La oposición pide su dimisión pero no se va. Se considera un “cabeza de turco” por hacer su trabajo. “Arrepentimiento, ninguno”, dijo en el parlamento regional el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que aparece en el sumario de la Operación Enredadera ofreciendo obras e información al cabecilla de la trama de amaño de contratos públicos, José Luis Ulibarri. El responsable de Obras del Gobierno de Juan Vicente Herrera insiste, pese a los informes policiales que le atribuyen graves delitos y los pinchazos incorporados en la Operación Enredadera, en que su actuación fue “limpia” y “honrada”.
Fue lo que dio de sí la comparecencia de Suárez-Quiñones este miércoles en una comisión ordinaria presidida por el diputado y alcalde de Villaquilambre, Manuel García, uno de los detenidos en la Operación Enredadera y que continúa imputado en este caso de amaños de contratos en distintas administraciones públicas.
El consejero, juez de profesión, intentó justificar como pudo lo que la UDEF califica en sus informes como posibles delitos de prevaricación y revelación de secretos. La novedad que ha introducido respecto a las declaraciones realizadas en distintos medios, entre ellos eldiario.es, es que llamó a Ulibarri “como propietario de Arcor SL” –en la conversación interceptada por los agentes nunca se menciona con qué mercantil asumiría las obras de una carretera inacabada– y la define como “una conversación única, breve, de en torno a un minuto y medio” y “con un objetivo y unos fines claros”.
La obra de la carretera que ofreció, la LE-413 y por 2,1 millones de euros, “era la primera del bloque” de las previstas por la Consejería de Fomento y asegura que, después de que la adjudicataria intentase cederla sin éxito, existía un “imperioso interés público para su no paralización”. “Parecía claro que la cuantía de la adjudicación en la que había que subrogar era ajustada, la cesión tenía que ser en las mismas condiciones. Había falta de interés de las empresas consultadas por la
adjudicataria, era un problema relevante“, aseguró. Así, tomó la decisión de ir ”a lo máximo que la ley permitía, y de hacer un último intento“. Para el consejero había que contactar con Arcor SL porque ”parecía con potencial y era una empresa de León para una obra de León“. Su llamada a Ulibarri el magnate de la construcción y los medios de comunicación, encarcelado desde la primera semana de julio, dijo ”no puede extrañar“.
“El consejero actúa cuando se le informa del problema”, explicó hablando de él mismo en tercera persona ante los grupos parlamentarios. “No iba a quedarme de brazos cruzados e inactivo, el consejero no sólo es el órgano de contratación, es el responsable”, añadió, para explicar que actuó con su “forma directa de trabajar, ejecutiva” porque “no admitía demora”. “La resolución de los problemas no admite vacilaciones sino acción y así se hizo y así lo haré”, insistió.
“Yo soy la administración”
Suárez-Quiñones no pudo evitar referirse a la frase de su conversación con Ulibarri que más se ha destacado en los medios de comunicación que informaron del sumario: “Yo soy la Administración”. Una sentencia, según él, “fácil para el chascarrillo. El consejero asegura que semejante afirmación ”aclara que no se trataba de una llamada particular sino oficial“.
“Promueve y busca solucionar un problema público. Es una conversación sencilla de contenido, inequívoca. Gestión de resultado negativo. Se me puede reprochar que no haya agotado las posibilidades legales pero no que lo haya hecho”, declaró. Además, insistió en las potestades de la Ley de Contratos, donde hay distintas figuras en las que se recurre a un solo empresario, como “los contratos de obras menores, contratos de emergencia… todos ellos se pueden dar sin concurrencia”, dijo.
