Sexo, delitos y cintas de vídeo: el otro legado de Juan Carlos I cuando cayó la mordaza de los medios

“Traía bolsas llenas de dinero en efectivo”. Estas palabras corresponden a una de las acusaciones que realiza Corinna Larsen, la examante de Juan Carlos I, al rey emérito, en el primer capítulo del podcast 'Corinna and The King' ('Corinna y el rey'), producido por los periodistas británicos Bradley Hope y Tom Wrighten para Project Brazen y PRX, y disponible desde hace solo unas semanas en distintas plataformas de streaming. En él, la aristócrata alemana relata su relación íntima con el monarca y las supuestas irregularidades cometidas por este, como el blanqueo de capitales o su trabajo de comisionista a nivel internacional aprovechando su cargo de jefe del Estado, que la Fiscalía española ha decidido no denunciar.

Meses antes de la salida a la luz del citado podcast, la plataforma audiovisual HBO estrenaba otro documental sobre la monarquía española, 'Salvar al rey', producido por Mandarina y dirigido por el periodista Santiago Acosta. El trabajo recoge los testimonios de más de 50 personalidades y grabaciones en vídeo inéditas de otra examante de Juan Carlos I, la actriz Bárbara Rey. Además, en el documental se entrevista a, entre otros, tres exagentes de los servicios secretos que responsabilizan directamente al emérito del intento de golpe de Estado del 23F de 1981.

El documental se centra en demostrar la existencia durante décadas de una suerte de “pacto de silencio” de políticos, jueces, cuerpos policiales y medios de comunicación para evitar sacar a la luz o investigar al monarca por un supuesto bien mayor: la supervivencia del Estado y de la “unidad” de España. Pero precisamente el hecho de que el contenido de este trabajo, el del podcast de Corinna y los de otros previos –como 'XRey', elaborado por los periodistas Álvaro de Cózar y Eva Lamarca– se hayan difundido en prácticamente todos lo medios, hayan ocupado tertulias televisivas y abierto informativos, evidencia cómo se ha comenzado a resquebrajar esa especie de mordaza que se impuso durante lustros por los llamados poderes fácticos del país a la hora de hablar de Juan Carlos I y de la monarquía.

Aún perviven varias lagunas en materia de transparencia de la Casa Real o sobre los actos del emérito durante los 38 años que reinó el país. Por ejemplo, se sigue sin desclasificar los documentos del intento de golpe de Estado del 23F o los recogidos durante la Transición en la que, durante años, el relato oficial otorgó a Juan Carlos I un protagonismo “ejemplar”.

Los tribunales continúan interpretando, además, la inviolabilidad del rey, recogida en el artículo 56 de la Constitución, como una suerte de bula que exonera a los monarcas españoles de cualquier responsabilidad judicial, sea cual sea su actuación en cualquier ámbito de su vida, y no se ciñe en exclusiva a su actuación como rey. Esa interpretación, que otorga a los jefes de Estado una inmunidad total ante la Justicia, ha permitido que la Fiscalía cerrara el pasado marzo todas las investigaciones a Juan Carlos I abiertas desde 2020 por su supuesto enriquecimiento ilícito, fraude a Hacienda y blanqueo de capitales. Los delitos, apuntó la Fiscalía, habrían prescrito o se cometieron cuando el monarca ejercía como jefe de Estado y, por tanto, gozaba de esa inviolabilidad que ahora disfruta su hijo, el rey Felipe VI.

Este último ha dado algunos pasos en materia de transparencia, como la publicación de las cuentas de la Casa Real, pero sigue ocultando varios gastos –la monarquía cuesta a los españoles mucho más de lo que reflejan sus cuentas– y su patrimonio. Además, como su padre, Felipe VI nunca se somete a ningún escrutinio público en las Cortes Generales o a través de las preguntas de la prensa.

