La política no conoce amigos. Ni socios. Y menos en el fragor de una campaña. Ya dijo Churchill aquello de que los que se sientan enfrente son siempre adversarios, pero que los verdadero enemigos están siempre en el mismo banco. Que se lo digan a Yolanda Díaz, que anoche se despachó a gusto contra Iglesias, contra Sánchez y contra todo lo que la perturba en su camino hacia la candidatura a la Presidencia del Gobierno durante su participación en el programa de Jordi Évole. Cuando se trata de sumar afectos y arañar votos, no hay reglas y no hay espacios compartidos que no puedan ser dinamitados.
El caso es que andaba este domingo el presidente Pedro Sánchez por Valencia para clausurar la descafeinada Convención Municipal del PSOE cuando decidió sacar de la chistera un nuevo anuncio: la movilización de 50.000 viviendas de la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración bancaria) para alquileres asequibles. 21.000 de ellas serán puestas a disposición de municipios y Comunidades autónomas y otras 15.000 se construirán en suelos propiedad de la misma entidad.
La SAREB, para quienes no les suene el acrónimo, es una institución que creó el Gobierno de España en 2012 y cuyo objetivo era sanear el sector financiero español a través de la venta de inmuebles y de préstamos que pertenecían a los bancos rescatados por el Estado durante la crisis de hace una década. Lo que hizo la sociedad fue básicamente comprar esos activos a los bancos quebrados a mitad de precio, de tal modo que las entidades financieras se deshicieron de las viviendas que no podían vender y de los préstamos que no podían cobrar.
El anuncio del presidente busca aprovechar el impulso del acuerdo alcanzado el pasado viernes con sus aliados parlamentarios para aprobar la ley estatal que fijará los precios del alquiler, pero también arrebatar, claro, la bandera de la vivienda a sus socios de gobierno. Y es que el 70% de la desigualdad en España, según dijo, tiene su origen en la imposibilidad de acceder a una vivienda digna, aunque se trate de un derecho constitucional.
Que España sea el cuarto país de los 27 de la UE cuyas familias tienen que destinar más dinero para pagar una casa, el tercero con más viviendas vacías y de los que menos porcentaje del parque inmobiliario destina a promociones públicas son datos que Sánchez fue encadenando hasta anunciar, ante más de 4.000 militantes del PSOE; tanto la movilización 50.000 casas como su compromiso de alcanzar un 20% de vivienda pública.
El museo de las Artes y las Ciencias, donde se celebraba el cónclave socialista se vino arriba en ese instante como no lo había hecho antes durante los dos días que duró la Convención Municipal. La vivienda aparece entre las primeras posiciones en el ranking de preocupaciones de los españoles y con sus palabras el presidente dejaba claro que este será uno de los ejes centrales de la campaña electoral, después de haber logrado un acuerdo con sus aliados parlamentarios para aprobar antes del 28M la primera ley estatal de vivienda de la historia de la democracia.
Si el Gobierno concedió el viernes a sus aliados de ERC y Bildu el deseo de ser ellos quienes anunciaran que, tras meses de bloqueo, se había alcanzado el consenso para su aprobación, Sánchez se reservaba para sí mismo el reclamo de las 50.000 viviendas en un territorio como Valencia, símbolo de la corrupción del PP, el boom del ladrillo y la burbuja inmobiliaria. Con lo que no contaba -o quizá sí- era con que Unidas Podemos iba a salir con tanta celeridad a reivindicar, esta vez, con toda la razón y la hemeroteca de su parte, la paternidad de la medida.
Lo hizo la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en su cuenta de Twitter al afirmar que “llevamos mucho tiempo reclamando una obviedad, que todas las viviendas de la SAREB deben estar a disposición del parque público de vivienda en alquiler de las CCAA” y desear que “ojalá avanzáramos más rápido, pero esta es la forma de revalidar la confianza de la ciudadanía en el Gobierno”.
Sánchez hacía el anuncio en uno de los peores momentos de la relación con los morados, cuya hostilidad es cada día más manifiesta, y en plena ofensiva verbal entre Podemos y Yolanda Díaz, que el viernes ponía como ejemplo de la política útil la ley de vivienda, pero este domingo evitaba pronunciarse sobre la movilización de los activos inmobiliarios de la SAREB para destinarlos al alquiler a precios accesibles para jóvenes y familias.
Que el presidente trata de arrebatar la bandera de la vivienda a Podemos en el despegue de la campaña electoral es tan evidente como que en esta materia el PP tampoco está en condiciones de competir con la izquierda española. Si España hoy tiene solo un 3% de vivienda pública es, según recordó Sánchez, “por la liberalización del suelo que fomentó la derecha” durante sus años de gobierno y “la privatización de promociones públicas” que entregó a fondos buitres. De eso va el neoliberalismo, subrayó: “De socializar las pérdidas y privatizar los beneficios”.
De lo que no habló el presidente, pero sí fue motivo de conversación entre los asistentes a la convención, fue de la reforma de la ley del sólo sí es sí que esta semana aprobará definitivamente el Congreso con la más que previsible oposición de sus socios de Gobierno y el aval del PP, después de que los socialistas estén dispuestos a negociar con la derecha las correcciones técnicas presentadas en forma de enmiendas parciales. Si no lo hiciera, al tratarse de una ley orgánica que necesita mayoría absoluta para ser aprobada, el texto podría ser tumbado, lo que devolvería al foco mediático y social una norma que ya ha supuesto la rebaja de las penas a más de 1.000 abusadores sexuales y la puesta en libertad de 100.
Esta entente coyuntural y de conveniencia entre socialistas y populares será utilizada sin duda por los socios de Sánchez, si bien el Gobierno no está por la labor de que este debate, de especial sensibilidad social, se reabra durante la campaña electoral.