En España y en Europa hay un cambio de ciclo, sí. Pero no el que proclama la derecha. La variación es en política económica. De tal forma que los postulados históricamente asociados a la socialdemocracia, que hace una década parecían al borde de la ruina con la llamada crisis de las ideologías, recobran vigencia. Todo empezó con la pandemia, cuando se demostró la importancia del Estado y la necesidad de tener unos servicios públicos sólidos. Con la COVID-19 se produjo un cambio de marco que indudablemente propició un clima favorable a determinadas narrativas como el derecho a la salud y los servicios públicos gratuitos y universales que hoy, con los precios disparados como consecuencia de la guerra y la crisis energética, han hecho que los gobiernos europeos, incluso los más liberales, hayan recurrido al arsenal socialdemócrata en busca de soluciones. Y todo con el beneplácito de la UE.
La austeridad, los recortes y las reglas fiscales han pasado de momento a mejor vida sin que la derecha española haya tenido tiempo de cambiar el relato y percatarse de que transita en dirección contraria a lo que marca ahora la ortodoxia europea. Y es en ese “marco ganador” sobre la importancia de un Estado social fuerte del que la Moncloa no piensa desviarse un milímetro mientras dure la crisis y hasta que acabe la legislatura.
Sánchez, que el jueves anunció en el Congreso un nuevo paquete de medidas por importe de 3.000 millones de euros con los que proteger al 40% de los hogares de la desorbitada subida del gas, acelera así por el carril de la socialdemocracia dispuesto a seguir haciendo pedagogía sobre el Estado del bienestar, en contraste con los recortes neoliberales de la crisis de 2008 que lastraron las economías europeas, ensancharon la brecha de la desigualdad y produjeron un fuerte malestar social.
Competir en calidad y no en precariedad
“Hoy, al contrario que hace una década, la respuesta social que Europa y España dimos a la pandemia y que damos ahora ante la guerra es muy diferente: proteger las rentas de los trabajadores y las clases medias, reforzar el Estado del bienestar, competir en calidad y no en precariedad ni en devaluación de las condiciones laborales”, defienden desde el Gobierno.
La superioridad de una respuesta social a la crisis frente a la neoliberal es, a ojos de la maquinaria monclovita, “tan evidente que hoy adoptan sus recetas incluso los gobiernos conservadores y liberales. En Occidente hay un nuevo consenso social que se caracteriza por priorizar la colaboración frente a la competición, el interés colectivo frente al individual y que apuesta por el desarrollo del Estado del Bienestar para dar seguridad a nuestras sociedades”.
Y España no ha sido, precisamente con Sánchez en la presidencia de Gobierno, un mero espectador de este nuevo consenso social, sino más bien un actor determinante en la respuesta social a la crisis que padece Europa. Lo fue con la aprobación de los fondos europeos, con la excepción ibérica que hoy otros países reclaman como norma para todos los estados miembros y con el tope al precio del gas, que en la zona euro ha registrado máximos superiores a los 300 euros/MWh, cinco veces más altos que hace un año y 15 veces por encima de la media histórica.
Así, con esta narrativa en favor de la importancia de lo público y la defensa de la protección social, acudirá el próximo martes Pedro Sánchez al Senado para su segundo cara a cara con Alberto Núñez Feijóo. La estrategia será prácticamente la misma que viene desplegando en sus intervenciones públicas y parlamentarias desde el pasado julio: la descripción sin paños calientes de la situación económico-social; el reconocimiento de las dificultades para hacerse cargo del estado de ánimo de la gente ante la incertidumbre global y la certeza de que el Gobierno implementará todas las ayudas que sean necesarias para proteger a trabajadores, autónomos, familias y pymes.
Cuando llegue el 31 de diciembre el Ejecutivo habrá movilizado con este objetivo 35.000 millones de euros, el equivalente al 2,9% del PIB. Solo la rebaja del IVA que se aprobó en julio de 2021 y aún sigue en vigor ha tenido un coste de 10.000 millones.
Y es que en La Moncloa creen que la socialdemocracia es “el único marco ganador y de mayorías” frente a esta crisis a la que Sánchez “no intenta regatear un gramo de crudeza”, según palabras de uno de sus ministros. Sus asesores están seguros de que la única narrativa frente a la incertidumbre, además de la protección social, es el contraste entre las medidas aprobadas por el Gobierno y los recortes aplicados en la anterior crisis económica por el gobierno de Rajoy.
Un debate cuyo tono determinará la negociación del CGPJ
Son dos crisis y dos modelos ideológicos muy diferentes para afrontarlas. El presidente profundizará en ellos el martes, durante el segundo cara a cara con el jefe de la oposición en la Cámara Alta, con una intervención cuyo tono estará determinado en buena medida por el resultado de la negociación con el PP para desbloquear la renovación del Poder Judicial.
En todo caso, en el Ejecutivo, más allá del tono en el que se libran, están convencidos de que los debates parlamentarios le sientan bien a Sánchez “y no tanto a Feijóo”, cuya imagen de político moderado, preparado y dialogante creen que “se ha visto seriamente menoscabada” en beneficio de un Sánchez que, subrayan, “no se esconde, da explicaciones, toma decisiones y circula por una autopista ancha con una agenda claramente socialdemócrata”.
Dicho de otro modo, en palabras de un viejo socialista: “Los valores de solidaridad, igualdad y justicia social recuperan prestigio frente al éxito personal, el enriquecimiento rápido y el individualismo”. Algo que, dicho sea de paso, no se percibe en las encuestas en favor del PSOE, que confía aún en dar la vuelta al marcador electoral como cree que ya ha logrado con el marco de la bajada de impuestos aprobada por los gobiernos autonómicos de la derecha.
Los socialistas, cuyas medidas son bien valoradas por una amplísima mayoría social pero no han conseguido frenar el deterioro del Gobierno, creen en todo caso que aquello de la justicia fiscal y de que paguen más los que más tienen resulta “bastante más sensato” que lo de “beneficiar a un 0,2% de andaluces para perjudicar a ocho millones” y, además, va en línea con las directrices emitidas por la OCDE, el FMI y el BCE. Organismos internacionales todos ellos que han aconsejado, en esta coyuntura, gravar las rentas más altas para proveer de servicios y de protección a las clases medias y trabajadoras y a los que, apostilla un miembro del gobierno, “el PP y su acorazada mediática no quieren escuchar”.