El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intensificado su estrategia legal contra el juez Juan Carlos Peinado. Este jueves, la Abogacía General del Estado, en representación del presidente, ha solicitado la ampliación de la querella por prevaricación judicial que ya interpuso a finales de julio contra el magistrado, según ha adelantado el diario El País. El escrito, presentado ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sostiene que Peinado incurre en una “injusticia intrínseca” y realiza “interpretaciones forzadas o artificiosas” de la doctrina vigente.
Peinado instruye la causa contra la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El conflicto se remonta al 30 de julio, cuando el juez Peinado acudió a La Moncloa con la intención de interrogar a Sánchez en su calidad de marido de Gómez. La declaración del presidente apenas duró dos minutos. Esta comparecencia, que según la ley debía haberse realizado por escrito, generó una primera querella contra el juez que la Abogacía General del Estado presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por considerar que su citación había sido “injusta” y realizada “a sabiendas”.
Ahora, la ampliación de la querella surge tras la providencia emitida por el juez Peinado el pasado 22 de agosto, en la que se sugiere que se pueden sacar “conclusiones” del “silencio” de Sánchez, que se acogió a su derecho a no declarar como testigo debido a su vínculo con la investigada, según el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS. La Abogacía del Estado interpreta esta afirmación como una tentativa de dar publicidad indebida al proceso, alejada de la finalidad de la investigación judicial. Según el escrito presentado, el magistrado estaría utilizando de forma indebida un derecho procesal de los testigos, convirtiéndolo en una “fuente infundada de inferencias con efectos procesales”.
La Fiscalía ha cuestionado en varias ocasiones la actuación del juez Peinado, señalando que la investigación carece de “indicios suficientes” y que las resoluciones dictadas responden más a convicciones personales que a un ejercicio objetivo de su función judicial. El magistrado ordenó la entrega de una copia de la grabación de la declaración de Sánchez a las acusaciones personadas en la causa, entre las que figuran Vox y el pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias —quien inició la causa contra Gómez—. Lo hizo con un criterio contrario al de la Fiscalía, que consideraba que la difusión de esta grabación podría derivar en filtraciones inapropiadas y que no debería haberse producido.
La Abogacía del Estado ha manifestado su preocupación por las “continuas filtraciones” en la causa y ha acusado al magistrado de no tomar medidas adecuadas para evitar la divulgación indebida de información, señalando que Peinado actúa con “conciencia” de las filtraciones pero sin ejercer las potestades disciplinarias pertinentes.
Además de la querella de Sánchez, Begoña Gómez también presentó una querella contra el juez Peinado por prevaricación, alegando que este ha adoptado decisiones “arbitrarias y manifiestamente injustas” y ha forzado las normas en una instrucción “perversa”. El abogado de Gómez, el exministro Antonio Camacho, ha solicitado que se investigue al magistrado por presuntos delitos de prevaricación, revelación de actuaciones procesales declaradas secretas y revelación de secretos por funcionario público.
La Audiencia Provincial de Madrid tiene previsto deliberar y votar el próximo 30 de septiembre sobre si permite al juez Peinado continuar con la investigación del caso de Begoña Gómez, tal y como han solicitado tanto la defensa de Gómez como la Fiscalía. Según las resoluciones emitidas hasta ahora, la investigación se centra en los vínculos de la esposa del presidente con la Universidad Complutense de Madrid, su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés, y su conexión con Javier Hidalgo, exconsejero delegado de Globalia, grupo propietario de Air Europa, rescatada por el Gobierno durante la pandemia, una práctica que también llevaron a cabo otros países de la UE.
Sánchez ha defendido públicamente la querella por prevaricación contra Peinado, calificando de “montaje” el intento del juez de interrogarle en La Moncloa, y tildando de “patético y bochornoso” el espectáculo protagonizado por las asociaciones ultraderechistas que intentaban acceder al Palacio. El presidente del Gobierno ha insistido en que la actuación del juez ha vulnerado derechos reconocidos a la institución de la Presidencia del Gobierno desde 1886, y ha reiterado su voluntad de defender la legalidad del cargo.