Sánchez enfría el regreso del rey Juan Carlos y Unidas Podemos califica de “indigna” la actitud del emérito

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo este martes dos oportunidades para pronunciarse acerca de la situación de Juan Carlos I y de las ansias de regresar que el anterior monarca hace llegar a través de terceros. Pero en su última rueda de prensa, previa a su descanso estival, tras reunirse con el actual rey en su tradicional despacho de verano en el Palacio de Marivent de Mallorca, Sánchez optó por esquivar las dos preguntas que le realizaron sobre el emérito.

Juan Carlos de Borbón lleva exactamente un año huido de España tras su marcha, en agosto de 2020, en plena pandemia y pocos meses después de conocerse las causas abiertas en la justicia por el origen supuestamente ilícito de su fortuna, que llevaron a su hijo a retirarle la asignación que le correspondía como miembro de la Casa Real y a renunciar a su herencia, solo un día después de que el Gobierno decretara el estado de alarma y el confinamiento.

Mientras las investigaciones de la Fiscalía y de Hacienda cercan su opaca fortuna, en los últimos meses Juan Carlos I había manifestado a sus allegados su deseo de regresar al país del que fue jefe de Estado durante 40 años tras haber realizado dos regularizaciones fiscales. Este martes, sin embargo, Sánchez enfrió cualquier posiblidad de retorno del anterior monarca y obvió la delicada situación de Juan Carlos I, que actualmente reside en los Emiratos Árabes Unidos.

El jefe del Ejecutivo decidió centrarse en alabar una vez más al rey Felipe VI, a quien el presidente y el ala socialista del Gobierno tratan desde hace más de un año de distanciar de las presuntas actividades irregulares de su padre, con el objetivo de salvaguardar la imagen de la monarquía española. El asunto les enfrenta con su socio de coalición, Unidas Podemos, que critica abiertamente la huida de Juan Carlos I con duras palabras y reclama el inicio de un debate social que culmine con la proclamación de la República en España.

El “compromiso” con “las instituciones constitucionales”

“Durante estos 12 meses han cambiado muchas cosas”, señaló Sánchez en su comparecencia en Mallorca, recordando la evolución de la pandemia y de la economía. “Pero no ha cambiado el compromiso del Gobierno con las instituciones constitucionales, desde la primera a la última”, zanjaba ante la primera pregunta de la prensa sobre si consideraba que el rey emérito debía regresar a España. Sánchez prosiguió destacando que el actual rey “está comprometido con la actualización y la transparencia de la Casa Real”.

A continuación, otro periodista se interesó tanto por la opinión del presidente del Gobierno acerca de la vuelta de Juan Carlos I como por saber si ese asunto había sido uno de los que abordaron Sánchez y Felipe VI en su breve reunión de este martes. “No lo hemos abordado”, zanjó el jefe del Ejecutivo, que, ante la insistencia de la prensa, repetía: “Valoro muy positivamente el ejercicio de transparencia y actualización del rey Felipe VI”.

Tampoco quiso entrar Sánchez a valorar ni responder a las palabras de una de sus ministras, la líder de Podemos, Ione Belarra, que se encarga de la cartera de Derechos Sociales y Agenda 2030 en el Gobierno de coalición. Este mismo martes, Belarra publicó un hilo de tuits en el que calificó de “indigna” la huida del rey emérito y la consideraba como una “grave anomalía democrática”.

“Se cumple un año de la huida de Juan Carlos de Borbón a Abu Dabi. Cuando nuestro país peor lo estaba pasando en la lucha contra la pandemia, el ex jefe del Estado se fue de España en una actitud indigna para no dar la cara por sus actos ante la ciudadanía”, señaló Belarra. “A los hechos que ya conocíamos se han sumado, en este último año, revelaciones sobre nuevas cuentas ocultas en paraísos fiscales, fortunas de dudoso origen, posibles vínculos con el tráfico de armas...”, enumeraba.

En torno al rey emérito se han sucedido, a su juicio, “escándalo tras escándalo de corrupción e impunidad”. Además, la ministra añadía: “Mientras algunos se empeñan en hablar de 'plena normalidad democrática', la huida de Juan Carlos I supone, a todas luces, una grave anomalía democrática en España que produce un enorme descrédito de las instituciones”.

