El Tribunal de Cuentas ha decidido no admitir la acción pública ejercitada por los líderes de Ciudadanos contra el rescate de la aerolínea Plus Ultra a cargo del Gobierno porque los hechos presentados “no presentan indicios de haber dado lugar al incumplimiento de las leyes reguladoras del régimen prespuestario y de contabilidad apilcable al sector público”.
La denuncia iba firmada por Inés Arrimadadas, Luis Garicano y Edmundo Bal. Pese al archivo, el consejero de Cuentas. En el auto de archivo, al que ha tenido acceso elDiario.es, el consejero de Cuentas concluye que los 19 millones de euros inyectados a la compañía son “un préstamo ordinario y como tal no ha originado un perjuicio económico a los fondos públicos”. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se habían pronunciado a favor del archivo de las actuaciones.
Los “ejercitantes de la acción pública” alegaban que la concesión de la ayuda, por un monto total de 53 millones, vulneraba la normativa reguladora del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) por no reunir Plus Ultras las condiciones necesarias para recibir la citada inyección de fondos públicos. El auto de archivo recoge que un posicionamiento al respecto por parte del Tribunal de Cuentas constituiría un “exceso de jurisdicción”. El consejero que firma el auto asegura que su función supone evaluar si se ha producido “menoscabo de fondos públicos” y, en ese caso, trasladar las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento, lo que no hace porque considera que tal supuesto no se da en este caso.
Igualmente, el consejero concluye que no hay “negligencia grave”, como denunciaba Ciudadanos, en las personas y órganos colegiados responsables de la concesión de la ayuda. “Se ha respetado el procedimiento administrativo previsto en las normas de funcionamiento del FASEE, de modo que la ayuda ha sido propuesta por la SEPI, resuelta por el Consejo Gestor del Fondo y autorizada por el Consejo de Ministros previa emisión de los correspondientes informes por los asesores jurídicos y financieros”, señala. “En consecuencia –añade– la conducta de los responsables de estas actuaciones no reviste, siquiera indiciariamente, los caracteres de una negligencia grave”.
El auto del Tribunal de Cuentas se conoce a la semana siguiente de que una jueza de Madrid paralizara el rescate a la aerolínea, esto es, los 34 millones que restan por aportar del rescate el próximo 28 de julio. La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, instruye una querella de Vox contra el Gobierno y la SEPI en la que también está personado el Partido Popular.
La jueza Collazos entiende que continuar con esta inyección de dinero en el plazo previsto arriesgándose a “una entrega no justificada” supondría “un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración a una situación anterior”.