Robles confirma que España enviará los primeros seis tanques Leopard después de Semana Santa

Cerramos una jornada que ha estado marcada, entre otros asuntos, por el acuerdo entre Gobierno e Iglesia para que esta pague dos impuestos de los que estaba exenta. Te dejamos por aquí otras noticias del día:

-Sánchez reivindica la paz social y los pactos con Bruselas ante el 'no' de las derechas a la reforma de las pensiones: el presidente del Gobierno ha considerado que tanto la reforma de las pensiones como la laboral recuerdan la agenda social del Gobierno. En una conversación con los periodistas en el avión que le lleva a China, el líder del Ejecutivo ha afirmado que “son reformas que justifican una legislatura”.

-Sindicatos de la Inspección de Trabajo denuncian al Gobierno ante la Comisión Europea y avisan de una huelga indefinida: la mayoría de sindicatos en Trabajo han presentado una denuncia contra el Gobierno español ante la Comisión Europea por incumplir un acuerdo con mejoras laborales para la plantilla, que ya ha ocasionado tres días de huelga y cuyo conflicto sigue abierto.

-Nueva condena de cuatro años de cárcel al pequeño Nicolás por obtener información policial de matrículas: la Audiencia de Madrid ha impuesto a Francisco Nicolás Gómez Iglesias su cuarta condena de prisión. En esta ocasión piden cuatro años y tres meses de cárcel por maniobrar con varios policías municipales del Ayuntamiento de Madrid y un guardia civil de la Casa Real para conseguir información de matrículas de coches “para obtener ingresos paralelos”. 

-Salud cierra salas de endoscopia en un hospital para abrirlas en el nuevo centro inaugurado hace unos días en Sevilla: El Virgen del Rocío clausura tres de estos quirófanos al pasar los profesionales que los atendían al nuevo complejo Doctor Muñoz Cariñanos, lo que el Sindicato Médico denuncia como “un engaño a la población”.

Así cerramos, mañana más. ¡Buenas noches!

El PP ha registrado este miércoles su lista de comparecientes para la comisión de investigación parlamentaria de la Operación Kitchen. Entre sus peticiones, destacan las de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de la familia Pujol, del cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero y de la recientemente dimitida directora de la Guardia Civil, María Gámez.

El de Gámez es el único nombre nuevo entre los propuestos por el PP en comparación con las anteriores ediciones de esta misma comisión.

Esta es la lista completa de comparecientes pedidos por el PP:

1. José Manuel Villarejo Pérez

2. Margarita Robles Fernández

3. Juan Alberto Belloch Julbe

4. María Gámez Gámez

5. Paz Esteban López

6. Javier Iglesias Redondo

7. Diego Pérez de los Cobos

8. Jordi Pujol i Soley

9. Oleguer Pujol Ferrusola

10. Jordi Pujol Ferrusola

11. Laura Borrás i Castanyer

12. Juan Carlos Monedero Fernández-Gala

13. Josep Lluis Trapero Alvarez

14. Fernando Grande-Marlaska Gómez

15. Basilio Sánchez Portillo

16. José Zaragoza Alonso

17. David Madí i Cendrós

Informa Aitor Riveiro

El PSOE ha registrado su lista con los comparecientes a los que desea llamar en la comisión de investigación que se constituye este jueves en el Congreso sobre el uso con fines políticos del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Entre las solicitudes registradas figuran los exministros del PP Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal, pero no el expresidente Rajoy.

La lista del PSOE incluye a figuras vinculadas a la trama Kitchen como quien fuera número dos de Fernández Díaz en Interior, Francisco Martínez, o el exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino, así como otros agentes implicados en las operaciones parapoliciales de Interior como Enrique García Castaño, José Luis Olivera, o José Ángel Fuentes Gago, así como al propio comisario José Manuel Villarejo y al director en esa época de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó.