El caso Nóos como punto de inflexión

Pero desde 2010 y de forma progresiva se ha ido abriendo la veda para informar sobre Juan Carlos I y el conjunto de la monarquía, bien sea por las supuestas irregularidades cometidas por el emérito en el ámbito público, o acerca de los detalles de la vida privada del anterior monarca y del actual. Este nuevo escenario ha permitido conocer un legado del emérito más allá del que le atribuía antes el establishment mediático, y que se centraba únicamente en las alabanzas por sus supuestos logros en la recuperación de la democracia, tras 40 años de dictadura de Franco, que fue precisamente quien le nombró su sucesor.

Periodistas y analistas han solido situar el punto de inflexión que permitió transitar de la opacidad más absoluta a una pequeña apertura a la hora de informar sobre la Casa Real en la publicación, en 2012, de las fotos de Juan Carlos I cazando elefantes en Botsuana. Fue la primera vez en la que el monarca, al que desde algunos medios siempre se trató de presentar con una personalidad “campechana”, se vio obligado a pedir disculpas con aquel ya mítico “lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir” que recorrió las televisiones de todo el planeta ese mismo año. La caída tuvo lugar pocos meses antes de que el monarca empezara a sacar el dinero de su fundación panameña en dirección a otra cuenta en Nassau.

Santiago Acosta, director del mencionado documental 'Salvar al rey' (HBO Max), considera, en cambio, que “el antes y el después” en la forma de abordar desde el periodismo las irregularidades de la Casa Real comenzó dos años antes, en 2010, con el estallido del caso Nóos que juzgó el enriquecimiento ilícito de Iñaki Urdangarín –condenado a casi seis años de cárcel que sigue cumpliendo en la actualidad aunque en régimen abierto–, yerno de Juan Carlos I, con dinero público del Govern balear y que sentó en el banquillo de los acusados a su mujer, la hermana del actual rey Cristina de Borbón, condenada a título lucrativo a pagar una multa de 265.000 euros, que posteriormente el Tribunal Supremo redujo a 128.000.

“Antes se habían publicado informaciones relacionadas con la Casa Real pero vinculadas a la vida social. El momento en el que se empieza a informar más libremente es con el caso Nóos, quizá porque no fue una forma directa de hablar de Juan Carlos I”, explica Acosta, en conversación telefónica con elDiario.es. Cuatro años después de que se empezara a informar sobre ese caso de corrupción y a solo dos de la publicación de las fotos del ahora emérito en Botsuana, el monarca abdicó la corona en su hijo, Felipe de Borbón.

Solo una vez que Juan Carlos primero abandonó la jefatura del Estado empezaron a aflorar el resto de casos. Ya en 2020 la Fiscalía del Tribunal Supremo abrió una investigación para valorar si el rey emérito cometió blanqueo y delito fiscal en relación con la adjudicación a empresas españolas de la construcción del AVE a La Meca. Ese mismo año se supo, también, que el anterior jefe del Estado estaba siendo investigado por el origen de su fortuna por un fiscal de Suiza, donde una fundación del monarca mantenía abiertas varias cuentas corrientes. El británico The Telegraph publicó entonces que el actual rey de España, Felipe VI, era uno de los beneficiarios de esa fundación Lucum que habría creado Juan Carlos de Borbón y en la que se recibieron 100 millones de dólares de Arabia Saudí. También en 2020, el juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, ordenó la reapertura de la pieza número 5, denominada Carol, que investigaba en la Audiencia Nacional los indicios de delitos que se desprenden de unas grabaciones incautadas al comisario en las que aparecen hablando éste y Corinna Larsen y que señalaban a Juan Carlos I.

Con todo, el 15 de marzo de 2020, solo un día después de que toda España se recluyera en sus casas por el estallido de la pandemia de la COVID-19, Felipe VI renunció a la herencia de su padre y le dejó sin la asignación que hasta ese momento percibía de los Presupuestos Generales del Estado, que ascendía a 194.232 euros anuales. Y, cinco meses después, en agosto de ese año, Juan Carlos I anunciaba a su hijo su intención de abandonar España “ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados” que ciñó de forma exclusiva a su “vida privada”. Se marchó a los Emiratos Árabes Unidos, donde desde entonces vive en una lujosa mansión cedida por un príncipe de aquel país, de la que solo regresó a España en una ocasión, el pasado mayo, para participar en una exclusiva regata en Sanxenxo. Preguntado por la prensa, Juan Carlos I consideró en aquel viaje que no debía dar ninguna explicación ni a su hijo ni a la ciudadanía por sus supuestas prácticas irregulares. “¿Explicaciones de qué?”, se preguntó, en tono chulesco.

