El Consejo de Transparencia tiene 18 trabajadores para auditar 100.000 entidades y empresas
El Consejo de Buen Gobierno y Transparencia, el organismo independiente que vela por el acceso abierto a la información pública y la rendición de cuentas de las instituciones, exige más presupuesto y medios para poder llevar a cabo sus funciones y cumplir la ley que aprobó el Congreso en 2013.
En la actualidad cuenta con 18 personas, incluida su presidenta [Esther Arizmendi, fallecida el pasado noviembre], pese a que según esa norma -en vigor desde diciembre de 2015- tienen entre sus cometidos evaluar la transparencia de más de 17.800 entidades de derecho público y otras 80.000 de derecho privado que tienen relación con las administraciones públicas. El órgano responsable de medir el acceso a la información que dan las instituciones hace un llamamiento en su último informe correspondiente al año 2016, que se publicó el pasado 20 de febrero en el Boletín Oficial del Estado, para poder dotarse de más medios. Aunque se concibe como una entidad independiente, el Consejo está adscrito orgánicamente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
Se da la circunstancia de que el Consejo de Transparencia hace esa petición para que se le dote de más fondos a un Gobierno con el que mantiene graves divergencias que han llegado a los tribunales. Este organismo llevó sin éxito al contencioso administrativo en la Audiencia Nacional su petición para que el Ministerio de Hacienda difundiese la lista de la amnistía fiscal y también mantiene un pleito para que el Estado revele los sobrecostes de la obra pública. Ocho ministerios acudieron también a la Justicia para no hacer público el dinero que reparten a los medios de comunicación en las partidas de publicidad.
Su dictamen del año 2016 llama la atención sobre su falta de medios y admite que ha tenido que renunciar a evaluar el cumplimiento de la ley en los entes privados porque no disponer de medios para llevarlo a cabo. Según la norma, deberían estar sujetos a fiscalización los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales y todas las entidades privadas que perciban ayudas superiores a 100.000 euros o aquellas en las que las ayudas públicas supongan el 40% de sus ingresos (con una cantidad mínima de 5.000 euros).
Entre los factores que el Consejo de Transparencia alega para excluirlos de su fiscalización, el organismo cita en primer lugar “el elevado número de sujetos comprendidos en la categoría (más de 80.000 sin contar las empresas subvencionadas)”, además de “la falta de un censo oficial que permita identificar con garantías a los sujetos involucrados” y la ausencia de un reglamento que desarrolle la ley y permita aplicarla a los sujetos privados.
En el apartado de los entes públicos son 17.800 los que están sometidos a examen según la ley. “Fácilmente se comprende que el análisis pormenorizado de un universo de esta magnitud es difícilmente abordable para cualquier organización, máxime cuando esta cuenta con medios muy limitados, tanto desde el punto de vista humano como material”, señala el dictamen en el preámbulo en el que explica la metodología, que parte de muestreos realizados sobre las obligaciones y sobre las propias administraciones.
Dicho sistema, que se sirve de las respuestas que las instituciones dieron a los cuestionarios de autoevaluación, concluyó que en 2016 todas las administraciones aprobaban: desde el Tribunal Constitucional, con un 9,83, hasta el Consejo Económico y Social que saca un 5,42. El Consejo General del Poder Judicial saca un 9,7, el Banco de España un 9,43 y la Casa Real un 9,42. El Congreso de los Diputados obtiene un 8,33; el Senado, un 8,62; y la Fiscalía del Estado, un 5,66.
Se trata en todo caso de notas que salen de las evaluaciones que se hacen a sí mismas las diferentes instituciones y que el Consejo, con su actual estructura no puede rebatir. El organismo reclamó sin éxito el pasado noviembre en el Congreso a través de uno de sus vicepresidentes que se le otorguen funciones de inspección en una futura ley Anticorrupción. A lo largo del informe sobre el año 2016 que ahora se hace público, este organismo apela varias veces a su falta de efectivos, como un problema que es urgente resolver.
En el apartado de recursos humanos, escribe: “Desafortunadamente, el aumento de tareas desarrolladas por el Consejo no se ha visto acompañado del correspondiente incremento de medios humanos y materiales, de forma que la plantilla del organismo no ha alcanzado el tamaño óptimo de acuerdo con las funciones asignadas. A 31 de diciembre de 2016, la relación de puestos de trabajo comprendía 20 puestos de trabajo, de los que tres se encontraban vacantes por traslados. A efectos prácticos, el organismo contaba con 17 efectivos -18, sumando a su presidenta - lo que representa un 85% de cobertura en una coyuntura de aumento de funciones”. El Consejo contó con un presupuesto aquel año de 2,9 millones de euros.
El dictamen subraya que la aplicación de las nuevas políticas de transparencia se implementaron en España con los medios existentes “sin que prácticamente en ningún caso se haya producido una dotación extraordinaria de recursos económicos o humanos ni ningún programa específico de inversiones”. El Consejo alude a “las políticas de rigor fiscal para paliar las consecuencias de la crisis”, pero concluye que “tres años después de la aprobación de la ley y en una coyuntura económica más favorable, sería imprescindible abordar la cuestión de los recursos asignados a la política de transparencia y acceso a la información si se quiere facilitar su despliegue e impulsar definitivamente el cambio cultural que supone para nuestro sistema político”.
Un organismo sin coste adicional
Sin embargo, desde su creación el Gobierno se ha negado a que el Consejo de Transparencia supusiese un coste adicional en los presupuestos. En el Real Decreto que lo regula de diciembre de 2014 ya se establece que la creación de este ente “no podrá suponer incremento de dotaciones, retribuciones, u otros gastos de personal ni, por otros conceptos, incremento neto de estructura o de personal al servicio del sector público estatal”. Aquel decreto estipulaba que “el Consejo se dotará exclusivamente mediante la redistribución de efectivos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sus organismos y entidades públicas, y su funcionamiento se atenderá con los medios materiales y personales de que dispone actualmente la Administración”.
El informe de este organismo duda de que con su actual estructura pueda hacer frente a todos los retos impuestos por la ley. Y revela, por ejemplo, que tres años más tarde de la entrada en vigor de la ley apenas la conoce la mitad de la población. Un 49% de la sociedad española ignora los derechos que reconoce la norma para acceder a la información pública ni las obligaciones de Gobiernos e instituciones. Lo señala en su propio informe el Consejo de Transparencia que subraya que incluso entre la población más formada, aquellas personas con título universitario, el grado de conocimiento de la ley no pasa del 70%. “Con independencia del esfuerzo de difusión y divulgación que, pese a la limitación de sus recursos, ha realizado el Consejo durante 2016, es imprescindible la puesta en marcha a medio plazo planes y programas específicos de formación, comunicación, sensibilización y divulgación de la cultura de la transparencia y sus principios y valores concretos”, reivindica el Consejo de Transparencia.