Los socialistas han llamado además a una serie de personas vinculadas con la Operación Catalunya, como Higin Cierco, de la Banca Privada Andorrana, o a los ex agregados de Interior en ese país Bonifacio Díaz Sevillano o Celestino Barroso Cos.

Informa Alberto Ortiz

Los mensajes del ex número dos de Interior retratan cuatro años de guerra sucia del PP en el Gobierno

Unidas Podemos ha registrado una solicitud de comparecencia de varias personas en la comisión de investigación sobre el uso del Ministerio del Interior para fines políticos durante el Gobierno de Mariano Rajoy, que se constituye mañana en el Congreso de Diputados. Entre las personas que el grupo confederal quiere que acudan figuran el ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el periodista y directivo de La Sexta Antonio García Ferreras o Rajoy.

UP pide la comparecencia de Iglesias al entender que se trata de “una clara víctima de las 'cloacas'” y considera “indispensable” que asista Ferreras tras los audios publicados de una conversa con el comisario José Manuel Villarejo “en los que reconoce haber difundido una información falsa sobre Iglesias, con una clara intención de manipular el sistema democrático”.

En la lista propuesta por el grupo están además otros periodistas como el exdirector David Jiménez, Esteban Urreiztieta o Ana Terradillos. También Villarejo, el ex director adjunto de la policía Eugenio Pino Sánchez o los exministros del PP Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal.

Informa Alberto Ortiz

Fernández Díaz: “Las cloacas del Estado son lo que hacen los servicios de inteligencia de todos los Estados”

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha notificado este miércoles la desestimación del recurso de aclaración presentado por el expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa-Faro contra la sentencia dictada por la misma sala el pasado 10 de febrero. El directivo entrará en prisión “en los próximos días”.

En la sentencia se condenaba al empresario a un total de seis años de prisión por un delito continuado de falsedad en las cuentas anuales y por un delito también continuado de falseamiento de información económico-financiera. Todos ellos por el llamado 'Caso Pescanova'.

 Sin embargo, la defensa solicitó a los magistrados una rectificación de la sentencia por “error material” en lo que se refiere a los delitos que se le imputan y sus correspondientes penas. Esto en relación al delito continuado de falseamiento de información económico-financiera ya que, a su juicio, no se aprecia “ninguna suerte de continuidad delictiva”.

En el auto conocido este miércoles, el Tribunal Supremo explica que no observa “error material” respecto a la consideración como continuado del delito de falseamiento en la información económico-financiera.

“Al contrario, consideramos que la condena pronunciada en la instancia, y que este Tribunal confirma, lo fue en dicha condición, conforme las acusaciones lo interesaban, por las razones ya entonces explicadas y recordadas, someramente, aquí”, indican los jueces.

Informa elDiario.es

El Comité Financiero del Senado de Estados Unidos acusa al banco suizo Credit Suisse, adquirido recientemente por su rival UBS, de haber sido cómplice en la evasión de impuestos por parte de ricos ciudadanos estadounidenses, contraviniendo los términos del acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia (DoJ) para la declaración de culpabilidad de la entidad helvética en 2014, lo que habría facilitado la ocultación al fisco estadounidense de más de 700 millones de dólares (646 millones de euros).

La investigación desarrollada durante estos dos últimos años acerca del cumplimiento de dicho acuerdo ha descubierto violaciones importantes del trato con las autoridades judiciales de EEUU, según ha revelado este miércoles el presidente del Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden, incluyendo la falta de información sobre cuentas secretas con alrededor de 100 millones de dólares pertenecientes a una sola familia de contribuyentes estadounidenses.

Tras la solicitud de información por parte del Comité del Senado de EEUU sobre cualquier otra cuenta no declarada perteneciente a ciudadanos estadounidenses con más de 20 millones de dólares, Credit Suisse había identificado 23 cuentas que cumplían con estas características, a falta de más revisiones en curso.

