La fórmula Óscar Puente de sacudirse los complejos empieza a arraigar en la parte socialista del Gobierno. Con más o menos entusiasmo, ministros y cargos del PSOE afrontan 2024 con el objetivo de redoblar esfuerzos para que la ciudadanía entienda la agenda del Ejecutivo y, en especial, los pactos entre diferentes. La democracia parlamentaria, al fin y al cabo, es eso: diálogo y acuerdo, sin que lo primero sea una cesión ni lo segundo, una traición a España, a la democracia y al Estado de derecho, como pretenden instalar las derechas.
La amnistía, sin duda, es el asunto más complejo, el que menos fogosidad despierta en la militancia y el electorado. Y el presidente del Gobierno es consciente de ello, si bien no tiene constancia de que el desgaste de sus siglas alcance las cotas que marcan algunos sondeos. “Si nos creemos los datos publicados, el PSOE ya sería hoy una fuerza extraparlamentaria”, ironizó este martes, en conversación con los periodistas, durante la tradicional copa de Navidad en la Moncloa, tras recordar que con los indultos a los dirigentes del procés logró un millón de votos más en las elecciones del 23J.
La estrategia del nuevo Pedro Sánchez “sin complejos” pasará los próximos meses por la normalización “como actores políticos” de Junts y de EH Bildu. De ahí que ya admita, sin ambages, que se reunirá con Carles Puigdemont y también con Oriol Junqueras, “no una sino más veces”. Lo que no aclara es si el encuentro con el expresident de la Generalitat será en el ámbito de las instituciones europeas y tampoco si la cita tendrá lugar antes o después de la tramitación de la ley de amnistía. Será sin presencia, eso sí, del polémico verificador y serán encuentros públicos con fotografía incluida.
Sánchez busca mantener la coherencia con el discurso desplegado en favor de incorporar a los partidos independentistas catalanes a la vida política nacional, después de tomar la arriesgada decisión de impulsar la ley de amnistía. La semana pasada, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ya afirmó que Puigdemont mantendría una reunión “como debe ser” con Sánchez, sin la presencia del verificador. “Nos hemos emplazado a encontrar la fecha y el lugar para que se vean”, afirmó, en unas declaraciones que no sentaron del todo bien a los socialistas por no haberlas coordinado antes con ellos, tal y como deslizó el propio Sánchez este martes.
A lo que no sucumbirá Sánchez es a la pretensión de Junts y también de ERC de obligar a los jueces a comparecer en las comisiones de investigación parlamentarias constituidas el pasado martes en el Congreso. Si se diera el caso, el PSOE votará contra esta propuesta Fuentes gubernamentales han afirmado que el PSOE votará en contra de la propuesta de que en el marco de la comisión sobre la Operación Catalunya se llame a declarar a ningún juez de los que los ex convergentes consideran más activo en la llamada “guerra sucia contra el independentismo”.
Lo dijo con absoluta claridad el presidente del Gobierno: “No estamos para llevar a los jueces al Congreso”. Y lo certificó el ministro Félix Bolaños, quien defiende que del “marco legal y constitucional que regula las comisiones de investigación se deriva que no pueden ni revisar resoluciones judiciales ni vincular a los tribunales”. El titular de Justicia añade además que “los jueces y magistrados no tienen obligación de asistir” a esas comisiones parlamentarias, según se desprende de la ley del Poder Judicial, pese a lo que sostiene el Reglamento del Congreso, que también tiene rango de ley orgánica, y el Código Penal en su artículo 502.
“El acuerdo con el PNV es de presente y de futuro”
En el mismo contexto de normalización de los actores políticos que persigue Sánchez con Junts enmarca la Moncloa el acuerdo con EH Bildu que desbancará a UPN del Ayuntamiento de Pamplona. El presidente insiste, en todo caso, en que el pacto que ha hecho posible la moción de censura responde única y exclusivamente al ámbito local y la paralización del Consistorio navarro. “En ningún caso es una contraprestación”, subrayó este martes, en alusión a los votos de los abertzales a su investidura hace mes y medio al tiempo que destacó que la asociación del PSOE con el PNV es “de presente y de futuro”. Quiso despejar así dudas de quienes dan por hecho que los socialistas apoyarán un gobierno de EH Bildu en Euskadi, tras las autonómicas vascas.
El presidente volvió, por otra parte, a calificar de insólita la decisión del líder del PP de eludir su emplazamiento para una reunión en Moncloa que aborde la renovación del CGPJ, la financiación autonómica y al reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término “disminuido”. Sin noticias de Alberto Núñez Feijóo sobre sus intenciones de cumplir con el mandato constitucional de renovar el Poder Judicial, Sánchez admitió que tiene sobre la mesa un plan B que, a tenor de lo que ha podido saber elDiario.es, supera la llamada 'fórmula Guilarte', en alusión a la propuesta que defiende el presidente suplente del órgano de gobierno de los jueces y que pasa por una reforma que reste atractivo al Consejo como instrumento político de los partidos.
Se trata de una opción intermedia entre la apuesta del PSOE de mantener el actual sistema de elección parlamentaria y la del PP, que quiere que sean los jueces quienes elijan a los vocales del Consejo. Guilarte aboga por retirar la competencia de los nombramientos de la cúpula judicial al Consejo, que ahora se hace de forma discrecional y a interés de la mayoría que mande en el órgano de gobierno de los jueces para que se apliquen criterios de escalafón, especialización y publicaciones que cuenten a la hora de efectuar los ascensos. El cambio de sistema permitiría objetivar los nombramientos para que no queden al albur de los vocales del Poder Judicial y de los intereses partidistas de los partidos que los nombraron para el cargo. Y aunque en el Gobierno reconocen que es una propuesta merecedora de estudio, hay quien rechaza que se deje en manos de las asociaciones profesionales los ascensos y las promociones.
Por último, el presidente ha modificado sus propios plazos para relevar a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, recientemente elegida máxima responsable del Banco Europeo de Inversiones. Si hace un par de semanas barajaba hacerlo sin prisas durante el primer trimestre de enero, ahora prevé afrontar el nombramiento del próximo titular de Economía a finales de año o la primera semana de enero.