Toledo en nuevo juicio por lavado de activos

Lima, 7 nov (EFE).- Una sala judicial peruana reprogramó este jueves para el día 19 de noviembre el interrogatorio al expresidente peruano Alejandro Toledo, condenado en octubre a 20 años y 6 meses de cárcel por aportes ilegales de la constructora Odebrecht, en un nuevo juicio por lavado de activos referido al llamado caso 'Ecoteva'.

La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima, presidida por la jueza Josefa Izaga, informó a Toledo sobre la ampliación de su extradición de Estados Unidos para ser procesado por el caso 'Ecoteva' en un segundo juicio por corrupción, tras la primera sentencia recibida en octubre pasado.

Izaga también le asignó al exmandatario (2001-2006) un abogado de oficio, dado que no contaba con defensa durante la audiencia, pero Toledo pidió ser excusado de participar en la diligencia porque había sido notificado este mismo día.

En ese sentido, la jueza reprogramó la declaración de Toledo, de 78 años, para el día 19 de noviembre a las 14:15 horas locales (19:15 GMT).

Toledo, su esposa Eliane Karp y su exasesor de seguridad Avi Dan On afrontan un pedido de cárcel de 16 años y ocho meses por lavado de activos en la modalidad agravada por supuestamente haber transferido parte de los aportes ilegales de Odebrecht a empresas creadas en Costa Rica, como 'Ecoteva', por la suegra del exmandatario, Eva Fernenbug.

El exgobernante del desaparecido partido Perú Posible fue condenado a 20 años y 6 meses por los delitos de colusión agravada y lavado de activos por haber facilitado a Odebrecht la concesión de dos tramos de la carretera Interoceánica sur, a cambio de recibir un soborno de 35 millones de dólares.

Este monto fue depositado en cuentas bancarias de empresas del fallecido amigo de Toledo, Josef Maiman.

De forma paralela, el juez Richard Concepción, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dispuso también este jueves que Toledo y otros denunciados pasen a juicio oral por el delito de colusión por el caso del tramo 4 de la carretera Interoceánica adjudicado a la brasileña Camargo Correa.