Asimismo, la investigación también arrojó nueva luz sobre la medida en que los banqueros de Credit Suisse ayudaron e instigaron la evasión fiscal por parte del empresario estadounidense Dan Horsky, quien se declaró culpable en 2016 de uno de los casos de evasión fiscal criminal más grandes en la historia de Estados Unidos.

Un portavoz de Credit Suisse ha indicado que la entidad “no tolera la evasión fiscal”, subrayando que, en esencia, el informe describe problemas heredados, algunos de hace una década, mientras que el banco ha implementado amplias mejoras desde entonces.

Informa elDiario.es.

Paramos brevemente en la narración de la actualidad política de la jornada para dejarte otros asuntos del día:

-El Gobierno acuerda con la Conferencia Episcopal que la Iglesia pague dos impuestos de los que estaba exenta: a partir de ahora la Iglesia pagará dos impuestos de los que estaba exenta, al ser obligatorios para todo el mundo excepto para la Conferencia Episcopal, según se acordó en su día.Se trata del de Contribuciones Especiales y el de Construcciones, Instalaciones y Obras.

-Los líderes de Podemos en Navarra y Galicia acudirán al lanzamiento de la candidatura de Yolanda Díaz: a pesar de que la dirección nacional de Podemos se sigue negando a acudir al acto de lanzamiento de Sumar si no hay un acuerdo previo, dos de sus líderes territoriales sí han anunciado que estarán: se trata de Begoña Alfaro, coordinadora en Navarra, y Borja San Ramón, secretario general de Galicia, que anunció la semana pasada que irá junto a Antón Gómez-Reino, antecesor en el cargo.

-Aragonès despacha las críticas de Ponsatí al Govern: “No me encontrarán confrontando entre represaliados”: el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragones, ha esquivado las críticas de Clara Ponsatí cuando este martes regresó a España. La que fue consellera con Carles Puigdemont llegó a calificar el actual Ejecutivo de “herramienta de la ocupación española”. 

-El PP se abre a legalizar la “gestación subrogada” sin “interés mercantil”: el PP gira en el debate sobre los vientres de alquiler y se abre a legalizarlos en España, siempre que no haya “interés mercantil” por medio. El debate no se retomará hasta pasadas las generales.

-El rechazo de los vocales progresistas a dimitir en bloque sentencia la renovación del Poder Judicial: la posibilidad de que dimitan en bloque los vocales progresistas del CGPJ se desvanece. La tesis mayoritaria entre estos consejeros es que este hecho no forzaría una salida al bloqueo que el Partido Popular mantiene desde 2018 en el órgano de gobierno de los jueces.

¡Seguimos!

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso que la asociación Jucil, mayoritaria en la Guardia Civil, presentó contra el Código de Conducta del cuerpo aprobado en 2022. Cuestionaba, entre otras cosas, que obliga a los agentes a guardar “neutralidad política” y a ser “respetuosos” con “todas las opciones ideológicas y políticas”.

Los jueces rechazan el recurso de Jucil y recuerdan a la asociación que “no basta con lanzar al Tribunal un conjunto de argumentaciones” sino que tendrían que justificar la existencia de algún tipo de infracción que no han conseguido demostrar. Esta norma, dice el Supremo “se limita a fijar las pautas que deben guiar el comportamiento del personal de la Guardia Civil”.

Informa Alberto Pozas

Jucil, los guardias civiles que se suman al frente contra la inmersión lingüística

El Tribunal de Cuentas ha aprobado este miércoles la instrucción en la que detalla los criterios técnicos a seguir en la fiscalización de las contabilidades electorales, así como el alcance y los requisitos de la documentación contable y justificativa que los partidos deberán enviar al órgano fiscalizador sobre sus gastos en la campaña de las municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo.

Como novedad, los partidos políticos deberán presentar una memoria de los actos y mítines celebrados durante la campaña. También tendrán que aportar una memoria explicativa de los gastos por envíos de propaganda electoral, en la que se informará de los elementos incluidos en los sobres contenedores de los envíos, las empresas encargadas de la confección y distribución, la relación de las facturas justificativas de dichos gastos, así como el destino de los envíos por circunscripciones. 

