Sánchez no logra la mayoría absoluta en la primera votación y confía en desbloquear el Gobierno en la del martes

Pedro Sánchez ha perdido la primera votación de la investidura. Tal y como estaba previsto, el candidato socialista a la presidencia del Gobierno no ha obtenido la mayoría absoluta del Congreso y tendrá que repetirla, tal y como establece la Constitución, dentro de 48 horas. Será entonces cuando, salvo sorpresa mayúscula, conseguirá la confianza del Parlamento con mayoría simple (más síes que noes).

Este domingo el líder del PSOE obtuvo 166 votos a favor frente a los 165 en contra. Las 18 abstenciones de ERC y Bildu serán las que permitirán la gobernabilidad el próximo martes a la que asistirá una diputada de Unidas Podemos, Aina Vidal, que estaba de baja por enfermedad en esta ocasión.

No ha habido sorpresas para el PSOE y sus aliados en esta votación, en la que tenían perfectamente localizada esa ausencia y los cambios de última hora. Sánchez ha logrado el 'sí' de los 120 diputados de su partido, los 34 del grupo confederal –fuentes de los 'comunes' aseguran que Aina Vidal sí estará presente el próximo martes–, los seis del PNV –uno de ellos telemático solicitado con el plazo establecido– y seis de los grupos minoritarios (Más País –Íñigo Errejón no asistió al debate del sábado por encontrarse con anginas, pero sí ha votado este domingo–, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias y el BNG).

Los noes de PP, Vox, Ciudadanos, JxCat, UPN, y la CUP estaban claros desde el primer momento. Pero se incrementaron en dos prácticamente a última hora. El PRC, que fue el único apoyo que Sánchez logró sumar en julio, viró al 'no' tras conocer el acuerdo que suscribieron los socialistas con los republicanos catalanes. De nada sirvieron los emplazamientos de Sánchez a José María Mazón durante el debate para que le apoyara garantizando la unidad de España y que el diálogo del Gobierno y la Generalitat estará enmarcado en el Constitución.

“Coalición progresista frente a la del apocalipsis”

Lo que sí sorprendió al PSOE –y a su propio partido– fue el 'no' de la diputada de Coalición Canaria, que lo anunció en pleno debate tras asegurar en su discurso que sería coherente y no apoyaría lo que consideró será “la demolición del Estado tal y como lo conocemos”. Mientras que la dirección de la formación nacionalista canaria ha advertido de que iniciará los mecanismos previstos en sus estatutos ante su intención de saltarse una decisión tomada por unanimidad –y que prevén la expulsión del partido– las fuerzas de la derecha han aplaudido la decisión de Oramas y plantean a otros parlamentarios que sigan su ejemplo.

Pedro Sánchez y Adriana Lastra cargaron contra Inés Arrimadas por llamar “al transfuguismo”. La portavoz socialista recriminó a su homóloga que hiciera el “ridículo”: “Los diputados de esta Cámara no son ni arribistas ni tránsfugas”. “Me parece que es el síntoma preocupante de la colonización del discurso del espacio conservador por parte de la ultraderecha”, agregó el líder del PSOE en su última intervención.

El candidato socialista aprovechó para defender la “moderación y el progreso” del futuro Gobierno: “Frente al insulto, la mesura; frente al acoso, la templanza y frente a la amenaza, el diálogo”. “Esta coalición progresista es el mejor antídoto contra esta coalición del apocalipsis”, dijo antes de que Meritxell Batet diera por concluido el debate y comenzara la votación.

Un debate bronco hasta el final

La votación de este domingo llegaba precedida por un bronco debate que se inició el sábado con un duro ‘cara a cara’ entre el candidato Sánchez y las tres derechas. Los líderes de Partido Popular y Vox, Pablo Casado y Santiago Abascal, respectivamente, aprovechaban la primera sesión del debate de investidura en el Congreso de los Diputados para desplegar sus habituales mantras y toda la artillería que ha solido utilizar históricamente la derecha más extrema contra la izquierda para deslegitimar al próximo Gobierno progresista.

En una suerte de batalla por quién pronunciaba el discurso más radical y extremista, los dos líderes que mantienen desde hace meses una pugna por el electorado más conservador anticipan con sus intervenciones en el hemiciclo una legislatura que será bronca y en la que no pretenden dar tregua al Ejecutivo que surja del acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos.

Entre sus amenazas está mantener su estrategia de judicialización de la política, advirtiendo al nuevo Gobierno de que acudirán a los tribunales a recurrir todas aquellas leyes o medidas que no les gusten. Pero también han asegurado estar dispuestos a tomar las calles, en un plan muy similar al que caracterizó a la derecha en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y que tuvo que rectificar en la segunda por no conseguir los réditos esperados, tras revalidar el PSOE su gobierno.

Uno de los momentos más tensos de la sesión de investidura se vivió este domingo durante la intervención de la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua. Las bancadas de la derecha no pararon de proferir gritos como “asesinos” y “terroristas”. Su turno acabó con exclamaciones de “viva el rey” y las protestas de PP y Ciudadanos a la presidencia del Congreso bajo el pretexto de que se había permitido que la diputada de la izquierda abertzale atacara supuestamente a las instituciones del Estado. Meritxell Batet recordó que hace décadas no se podían expresar libremente en el Congreso las ideas y aseguró que no se puede volver a esa época entre aplausos de las bancadas del PSOE y Unidas Podemos en pie.

Tras años de desencuentros, PSOE y Unidas Podemos certificaban, en cambio, durante el debate de investidura su acuerdo para el primer gobierno de coalición desde la restauración de la democracia. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias volvían a abrazarse en el hemiciclo año y medio después de la moción de censura que llevó al socialista al Palacio de la Moncloa. Al igual que en aquella ocasión, no estaban solos, pero era la primera vez desde entonces que la izquierda escenifica la misma unidad, ahora ante una derecha enfurecida –y con Vox como tercera fuerza en el Congreso– que amenaza con una legislatura sin tregua en la calle y en los tribunales.