En ese momento habían transcurrido dos años complejos para su reputación. Primero, tal y como reveló elDiario.es en exclusiva en noviembre de 2020, Anticorrupción descubrió que tanto el rey emérito como varios familiares habían usado durante años tarjetas de crédito a espaldas del fisco con dinero, supuestamente, procedente del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Después, las autoridades anti blanqueo detectaron un fondo en Jersey con varios millones de euros que, en ese momento, vincularon al monarca emérito.

La apertura de esas nuevas diligencias discurrió en paralelo a una maniobra de la defensa del rey, ejercida por el abogado y antiguo fiscal Javier Sánchez-Junco, para intentar hacer las paces con Hacienda y esquivar una acusación penal por fraude fiscal. El primer pago llegó en diciembre de 2020, cuando su defensa aseguró que el miércoles 9 de ese mes había pagado 678.393,72 euros para regularizar el dinero que no pagó a Hacienda mientras usó las tarjetas opacas entre 2016 y 2018. Más de un mes después de que este periódico revelara la existencia de las pesquisas y después, según reveló el diario El País, de que la Fiscalía le informase de que estaba siendo investigado.

Estas comunicaciones llegaron a la defensa del rey emérito tras la apertura de las tres línea de investigación, y en el caso de las tarjetas fue acompañada de una regularización poco después ante Hacienda. Un segundo pago llegó en febrero de 2021, cuando la defensa de Juan Carlos I abonó 4,4 millones de euros para hacer frente a una serie de gastos no declarados por los vuelos que durante años pagó la Fundación Zagatka, de su primo Álvaro de Orleans. Un dinero que supuso una nueva línea de investigación y que, según El País, procedía de una serie de empresarios cercanos al monarca que, además, buscaron la forma más beneficiosa de hacerlo ante Hacienda: usaron contratos de préstamo y no donaciones para evitar pagar en torno a un 40% en impuestos.

El triple archivo de la Fiscalía

En marzo de 2022 la Fiscalía archivaba la triple investigación que mantenía abierta en torno a Juan Carlos de Borbón y su fortuna alegando que los presuntos delitos estaban prescritos o que los hechos se cometieron cuando el entonces jefe del Estado gozaba de inviolabilidad. Solo pervive la causa abierta contra él en el Reino Unido a raíz de la denuncia por acoso interpuesta por Corinna Larsen por una visita que le habría hecho en el exjefe del CNI Félix Sanz Roldán en Londres y un registro que agentes del CNI habrían llevado a cabo en su vivienda de Mónaco, en busca, supuestamente, de documentos que pudieran incriminar al emérito en prácticas corruptas.

Hace un mes los argumentos de los abogados del rey emérito también tuvieron éxito ante los tribunales británicos. La Corte de Apelaciones de Inglaterra y Gales decidió reconocer inmunidad a Juan Carlos I por todos los episodios de acoso denunciados por Corinna Larsen antes de su abdicación en 2014. La conducta de acoso desplegada por agentes de inteligencia, supuestamente, por orden del monarca, no fue algo “privado” del ciudadano Juan Carlos de Borbón y es “inmune” a la jurisdicción británica. “Si un acto solo puede ser realizado por un Gobierno, y no por un ciudadano, es necesariamente un acto soberano”, concluyeron los jueces, dejando fuera del debate la mitad de las acusaciones contra él en este proceso civil.

Todas estas causas han sido detalladamente relatadas por los medios de comunicación. Algunos de ellos son los mismos que durante décadas blindaron cualquier tipo de información que pudiera manchar la trayectoria de Juan Carlos de Borbón. “Hace 20 años hablar de los negocios del rey era impensable”, apunta Acosta. “Había un pacto de editores por el que al rey no se le podía tocar porque se pensaba que tocar al rey era atacar la democracia y había que salvarlo. Eso provocó lo que fue una malísima idea: que no hubiera ningún control de la monarquía por la política, la prensa o la justicia. Juan Carlos I se convirtió en un personaje que campaba a sus anchas en sus negocios, la política e incluso los servicios secretos”, añade.