El Tribunal de Cuentas fiscalizará las elecciones municipales y las autonómicas de cinco comunidades autónomas (Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Región de Murcia y La Rioja), cuyas contabilidades deberán ser presentadas a finales del mes de septiembre por los partidos políticos que concurran a las mismas. Entre 2023 y 2024 el Tribunal de Cuentas fiscalizará un total de ocho procesos electorales, en los que se prevé la movilización de importantes recursos públicos. Por ejemplo, en las pasadas elecciones locales de 2019 se realizaron gastos electorales por un total de 50 millones de euros, explica el órgano fiscalizador en un comunicado.

Informa Elena Herrera.

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este miércoles un acuerdo en el que reclama a los poderes públicos implicados que adopten medidas “urgentes” ante las “disfunciones” generadas en los juzgados por la huelga de letrados de la administración de Justicia. La movilización de estos funcionarios se ha prolongado durante más de dos meses y ha provocado la suspensión de más de 350.000 juicios y vistas en todo el país. Los letrados desconvocaron los paros este martes tras pactar con el Ministerio de Justicia una subida salarial de hasta 450 euros al mes. 

A este respecto, los vocales han acordado instar a la Comisión de Coordinación del Ministerio de Justicia —de la que forman parte también el CGPJ, la Fiscalía y las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia— la adopción de las medidas necesarias para “garantizar la vuelta a la normalidad en el funcionamiento de los órganos judiciales afectados”.

Además, ha solicitado de los presidentes del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los tribunales superiores de justicia que informe sobre las medidas que consideran que es necesario adoptar “de cara a la regularización de la situación generada por dicha huelga en los órganos de los que son responsables”.

Infoma Elena Herrera.

Justicia y los letrados ponen fin a la huelga en los juzgados tras pactar una subida de hasta 450 euros al mes

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha evitado dar la opinión del principal partido de la oposición sobre la gestación subrogada, después de que a Ana Obregón le haya sido entregada una niña que nació en Miami a través de un vientre de alquiler. “Yo creo que ese es un aspecto complejo que merece de debates profundos y serenos”, ha dicho a los periodistas en la Cámara Baja.

Gamarra ha apoyado su respuesta en que la gestación subrogada “afecta a muchas cuestiones morales, éticas, religiosas” y a que en torno a ella hay “muchas opiniones por parte de la sociedad española, donde además no hay que olvidar que hay niños, que hay menores con unos derechos que tienen que ser garantizados”.

“En cualquier caso, abordar este tema debe ser siempre en un marco de profundidad y de reflexión serena”, ha repetido, “creo que es lo que merecen los asuntos complejos”, ha zanjado.

La impunidad de las empresas que alquilan vientres: sin información sobre sus ingresos y sin persecución judicial

La copresidenta del Partido Verde Europeo, Mélanie Vogel, va a asistir al acto de Sumar este próximo domingo, 2 de abril, en Madrid, en el que Yolanda Díaz previsiblemente va a lanzar su candidatura a las generales, según ha informado la formación.

El pasado mes de septiembre, Vogel junto con Florent Marcellesi y Silvia Mellado, coportavoces de Verdes Equo, ya se reunieron con la vicepresidenta segunda para abrir vías de colaboración. Además, en diciembre Yolanda Díaz participó en el Congreso del Partido Verde Europeo. “Hay buena sintonía en torno a fomentar un proyecto verde y progresista en España”, apunta el partido.