“Cuando me preguntan por qué llamé solo a esa empresa ¿debo entender que si hubiese llamado a otra la actuación sería correcta?, preguntó el consejero, juez de profesión. Para tomar perspectiva, Suárez-Quiñones pidió situarse ”no ex post sino ex ante“ ya que José Luis Ulibarri ”tenía y tiene unas empresas con trabajadores y sus empresas son más importantes que el empresario“. ”Les puedo dar datos que pueden tapar muchas bocas. En los más de 1.000 contratos solo de obras, desde 2015 a Arcor SL no se le ha dado ninguno, en UTE (Unión Temporal de Empresas) solo dos. Y no se le llamó para ningún contrato de emergencia, se llamó a otras empresas“, concluyó.
Aunque no estaba en el orden del día de la comisión, también quiso aclarar la conversación publicada por eldiario.es, en la que Ulibarri contaba a su hija que había comido con el consejero y que este le había pedido que hiciese “foto” de “cuatro obras buenas que iban a sacar”.
“Esta conversación se está utilizando políticamente como ariete, y yo digo que las conversaciones de terceros son responsabilidad de terceros, no obstante no quiero que quede ningún fleco”, se defendió. Aseguró que la información sobre actuaciones de la Consejería es “pública”, y que todos los proyectos de actuación están en los presupuestos generales y en el Boletín de las Cortes. “Podré equivocarme y hacer las cosas distintas a como ustedes creen, pero lo hago de forma limpia y honesta”, insistió a los grupos de la oposición que reclamaban su salida.
El alegato del consejero chocó con los datos aportados por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Sánchez en su réplica. El primero que dio sirvió para aclarar que Arcor SL no es una sociedad de José Luis Ulibarri. La apoderada es la hija del constructor, Soledad Ulibarri. Además, tal y como ha podido comprobar eldiario.es, la propietaria de Arcor SL es otra empresa Soena Construcciones SA, administrada por Soledad Ulibarri y la madre de esta y exmujer de Ulibarri.
Arcor SL tampoco es “una empresa de León”, como dice el consejero, tiene su domicilio social en la calle Ayala 95, en el centro de Madrid.
La misma sede en la que la UDEF colocó cámaras y micrófonos y que registró posteriormente en sus pesquisas de la Operación Enredadera. Hubo más contradicciones: frente al argumento usado por Suárez-Quiñones para defenderse según el cual ninguna empresa quiso hacerse cargo de la cesión de la obra y dijo que quizás era por su ajustado precio de adjudicación, la realidad es que concurrieron 99 y siete de ellas hicieron ofertas inferiores a la de la firma quebrada. A ninguna de ellas se le llamó para continuar con los trabajos. La diputada socialista habló de corrupción, de hastío y sobre todo, de dimisiones. Comparó la respuesta del consejero con la famosa respuesta de la expresidenta de Madrid Cristina Cifuentes al caso de su máster falso, aquel famoso “no me voy, me quedo” grabado en un Periscope.
El Grupo Parlamentario Podemos recordó que la Ley de Contratos no habilita a la Junta, ni mucho menos al consejero para llamar a un empresario y gestionar la cesión de una obra. La cesión debe hacerse por parte de la empresa adjudicataria y la tiene que autorizar la Junta y en concreto el responsable de la Dirección General de Carreteras. Su parlamentario Ricardo López recordó el código ético de la Ley de Altos Cargos. “No puede llamar a un empresario imputado por prevaricación, tráfico de influencias y fraude a la hacienda pública”, recordó a la vez que pedía su salida del Ejecutivo.
Ciudadanos fue más tibio. Su portavoz Manuel Mitadiel, dijo que no quería
pedir su cese, pero que él no seguiría en el puesto en esas circunstancias. En el mismo sentido se pronunció el portavoz de UPL, Luis Mariano Santos: “Usted se enreda, se enreda y se enreda…yo si fuera usted me iría”.
Ni por esas Suárez-Quiñones se arredró. Al PSOE llegó a reprocharle su presencia en actos de uno de los diarios de Ulibarri cuando este había entrado en prisión. “Oiga, que tengo las fotos, que son de hace tres días”, insistió. “No me voy a ir, estoy más fuerte que nunca”, remarcó después de tres horas de asedio.