Su documental relata, entre otros asuntos, cómo desde el CNI se llegaron a organizar los encuentros del ahora rey emérito con sus amantes en lugares secretos y cómo pagaron durante años a la actriz Bárbara Rey ante el chantaje al que sometió la vedette a esos agentes amenazando con hacer públicos los audios y las cintas que le grabó a Juan Carlos I durante sus encuentros íntimos, en los que el monarca habla con naturalidad de cuestiones que afectan directamente a la seguridad del Estado, así como de asuntos más privados.

Una “cuestión generacional”

Eva Lamarca, coautora junto a Álvaro de Cózar del podcast 'Xrey', centrado en investigar y profundizar en la vida del rey emérito, en las irregularidades de su reinado y en las razones de su abdicación –del que surgió una segunda temporada más enfocada en Felipe VI–, considera que en la actualidad “no existe falta de transparencia sobre el emérito”. “Sobre el rey se ha publicado todo ya, no paran de salir informaciones. Otra cosa es que la Casa Real quiera manejar la información, que para ellos es lo lógico”, apunta. 

El citado documental sonoro surgió en 2020, cuando Juan Carlos I ya había abdicado y se habían comenzado a publicar informaciones sobre sus supuestas prácticas irregulares. “Nosotros lo que percibimos es que había una cierta sensación de muchos de los que hablaron, especialmente de la gente que había trabajado con el rey, de que había pasado un tiempo desde la abdicación y que se podían contar determinadas cosas. No todo, pero sí determinadas cosas. Ese fue el caso de [el periodista y ex director de Comunicación de la Casa Real] Javier Ayuso o de [el exjefe de la Casa Real] Rafael Spottorno. Se sintieron liberados para hablar y contar cómo había sido el proceso de la abdicación o los problemas a los que se enfrentaron con el caso Urdangarin y la caída de Botsuana. Creo que entendieron que el rey formaba parte de nuestra Historia y que era un buen momento para hacer ese relato”, apunta Lamarca. 

Para ella, la protección al rey durante lustros por parte de los medios, la política o la justicia “ha sido sobre todo una cuestión generacional”. “El rey, para la generación de la Transición, había acabado siendo la parte por el todo. Es decir, criticar al rey era criticar a la transición y protegerlo, por tanto, era proteger esa idea del proceso que se hizo y que había sido beneficioso para el país. Creo que esa generación sí que se ha quitado la venda por las cosas que han ido ocurriendo, se ha quitado la venda y ha hecho autocrítica. Es el caso de Iñaki Gabilondo o José Antonio Zarzalejos, Juan Luis Cebrián u otros. Han hablado y han explicado precisamente esto, que su generación, con esa idea de proteger la Transición, de proteger el pacto al que se había llegado, acabó poniendo al rey en una posición que el propio rey ha destruido, porque ha sido el propio rey el que ha destruido esa imagen de donde se le colocó”. 

Pese a esa apertura sigue habiendo muros infranqueables a la hora de arrojar más transparencia sobre la monarquía. Por ejemplo, la suma de PSOE, PP y Vox ha impedido hasta en 15 ocasiones en la presente legislatura la puesta en marcha de comisiones de investigación en el Congreso –respaldadas por Unidas Podemos y las fuerzas nacionalistas e independentistas– para esclarecer las presuntas irregularidades de Juan Carlos I durante su reinado y las posibles repercusiones en su hijo.

Pero los periodistas consultados consideran que, en la actualidad, “es imposible una operación” como la puesta en marcha durante décadas para evitar que salieran a la luz asuntos que pudieran enturbiar la imagen de la monarquía. “De momento no hay pruebas que apunten a Felipe VI”, remarca Santiago Acosta. “Si las hay, se debería publicar cualquier irregularidad. Pero ahora es imposible una operación así de opacidad como la de décadas anteriores con los nuevos actores que hay en la política. Es imposible y la sociedad no lo toleraría”, zanja.

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