Colau, Garzón, Errejón, Mónica García y Uralde anuncian su presencia en el acto de Yolanda Díaz a la espera de Podemos

“La gestación subrogada es una práctica que no es legal en España”. Con esas palabras, la ministra de Igualdad Irene Montero ha reaccionado a la maternidad de Ana Obregón, a quien han entregado una niña que nació mediante un vientre de alquiler en Miami. “La nueva Ley de Derechos sexuales y reproductivos lo reconoce como una forma de violencia contra las mujeres”, ha recordado.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Montero ha pedido a los periodistas que “no olviden” a las mujeres que están “detrás”. “Hay un sesgo de discriminación por pobreza”, ha zanjado.

El caso de Ana Obregón ha avivado la polémica en torno a la gestación subrogada. En este caso concreto, la unión de la edad de la presentadora y el hecho de que sea mediante vientre de alquiler han sido dos ingredientes esenciales en esta polémica: la investigadora Sara Lafuente, con la que ha hablado esta redacción, subraya que el foco debería estar en el mercado reproductivo que hay detrás para que esto suceda. “Ser muy críticos con el caso de una persona millonaria no nos sirve de nada. Si nos apela debería servir para tomar medidas más generales y ver qué límites queremos poner como sociedad”.

Los partidos se han ido pronunciando al respecto de este asunto a lo largo de la jornada. En el PP, mientras este miércoles por la mañana su secretaria general evitaba posicionarse y apelaba a debates “profundos y serenos”, algo más tarde la dirección del partido se abría a regularlo, ante la “realidad” de que hay españoles que adoptan así a sus hijos en el extranjero.

La impunidad de las empresas que alquilan vientres: sin información sobre sus ingresos y sin persecución judicial

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reprochado al PP que “siempre que gobiernan se producen recortes en derechos”. Así, ha enumerado que nieguen el derecho al aborto a las mujeres de 16 y 17 años o que “quitasen” el derecho a la sanidad a “mujeres migrantes en situación irregular” o quitasen la asignatura Educación para la ciudadanía, “factor clave para el fin de las violencias contra las mujeres”, entre otros asuntos.

“El problema señoría es que a ustedes, los derechos les parecen tonterías, las mayores tonterías de la historia de nuestro país y la realidad, señoría es que cuando ustedes gobiernan, hay menos derechos para todas las mujeres y para la gente trabajadora”, ha dicho, para zanjar, que con el actual Ejecutivo “la gente vive mejor”.

En una línea parecida se ha pronunciado previamente la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha recordado a Vox que España es “líder en creación de empleo”. “Tenemos 20,4 millones de ocupados en España y un dato más, a ustedes que no les gustan las mujeres, tenemos una cifra histórica de afiliadas a la Seguridad Social, nueve millones y medio”, ha terminado.

El nuevo ministro de Sanidad, José Manuel Miñones, ha eludido esta mañana en su debut en el Congreso comprometerse a realizar la regulación del cannabis medicinal que el Congreso ha pedido al Gobierno (y lo hizo con el apoyo del PSOE) y que acumula ya un retraso de tres meses. El responsable de Sanidad ha explicado que ya existen dos medicamentos autorizados (para unas pocas enfermedades) y que “para otras muchas la información es insuficiente, no podemos recomendar su uso y debemos ir de la mano de la evidencia científica para asegurar ese balance de beneficio riesgo que sea positivo”.

“Helada” se ha quedado la diputada del PNV Josune Gorospe con esta respuesta. “Pensaba que iba a hacer patada y hacia adelante, pero su respuesta es una regresión a una posición avanzada con el trabajo que se hizo en la oposición y con el compromiso de distintos representantes de su gobierno manifestado aquí”, le ha reprochado al ministro. “Hay un mandato de esta Cámara. ¿Cómo puede decir que no hay evidencia? Escuche, lea, deje de marear la perdiz y dé la misma oportunidad a los pacientes que la que tienen en otros países. España es de los pocos países europeos sin un programa de cannabis medicinal.

Pero el ministro se ha mantenido en sus trece y ha sostenido que “existe un tratado internacional” de la ONU al que España debe atenerse, aunque ese mismo tratado rige en todos los demás países que sí tienen programas medicinales. “La agencia del medicamento sigue trabajando y se está basando en el análisis y se basa en la literatura científica, pero también en la normativa de otros países y a las necesidades de los pacientes y al sistema regulatorio español”, ha cerrado.