Discrepancias en el Gobierno de coalición

La jefatura del Estado es uno de los asuntos que generan diferencias en el seno de la coalición de PSOE y Unidas Podemos desde la firma del acuerdo, en enero de 2020. Frente a la cautela de Sánchez y los ministros socialistas sobre las presuntas irregularidades de Juan Carlos I, los ministros y dirigentes de la formación confederal no dudan en denunciarlas y en reclamar responsabilidades al anterior monarca, así como una mayor transparencia y rendición de cuentas a la actual Casa Real.

El ala socialista, la mayoritaria dentro del Gobierno, evita en cambio una crítica directa hacia las actuaciones supuestamente ilegales del rey emérito. Este martes, tras el último Consejo de Ministros del curso político, la portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, también rechazó, como Sánchez, valorar las afirmaciones de Belarra, su compañera de Gobierno. “Cada una es responsable de sus declaraciones”, dijo. Al igual que el presidente, Rodríguez destacó el “reconocimiento” del Gobierno a la “transparencia y la ejemplaridad” de Felipe VI. 

Esa “transparencia” de la que presume el Ejecutivo choca con el hecho de que las cuentas oficiales de la Casa Real no reflejen el coste real de la monarquía para las arcas públicas españolas. Como ha ido revelando elDiario.es en las últimas semanas, aunque la asignación oficial de los Presupuestos para la jefatura del Estado es de 8,4 millones de euros, ministerios como Presidencia, Hacienda, Defensa o Interior corren con buena parte de los costes de personal de la Casa Real. Según la información recopilada por este diario, parte de ese gasto supera los 14 millones de euros, aunque sigue siendo una cifra muy por debajo de la real porque algunos ministerios no desvelan la totalidad del dinero que destinan a la monarquía.

En julio del año pasado, cuando se empezaron a conocer las evidencias de que el ex jefe del Estado amasó una fortuna por la que no pagó al fisco español –que le han llevado en los últimos meses a realizar dos regularizaciones fiscales millonarias–, el ala socialista del Gobierno comenzó a elevar la presión sobre el rey emérito con un objetivo: salvar la imagen de Felipe VI. La prioridad de Sánchez y su equipo es desde entonces subrayar la diferencia de ejemplaridad entre padre e hijo destacando las medidas que ya ha adoptado Zarzuela –como la publicación de sus cuentas– y empujar para que la familia real siga en la senda de distanciamiento total con el emérito.

“Estamos siendo testigos el conjunto de población española de informaciones inquietantes que nos perturban a todos, a mí también. Y yo quisiera compartir lo siguiente: lo primero es que hay unos medios de comunicación que no miran para otro lado, al contrario, se hacen eco de esas informaciones. En segundo lugar, hay una justicia que está actuando y, en tercer lugar, y esto es algo que agradezco, la propia Casa Real está marcando distancias frente a esas informaciones inquietantes y perturbadoras y eso es algo que yo agradezco”, dijo Sánchez en julio de 2020, tratando de remarcar esas diferencias entre Juan Carlos I y su hijo Felipe VI. 

El debate sobre la inviolabilidad

Después, Sánchez apostó en una entrevista publicada por elDiario.es e infoLibre por la desaparición de la inviolabilidad como una de las fórmulas para la diferenciación con la etapa anterior, dado que esa figura es la que impide investigar a Juan Carlos de Borbón en la etapa anterior a la abdicación. “La Constitución española tiene que evolucionar conforme a las exigencias de ejemplaridad y conducta política de las sociedades”, expresó el presidente.

La explicación era que si se había planteado que los aforamientos de los cargos públicos se circunscribieran exclusivamente al ejercicio de las funciones, lo mismo ocurriera con el rey, que goza de un privilegio de inviolabilidad que no tiene ningún otro ciudadano.

Un año después de esas declaraciones el Gobierno se resiste a impulsar esa reforma –el PSOE, de hecho, votó junto a PP, Vox y Ciudadanos en contra de una proposición de ley de ERC que instaba al Ejecutivo a materializarla– ante las divisiones que surgen en el Consejo de Ministros entre el ala socialista, que confía en Felipe VI para impulsar una mayor transparencia de la Casa Real, y la de Unidas Podemos, que reclama una Ley de la Corona que regule la rendición de cuentas y la relación de los reyes con la justicia, pero que Sánchez y su equipo más cercano no acaban de ver con buenos ojos.