La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha denunciado que, transcurrido un año desde la reforma de la Ley de Dependencia por la vía del “decretazo”, se consolida la “dinámica de destrucción paulatina del sistema” sin que haya mejorado en ningún aspecto de la gestión.
En un comunicado, asegura que de las tres reformas que ha sufrido ya la Ley 39/2006 desde su aprobación, ha sido la de julio de 2012 la que ha impactado de manera “más cruel” en las personas en situación de dependencia.
Los gerentes esgrimen que impide el acceso de éstas al sistema o las expulsa del mismo; fomenta la desatención y parálisis por parte de las administraciones por la vía de “estrangular” la financiación; abandona a los cuidadores familiares (97 % mujeres) y, como “daño colateral gravísimo”, destruye empleo y tejido productivo.
La asociación sostiene que se redujeron las cuantías de las 400.000 prestaciones económicas, se “infrafinancia” a las comunidades, se siguen sin potenciar los servicios -especialmente los de proximidad-, se dilatan los plazos hasta la “desesperación” -dos años y medio-, la burocracia invade el sistema y hay más de 200.000 personas sin atender.
Desde la reforma, agrega, un total de 158.830 cuidadores familiares han dejado de cotizar a la Seguridad Social, por lo que siguen cuidando a los suyos pero sin ninguna cobertura.
A 1 de enero de 2013 el número de dependientes con derecho a atención ascendía a 982.670 mientras que a 31 de julio de este año se reducía hasta las 950.452, es decir 32.218 personas menos que tienen derecho, lo que significa 153 bajas diarias en el sistema.
En cuanto a las personas atendidas, a principios de año 751.551 recibían algún tipo de servicio, número que a 31 de julio ya se reducía a 744.378, es decir 7.173 menos (34 bajas diarias).
No obstante, el número de personas dependientes con derecho reconocido pero desatendidas (“limbo”) era de 231.119 y se redujo hasta las 206.074 en julio (25.045 desatendidos menos).
Para los directores y gerentes de Servicios Sociales, esto ha sido “lamentablemente vendido como un éxito de gestión por parte del Ministerio en un alarde de manipulación de datos sin precedentes”.
Entienden que “describe una verdad a medias” al no relacionar la reducción del “limbo” con la evolución del número de atendidos, de forma que se vería “claramente” cómo no ha sido fruto de un incremento de atenciones.
“El número de atendidos no solo ha permanecido más o menos constante, sino que se reduce sistemáticamente en lo que llevamos de 2013, al tiempo que las personas en espera son menos por causar baja sin haber llegado a ser atendidos, por fallecimientos fundamentalmente”, explica.
En cuanto a la “espectacular” reducción de más de 100.000 afectados a la espera de atención, la asociación concluye que tiene su explicación “en todas aquellas personas a quienes se cercenó el derecho a atención (Grados I) unido, claro está, a los que causan baja por fallecimiento sin haber sido atendidos por el sistema”.