“Las tasas judiciales son un obstáculo más para que las mujeres denuncien”

Después de las protestas de oposición y sociedad civil, Gallardón ha anunciado que las víctimas de violencia de género estarán exentas de tasas judiciales. Sin embargo, la ley de justicia gratuita no estará en vigor hasta dentro de meses, ¿qué pasará durante este tiempo con esas mujeres?¿no es esta confusión un impedimento para las mujeres que sufren violencia machista?

Las tasas judiciales son un obstáculo más para que las mujeres denuncien. Cuando se estaba elaborando la Ley de Tasas envié un escrito a todos los grupos parlamentarias para que excluyeran todos los procesos matrimoniales que se siguen en los juzgados de violencia sobre la mujer. Por ahora estamos pendientes de lo que nos dicen los juzgados, hay muchos donde no se están exigiendo. Estamos a la espera de qué ocurrirá con la Ley de asistencia jurídica gratuita. En mi opinión, lo adecuado hubiera sido excluirlas de la ley de tasas. Llevarlo a la justicia gratuita supone burocratizar más y hacer más complicado el acceso a la justicia para las víctimas de malos tratos. Mientras se resuelve si hay que pagar o no tasas el caso se complica.

El anteproyecto de Código Penal introduce algunos cambios que afectan a la violencia de género, el primero es la propia eliminación de este término, ¿qué le parece?

Es negativo que desaparezca del Código Penal, es una expresión consolidada. Esto pone de manifiesto que la expresión 'delitos relacionados con la violencia de género' no era del agrado del redactor de este proyecto. Esperemos que el término se mantenga, es muy importante mantenerlo en los textos legales, porque ya está incorporado en prácticamente todos ellos. Querer quitarlo puede ser porque no se entiende cuál es el concepto de violencia de género y que esta es la línea que están siguiendo las normativas europeas. El género señala que la violencia es fruto de la socialización en determinados patrones y comportamientos y por lo tanto hay que abordar las causas últimas, que son culturales y educativas.

También contempla la posibilidad de establecer multas para algunos delitos que tienen que ver con la violencia de género, ¿no es un paso atrás?

Sería una vuelta atrás inconmesurable. Me preocupa mucho que se vuelvan a introducir multas en delitos relacionados con la violencia de género, cuando la experiencia ha demostrado que son totalmente inadecuadas para este tipo de delitos. Yo he visto como condené a un marido a pagar una multa y vino su mujer a pagarla porque decía que el marido no iba a hacerlo y les iban a embargar la casa, que era de los dos. Es un ejemplo de cómo se puede utilizar la multa por el agresor. No sirve para estos delitos. Quizá esta medida también tenga un afán recaudatorio.

Se incluye además la mediación para algunos delitos, algo que prohíbe la Ley Integral contra la Violencia de Género...

Sí, se introduce la mediación como una condición para suspender la pena de prisión. Es decir, si condenas a un hombre a prisión pero es la primera vez que es condenado y es por un año, la ley autoriza a suspender la pena de prisión pero a cambio tiene que hacer determinadas cosas, una de ellas es la mediación. En nuestra opinión, la mediación debería estar excluida de las posibilidades. La Ley Integral prohíbe la mediación expresamente siguiendo además los documentos internacionales firmados por España. Cuando hay violencia no hay igualdad, no hay libertad para decidir ni posibilidad de mediación. Por eso esperamos que se excluya expresamente la mediación en los casos de violencia de género.

Por otro lado, los últimos datos del Observatorio dicen que las denuncias han aumentado, ¿es eso una buena noticia?

Han aumentado un 3,4% respecto al segundo trimestre de 2012 y es una buena noticia en cuanto a que indica que las mujeres mantienen el acercamiento a los servicios especializados en violencia. Pero esto a su vez hay que relacionarlo con el hecho probado de que hay una bolsa oculta de violencia contra la mujer que no acaba de emerger. Esto es así porque todavía de diez mujeres que mueren, siete no habían denunciado, y la muerte no es algo súbito ni inesperado, sino que lleva detrás una historia de malos tratos sobre la que si se hubiera intervenido se hubiera podido hacer algo para evitarla.

Los datos dicen que las drogas y el alcohol apenas tienen incidencia en los crímenes machistas, sin embargo hay mucha gente que aún sigue relacionando esta violencia con el consumo de sustancias o los problemas mentales, ¿por qué?

Hay algo claro: en primer lugar, que todo lo relacionado con la violencia sobre las mujeres está cubierto por un imaginario social y cultural que es muy difícil romper. Ese imaginario tiende a justificar los malos tratos que sufren las mujeres en el ámbito de la pareja. Y una de las justificaciones que con más asiduidad se oye es que la mató porque estaba loco, porque le dió un ataque de celos, porque estaba borracho, él era muy buena persona pero cuando bebía se le iba la cabeza... Esto son justificaciones que tapan por qué la mató: porque ella quería irse, separarse, porque quería una nueva vida.

En los estudios realizados por el grupo de expertos del Observatoiro que analizan las sentencias dictadas, se concluye que los jurados y tribunales en muy pocos casos advierten que las drogas, el alcohol o la enfermedad mental haya concurrido, por lo que es evidente que la causa última de la muerte no es la droga o el alcohol. Es un mito, que surgió de nuevo en el caso de El Salobral. Son justificaciones muy nocivas porque nos desvían de la solución del problema.