Informa Daniel Sánchez Caballero.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido este miércoles la llamada 'ley del solo sí es sí', aunque se ha mostrado partidaria de un acuerdo con el PSOE “y la mayoría feminista” del Congreso para pactar la contarreforma limitada por la rebaja de penas decidida por algunos tribunales. “Estamos preocupadas” por las decisiones judiciales, ha dicho. Y ha proseguido: “Ante ello, debemos dar respuesta unitaria desde el Gobierno y la mayoría feminista”.

La reforma está ahora en el Congreso, donde se ha ampliado el plazo de enmiendas hasta después de Semana Santa. Será ahí, ha dicho Montero, donde se buscará el acuerdo. “Para eso está el trámite parlamentario”, ha apuntado, para zanjar: “Me voy a dejar la piel”.

La diputada del PP Marta González Vázquez, por su parte, ha asegurado que el objetivo de Igualdad “siempre fue rebajar las penas” porque la ministra, ha dicho, “es defensora de la inutilidad de las condenas de cárcel”. Además, ha infantilizado a las responsables de Igualdad al decir que tras las rebaja de penas “recurrieron como niñas pequeñas a la búsqueda de culpables”.

Escribe Aitor Riveiro.

La diputada del PP Ana Vázquez ha acusado este miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de cesar al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos “por no ser un soplón con galones, como usted”. “El señor Pérez de los Cobos cumplió la ley, y usted le ataca sin piedad. La señora Gámez [ex directora de la Guardia Civil] parece que ha incumplido la ley, y la defiende sin rubor. Aquí quedan resumidos sus principios morales. Ejecute la sentencia y váyase”, ha concluido.

El ministro del Interior ha replicado que “las razones objetivas que determinaron la pérdida de confianza para el ejercicio de un puesto de confianza se mantienen” en el caso de Pérez de los Cobos. Y ha concluido: “Nosotros no usamos a la Guardia Civil para cesar una investigación, el 'caso Cuarteles', en los tribunales. No usamos fondos reservados para evitar operaciones judiciales, como hicieron ustedes, ni para destruir pruebas para que el PP ocultara su responsabilidad”.

Escribe Aitor Riveiro.

El revés con Pérez de los Cobos instala a Marlaska al borde del precipicio hasta el final de su mandato

La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha defendido este miércoles en el Congreso la Ley de Familias que aprobó este martes el Gobierno. “Cada vez que menciona la palabra familias me pregunto si hablamos de lo mismo. Esta semana llegará al Congreso una ley de familias para garantizar derechos a familias homoparentales, LGTBI, familias con discapacidad, ¿son para usted familias españolas a las que este gobierno apoya?”, le ha reprochado al portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

“Avanzamos en derechos, hemos conseguido una recuperación muy fuerte”, ha sostenido Calviño en la sesión de control al Gobierno en la que ha defendido hasta dos veces la ley del Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra, aprobada este martes por el Gobierno y presentada en la rueda de prensa posterior sin la presencia de la secretaria general de Podemos.

Por Alberto Ortiz.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el nombramiento de Mercedes González, exdelegada del Gobierno en Madrid, como directora general de la Guardia Civil, un puesto en el que releva a María Gámez, que dimitió la semana pasada tras la citación judicial de su marido en una pieza del 'caso ERE'.

La designación de González como nueva jefa del Instituto Armado se produce, señala el BOE, a propuesta de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión de este martes.

En sendos reales decretos, el Gobierno de Pedro Sánchez dispone el cese de María Gámez –a la que agradece los servicios prestados– y el nombramiento de González, que también deja por tanto de ser la delegada del Gobierno –recoge el BOE– en la Comunidad de Madrid.

Información de Europa Press.