El Tribunal Superior de Baleares revoca la decisión de su presidente y reactiva la causa contra el juez y el fiscal del caso Cursach

La causa que investiga las presuntas irregularidades cometidas durante la instrucción del caso Cursach ha dado un nuevo nuevo giro. Y lo hace con un duro mazazo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) a la decisión que su propio presidente, Carlos Gómez, adoptó el pasado 1 de diciembre: la de poner fin a la instrucción del procedimiento judicial y tumbar las graves acusaciones que pesaban sobre el juez y el fiscal que investigaron durante tres años el presunto entramado mafioso urdido por el rey de la noche mallorquina Bartolomé Cursach. Ahora ese tribunal ha concluido que sí deben ser investigados por esos hechos.

La exculpación del juez Manuel Penalva y del exfiscal Miguel Ángel Subirán de delitos de prevaricación, detención ilegal y deslealtad profesional queda ahora en agua de borrajas después de que la Sala de lo Civil y Penal haya ordenado reactivar las pesquisas y citar de nuevo a declarar, en calidad de investigados, a los dos juristas. Y no sólo a ellos. También a los cuatro policías de Blanqueo con los que trabajaban al frente del caso Cursach así como a los testigos –ahora imputados– a los que presuntamente aleccionaron para que declarasen de acuerdo a sus tesis con el objetivo de allanar futuras condenas.

Los magistrados, entre quienes se encuentra Antonio Terrasa, antecesor de Gómez en la presidencia del TSJIB, han dictado este lunes dos autos que retrotraen la causa a los momentos previos a su cierre. Una de las resoluciones, la que automáticamente deja sin efecto el fin de la instrucción. Estima los recursos interpuestos a mediados de 2020 por varias acusaciones, entre ellas la Fiscalía Anticorrupción, que impugnó con dureza la decisión de Gómez de no investigar el papel ejercido por uno de los testigos protegidos –el número 26– del caso Cursach: un trilero que se movía por la zona de las discotecas de Cursach. Según dijo Anticorrupción, cambio de supuestos beneficios procesales, habría sido utilizado por Penalva y Subirán para apuntalar sus tesis sobre una trama dirigida a garantizar la protección de Cursach, que pagaba con servicios de prostitución, alcohol y drogas.  

La Sala toma ahora en consideración el contenido de un informe que la Policía Nacional elaboró sobre el trilero y que Gómez apartó de la causa para que fuese un Juzgado de Instrucción el que investigase al testigo. “Lo que se tratará de esclarecer ahora es si la actuación del testigo 26 simplemente buscaba engañar con mentiras a los investigadores para beneficiarse de algún modo [...] o si, en sentido distinto, pudo haber sido inducido o guiado para declarar sobre extremos desconocidos para él”, precisa el TSJIB en su auto, de 32 páginas.

La actuación del trilero fue clave a la hora de corroborar las declaraciones que, hasta entonces, había efectuado el principal testigo del caso Cursach, Daniel Corral –extestigo 29– acerca de las supuestas fiestas con policías celebradas en Tito's, buque insignia del empresario mallorquín, y de cómo la droga presuntamente empleada en ellas era transportada desde un velero amarrado frente al establecimiento nocturno para después ser introducida en maletines dentro de la discoteca. Las acusaciones de Corral llevaron al arresto del director de Tito’s, Jaime Lladó, del exjefe de camareros de la discoteca, Arturo Segade, y de otro extrabajador del local.

En esta línea, los magistrados recuerdan cómo, durante la penúltima declaración que el trilero prestó ante Penalva y Subirán, el testigo manifestó que diversos policías locales de Palma accedían a zonas reservadas de la discoteca Tito's, donde consumían sexo y sustancias estupefacientes y prostitución a cambio de prestar favores al magnate mallorquín. Sin embargo, los jueces llaman la atención sobre el hecho de que no hubiera mencionado estos hechos en sus comparecencias anteriores, lo que, según la Sala, “facilita la sospecha de que no conocía estos datos sino que le fueron sugeridos, o transmitidos, para posibilitar su declaración, reforzando así el bagaje incriminatorio”.

La resolución recoge, asimismo, algunos de los mensajes que juez, exfiscal y policías de Blanqueo se intercambiaron, durante los días en que se produjeron las declaraciones, en el chat que mantenían abierto en paralelo a la instrucción del caso Cursach: “Chicos que repasen las declaraciones y vean las fotos [de los policías locales a los que investigaban]”; “El trilero que diga que a la mayoría los conoce del trile del Arenal”; “La mayoría los conoce sin necesidad de ver las fotos pero otras se las enseñamos nosotros”.

