Doce miembros de dos organizaciones de proxenetas han sido condenados en firme a penas de hasta 35 años de prisión por explotar sexualmente a jóvenes nigerianas en varias ciudades de nuestro país. En dos sentencias a las que ha tenido acceso elDiario.es, el Tribunal Supremo confirma, por un lado, las condenas de casi 8 años de un matrimonio que explotó sexualmente a dos mujeres en Almería y, por otro, las condenas de hasta 35 años a un grupo de proxenetas que hizo lo mismo con casi una decena de víctimas en Torrevieja. Dicen los jueces sobre una de las víctimas que los proxenetas “pretendieron deshumanizarla hasta extremos difícilmente descriptibles”.
Todos los casos describen situaciones similares. Jóvenes nigerianas –algunas incluso menores de edad– fueron convencidas para venir a España con la promesa de una vida mejor y dinero para ayudar a sus familias. La mayoría cruzó Níger y Argelia antes de cruzar el Mediterráneo en una patera y llegar a un campo de refugiados en Italia, donde la organización conseguía que llegaran a nuestro país. Otras víctimas cruzaron la frontera de Ceuta empotradas en el maletero o el salpicadero de un coche. Casi todas fueron violadas por el camino.
Una vez en nuestro país fueron obligadas a prostituirse bajo amenazas de hacer daño a su familia y bajo la influencia de un ritual de vudú para reforzar sus amenazas. Eran explotadas sexualmente día y noche para pagar deudas inexistentes de hasta 50.000 euros que, supuestamente, habían adquirido con sus captores por lo que había costado su viaje a España. Las dos jóvenes traídas a Almería en 2016 eran explotadas sexualmente en un cortijo de Níjar. Las explotadas sexualmente en la localidad alicantina de Torrevieja llegaron a España entre 2014 y 2016 aunque este grupo de proxenetas operaba desde 2010.
Un caso fue juzgado por la Audiencia de Almería y el otro por la Audiencia Nacional y ahora ambas sentencias condenatorias han sido confirmadas por el Tribunal Supremo. En el primer caso los jueces han impuesto condenas de 7 años y 9 meses de prisión al matrimonio que explotó sexualmente a dos mujeres y condenas también de 9 meses de cárcel para los dos encargados de dos locales donde eran prostituidas y el camarero de uno de ellos.
En el segundo caso se detectaron hasta siete víctimas y hay siete condenados a penas de entre 6 y 35 años de cárcel. La condena más alta es para la mujer que lideraba la organización aunque la Justicia especifica que, como máximo, pasará 15 años entre rejas. Junto con las condenas de cárcel, los tribunales también obligan a los proxenetas a indemnizar a sus víctimas con cantidades similares al dinero que les hacían creer que tenían que pagarles a cambio de su libertad: en algunos casos hasta 50.000 euros.
“Deshumanizar” a las víctimas
En los últimos años, el Tribunal Supremo ha calificado la trata de seres humanos como la “esclavitud del siglo XXI” y en una de estas sentencias, con el magistrado Javier Hernández como ponente, describe el infierno al que someten los proxenetas estas mujeres jóvenes y vulnerables. “Los hechos de los que fue víctima pretendieron deshumanizarla hasta extremos difícilmente descriptibles, privándole de la más mínima calidad de vida a la que toda persona tiene derecho”, dice el Tribunal Supremo en el caso de las mujeres prostituidas en Torrevieja. El daño moral, según los jueces, “es tan intenso y su proyección sobre el valor de la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad y los derechos a la libertad, autonomía e intimidad tan grave y evidente” que avalan las indemnizaciones impuestas por la Audiencia Nacional.
Las dos sentencias describen en qué consistió esa deshumanización. Una vez en nuestro país eran aisladas por completo de sus familias y obligadas a prostituirse día y noche, los proxenetas se quedaban todo el dinero y obligaban a las mujeres en algunos casos a pagarles un alquiler y gastos. No podían hablar con nadie y tenían que hacer la calle fuese cual fuese la temperatura en ese momento. Describe el Supremo que estaban “sin documentación propia, sin conocer a nadie salvo a la proxeneta, sin apoyo familiar ni económico, estando en un país desconocido cuyo idioma le era extraño y sin otra posibilidad de sobrevivir”.
Las dos sentencias describen cómo una buena parte del sometimiento inicial de las víctimas se conseguía a través de rituales de vudú realizados en Nigeria antes de partir. Rituales con los que convencían a las víctimas de que, si desobedecían, ellas y sus familias sufrirían las consecuencias. Una de las amenazas era que si no se sometían a sus captores se “volverían locas”. Describe la Audiencia Nacional que “en estos rituales participaban pastores de confesiones religiosas, que actuaban en connivencia con los captadores, y que cortaban muestras de pelo púbico y de uñas de las víctimas, y les conminaban a obedecer a los encargados del viaje y estancia en Europa”.
El papel de estos religiosos suele ceñirse a la etapa de la captación que se produce en los países de origen, en este caso en Nigeria, pero la causa abierta en la Audiencia Nacional intentó explorar también el papel de los citados pastores en nuestro país. En un primer momento, la Policía Nacional acusó a un pastor de la Iglesia Misión Pentecostal del Último Reino en Torrevieja de participar en la explotación sexual, pero fue finalmente absuelto tras escuchar los testimonios de las víctimas desvinculándole.
Las sospechas que pesaban sobre el pastor venían de lo que encontró la Policía en el registro de la iglesia en febrero de 2016: los pasaportes de 8 jóvenes nigerianas captadas por el grupo y dinero procedente de su explotación sexual. Algunas víctimas habían apuntado al religioso nigeriano como parte de la organización, pero finalmente relataron cómo conminaba a muchas de ellas a dejar la prostitución e intentaba ayudarlas. La Policía acusó a la red de utilizar “la influencia de un líder espiritual, pastor de una iglesia en esta localidad alicantina” que obligaba a las víctimas “a pagar al pastor para ser perdonadas por ejercer la prostitución”.
Casi 500 víctimas
La última memoria de la Fiscalía General del Estado revela que a lo largo de 2020 los investigadores abrieron 136 procedimientos judiciales con 470 víctimas de explotación sexual detectadas y 437 personas investigadas. Casi la mitad de esas víctimas se encontraban “en situación de grave riesgo”, siendo mujeres más de un 95% de ellas. Añadía la Fiscalía que “por primera vez puede afirmarse que provienen de los cinco continentes” con la cantidad de víctimas colombianas y venezolanas aumentando “espectacularmente” con respecto a años anteriores.
La misma memoria explica que “se está produciendo un incremento constante del tráfico de personas cometidos por grupos organizados”, incluso en plena pandemia. Unos delitos que, según la Fiscalía, son muy difíciles de investigar por el carácter internacional de estas organizaciones: dice la memoria que “su complejidad estriba en que muchos de los intervinientes no residen en nuestro país y se necesita de la cooperación internacional para su total esclarecimiento”.
Según los datos del Ministerio del Interior, a lo largo de 2020 la Policía Nacional liberó a 204 víctimas de trata en nuestro país, además de detener a 220 personas presuntamente implicada en estas redes internacionales de explotación sexual. Los canales de cooperación recibieron igualmente 1.119 llamadas y 1.317 correos electrónicos de ciudadanos avisando a los investigadores sobre posibles situaciones de trata.