Mucha gente piensa que estos casos no afectan a las generaciones jóvenes o que la gente joven cambiará este tipo de comportamientos, ¿es así?

Tenemos mujeres jóvenes que mueren a manos de sus parejas, también jóvenes. Esto nos lleva a decir que estamos fracasando en el ámbito de la prevención y educación. Hay que intervenir para evitar que nuestros jóvenes realicen su aprendizaje con modelos machistas y quienes tienen que intervenir son los agentes sociales, culturales y educacionales. Desde el ámbito de la justicia podemos mejorar, hay mucho por hacer, pero mientras desde el ámbito preventivo de la educación sigamos viendo cómo se reprodeucen comportamientos que pensamos que eran antiguos...

Será un fracaso más acentuado si definitivamente eliminan educación para la ciudadanía porque ya no habrá una materia donde se explique qué es la violencia de género, cuál es la normativa internacional, cómo el concepto de género está aceptado como un clave en el desarrollo de las sociedades...

También es recurrente el mito de las denuncias falsas, ¿por qué sigue siendo así cuando los datos muestran que apenas hay denuncias falsas?

El mito de las denuncias falsas es una estrategia que se desarrolla para evitar el avance de los derechos de las mujeres. Esa estrategia opera en otros países también. Lo perverso es visualizar a las mujeres como seres mentirosos, volubles, como seres inferiores. Hay que seguir diciendo que el sistema está preparado para detectar cualquier denuncia falsa. Haberlas las hay, pero en una cantidad ínfima. Y el sistema está preparado para detectarlo, lo mismo que está preparado para detectar cuando hay una querella fraudulenta, o lo mismo que el sistema social está preparado para detectar cuando se pide una invalidez fraudulenta. Sin embargo, nadie cuestiona el sistema social, el sistema penal por estos intentos de fraude, pero sí se cuestiona la normativa de violencia por alguna denuncia falsa. Es un arma más para intentar que las mujeres tengan miedo y no denuncien.

Lo que no acaba de despegar son las denuncias de familiares, apenas hay...

La sociedad española ha dado un cambio muy grande y hoy día se sabe que no hay impunidad contra los malos tratos. Aún así todavía parece que subsiste la percepción de que a veces se trata de asuntos entre adultos que deben de resolver ellos, pero estamos hablando de derechos humanos que son vulnerados. Hay que concienciar más a familaires, amigos, vecinos, testigos de que es necesario actuar y que muchas veces así se llega a salvar vidas.

Un informe de Amnistía Internacional denunciaba el gran número de casos que quedaban archivados y la falta de profesionales formados. Decía que muchas mujeres no eran atendidas correctamente y que se encontraban con mucha incompresión. ¿Cree que es así?¿Falta formación especializada en los profesionales que atienden a las mujeres?

Por un lado, es muy importante la formación especializada en violencia de género. Una de las medidas de la que estoy más satisfecha es de haber promovido la formación obligatoria para los jueces que van a destinos de violencia de género porque efectivamente estos casos presentan unas características específicas que luego se revelan en la práctica judicial. Hay que formarse también para tratar a las víctimas, cuyas relaciones de dependencia con el agresor y por el contexto sociocultural, hacen que tengan unas características específicas que explican además las renuncias a seguir con el proceso. No renuncian caprichosamente sino que lo hacen por muchos factores, por ejemplo, las investigaciones revelan que es muy importante el sentimiento de culpa. Si se baja la atención y la formación corremos el riesgo de que vuelvan conceptos del pasado, y se cuestionen otros, como el género.

Algunos sectores consideran que es injusto que se ponga toda la presión en las mujeres a la hora de denunciar, ¿no es una presión excesiva que recae solo en ellas? En cuanto a los recursos sociales, ¿no deberían funcionar independientemente de si la víctima denuncia o no?

Lo que es importante es que una vez que la mujer esté informada de que puede y debe denunciar, que sea asesorada para que presente una denuncia bien formulada, organizada y consistente. Que esté informada sobre la maquinaria que se va a poner en marcha y lo que puede esperar del proceso. La denuncia hoy por hoy es un mecanismo de protección que se ha revelado eficaz, y hay que decirlo.

Desde nuestro punto de vista las ayudas económicas, sociales y asistenciales que prevé la Ley Integral no deberían estar atadas a la denuncia. Sería muy importante que en esos periodos en los que la mujer todavía no está preparada para denunciar se pudieran activar esos recursos para empoderarlas, hacerlas fuertes y que ya presentaran su denuncia. Es una de nuestras propuestas de mejoras técnicas para la Ley Integral. Hay investigaciones que demuestran que en denuncias bien pensadas y preparadas, con una mujer más preparada y fuerte, hay muchas menos renuncias.

En algunos casos, como el de los niños de Córdoba, hay un claro componente de violencia de género, sin embargo apenas se menciona, ¿por qué?¿habría que cambiar algo para introducir también estos casos?

Eso está pendiente y hay que trabajar en ello. La Ley Integral se centró en el ámbito de la pareja y lamentablemente dejó atrás otros casos, que son violencia de género pero que no están previstos en esta ley. Sería deseable una ampliación de la Ley para abarcar todo este tipo de casos.