La historia del testigo protegido 26 –condición procesal que se le deberá retirar cuando declare como investigado en el TSJIB– se suma a la de los demás testimonios que desfilaron durante varios años ante Penalva y Subirán para acabar, posteriormente, encausados por su supuesta connivencia con juez y exfiscal. El testigo entró en escena tras ser denunciado en 2016 por su participación en una macrooperación contra el trile, una investigación que acabó en manos del Juzgado de Instrucción número 12, cuyo titular era Penalva. El órgano judicial prohibió a los denunciados residir en Mallorca y aproximarse a la isla.

“Se desconoce si fue directamente al Juzgado de Instrucción 12, pero lo cierto es que el juez Penalva debió de hablar con él, consiguiendo datos que reforzaban sus acusaciones en la causa Sancus [como se denominó la operación policial que dio inicio al caso Cursach]. El detenido quedó en libertad”, relatan en su atestado los funcionarios policiales.

Asegurando que lo hacía “de forma voluntaria”, el testigo compareció dos días después en el marco del caso Cursach y, ya al término de su interrogatorio, aseguró que había trabajado para el empresario del ocio nocturno, al que acusaba de “infectar de drogas a trabajadores para que rindieran más en el trabajo”, unos hechos que el atestado de la Policía Nacional califica de “un tanto genéricos y vagos”. Ese mismo día, subraya el informe, el testigo obtuvo como “moneda de cambio”– dice el auto– la retirada de la orden de residir fuera de Mallorca y, desde ese instante, varias fueron las ocasiones en que compareció en dependencias judiciales.

Los inspectores de la Policía Nacional detallan cómo, en sus idas y venidas, el trilero fue “denunciando a los policías que el grupo organizado [en alusión a Penalva, Subirán y los policías que trabajaban mano a mano con ellos] le habría indicado de forma repetida que reconociese y cómo, en el momento necesario, será llamado nuevamente para que apoye, con un giro de 180 grados respecto a sus declaraciones previas, la versión de otro testigo protegido, el 29, y de los propios miembros del grupo organizado”.

Los jueces piden investigar el testimonio

El TSJIB recuerda en su auto que el propio testigo llegó a asegurar que las referencias que aportó en sus interrogatorios las obtuvo “por el contacto que mantuvo con empleados del Grupo Cursach”. “Estas reiteradas menciones a su fuente de conocimiento, en lógica, no contribuyen a la sospecha de que fuese captado e instruido (...) porque cuesta pensar que se convenza a un testigo para que declare lo que no conoce, y que se le instruya convenientemente pero no para que proporcione un testimonio directo sino meramente referencial. Es decir, no para que cuente lo que sepa por sí mismo, sino para que repita lo que le contaron otros”, subrayan los magistrados. La Sala considera necesario, no obstante, investigar cómo sucedió todo. 

La resolución de la máxima instancia judicial de Baleares supone así un duro revés a la decisión adoptada por el magistrado Gómez de dar carpetazo a los delitos más severos que pesaban sobre Penalva y Subirán al considerar que ni coaccionaron a testigos protegidos, ni efectuaron detenciones ilegales, ni prolongaron de forma deliberada el ingreso en prisión de varios investigados. En medio de la vorágine de nuevos informes policiales que continuaban llegando a sus manos, el instructor dejó a las puertas del banquillo a juez, exfiscal y policías nacionales únicamente por revelación de secretos –por presuntamente filtrar a la prensa información secreta del caso Cursach– y omisión del deber de perseguir delitos.

Por su parte, tanto Penalva como Subirán alegan ser víctimas de un complot dirigido a echar por tierra las pesquisas que llevaron a cabo. De hecho, en un escrito presentado esta semana, niegan la existencia de indicios “verdaderamente sólidos” contra ellos y arremeten contra la actuación de los fiscales de Madrid, a quienes acusan de sostener “tesis delirantes” contra ellos y fundamentar sus acusaciones en testimonios “inveraces e interesados” con el objetivo de “intentar acabar con las causas derivadas de la trama Cursach”.

Mientras se dirime qué hechos deben ser finalmente juzgados con el objetivo de dilucidar qué sucedió tras las cortinas del caso Cursach, el magnate, bajo una petición de condena de ocho años y medio de prisión por presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, prevaricación administrativa, coacciones y cohecho activo, y, junto a él, otros 23 encausados, permanecen a las puertas del banquillo acusados de una larga lista de delitos. Anticorrupción, a través de un escrito de acusación firmado por Subirán y su excompañero Juan Carrau, reclama para todos ellos condenas que suman más de 100 años de prisión.