La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este viernes que su grupo planteará ante el Tribunal Constitucional un “conflicto de atribuciones” entre la Cámara Alta y el Congreso después de que este no haya dado por bueno el veto fuera de plazo contra la ley que acumula las penas que los presos hayan podido cumplir en otros países de la UE. García ha acusado a Francina Armengol de “boicotear las competencias del Senado y usurpar la capacidad de interpretar el Reglamento de esta Cámara, algo que no le compete” y de “amordazar” a la Cámara, todo después de que el PP apoyara la ley en el Congreso y no presentara durante semanas ninguna enmienda, total o parcial, contra el texto.
El PP mantiene así su estrategia de intentar ocultar su propio fiasco, todavía sin explicar claramente, con acusaciones al Gobierno. El PP dejó pasar en el Congreso una enmienda de Sumar que iguala los derechos de los presos españoles con los de otros países de la Unión Europea. En la Comisión de Justicia del Congreso aprobó el dictamen completo de la reforma legal, y luego en el Pleno también votó a favor. De hecho, la norma salió por unanimidad: los 346 diputados presentes votaron a favor.
El texto fue luego al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Pero el grupo de Alicia García siguió la estela de sus compañeros del Congreso y no registró ninguna enmienda. Ni parcial ni de veto. Con los plazos ya cumplidos, los medios de comunicación avisaron de las consecuencias de la ley, que podría beneficiar a presos de ETA, y fue entonces cuando el PP intentó parar la norma. Así, y contra lo previsto, el presidente del Senado, Pedro Rollán, aprovechó una votación meramente testimonial para dar la ley por vetada y devolverla al Congreso. La Mesa de la Cámara Baja, tras un informe oral del letrado mayor, decidió no dar el veto por producido. Esa es la decisión que ahora quiere llevar el PP al Constitucional.
Por Aitor Riveiro
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha tachado de “graves” los insultos que recibió este jueves por parte de un grupo de jóvenes en la Universidad de Navarra y ha pedido “hacer frente” a este tipo de actos para evitar que puedan “propagarse”.
“Los gritos homófobos, xenófobos, racistas y cualquier grito que atente contra la diversidad y la dignidad me parece de una gravedad manifiesta en una democracia. Si ocurre en el mundo de la universidad, es todavía más preocupante. Me parece triste y que tenemos que ser conscientes de que, aunque sean unos pocos, puede extenderse. Tenemos que hacer frente desde el principio si queremos evitar que se convierta en habitual”, ha declarado.
El juez Juan Carlos Peinado ha acordado citar a Juan José Güemes, presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación de IE Business School desde 2010 y exconsejero de la Comunidad de Madrid, después de que la directora de Recursos Humanos del IE asegurara en sede judicial que él le había dado la orden de contratar a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dirigir el África Center. En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid fija la declaración de Güemes para el 18 de noviembre, a las 12.00 horas. Para ese mismo día, cita también a Adriana Ángel, trabajadora del IE.
Con información de Europa Press
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este viernes a Pedro Sánchez que los problemas judiciales del Gobierno “no han hecho más que empezar”. “El presidente está en un punto de no retorno”, ha sostenido en una intervención ante los medios en Berlín, donde se ha reunido con el presidente del partido alemán CDU, Friedrich Merz.
Feijóo ha criticado que tras “la inédita imputación del fiscal general del Estado”, Álvaro García Ortiz, Sánchez haya decidido “protegerlo”. “El fiscal general del Estado ha decidido atrincherarse mientras está siendo investigado por el Tribunal Supremo. Ha decidido negar la realidad y atacar y amenazar a la oposición y ha decidido no aceptar el dictamen del Consejo Fiscal, que ha alzado la voz pidiendo mayoritariamente su dimisión”, ha dicho.
“Es evidente que España tiene muchas amenazas, pero en mi opinión, la amenaza que más le preocupa al Gobierno es la corrupción que le acecha”, ha dicho. “Hay dos tipos de corrupción las de las comisiones ilegales y las de la instrumentalización de las instituciones”, ha señalado Feijóo, para concluir: “Pedro Sánchez criticaba las dos en el año 2017. Ahora usa las dos de forma simultánea”.
Por Aitor Riveiro
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este viernes que su grupo planteará ante el Tribunal Constitucional un “conflicto de atribuciones” entre la Cámara Alta y el Congreso después de que este no haya dado por bueno el veto fuera de plazo contra la ley que acumula las penas que los presos hayan podido cumplir en otros países de la UE. García ha acusado a Francina Armengol de “boicotear las competencias del Senado y usurpar la capacidad de interpretar el Reglamento de esta Cámara, algo que no le compete” y de “amordazar” a la Cámara, todo después de que el PP apoyara la ley en el Congreso y no presentara durante semanas ninguna enmienda, total o parcial, contra el texto.
El PP mantiene así su estrategia de intentar ocultar su propio fiasco, todavía sin explicar claramente, con acusaciones al Gobierno. El PP dejó pasar en el Congreso una enmienda de Sumar que iguala los derechos de los presos españoles con los de otros países de la Unión Europea. En la Comisión de Justicia del Congreso aprobó el dictamen completo de la reforma legal, y luego en el Pleno también votó a favor. De hecho, la norma salió por unanimidad: los 346 diputados presentes votaron a favor.
El texto fue luego al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Pero el grupo de Alicia García siguió la estela de sus compañeros del Congreso y no registró ninguna enmienda. Ni parcial ni de veto. Con los plazos ya cumplidos, los medios de comunicación avisaron de las consecuencias de la ley, que podría beneficiar a presos de ETA, y fue entonces cuando el PP intentó parar la norma. Así, y contra lo previsto, el presidente del Senado, Pedro Rollán, aprovechó una votación meramente testimonial para dar la ley por vetada y devolverla al Congreso. La Mesa de la Cámara Baja, tras un informe oral del letrado mayor, decidió no dar el veto por producido. Esa es la decisión que ahora quiere llevar el PP al Constitucional.
Por Aitor Riveiro
Varias decenas de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, distintos colectivos de vivienda y vecinos de la zona han paralizado hasta el próximo 31 de octubre el desahucio de Pilar, una vecina de Vallecas (Madrid) que, denuncian, es víctima de violencia de género y tiene varias hijas, una de ellas menor de edad.
El despliegue policial se ha encontrado desde primera hora de la mañana con decenas de activistas en la puerta de esta casa de la calle Brígida Alonso de Vallecas, próxima al Cerro del Tío Pío, hasta la llegada de la comisión judicial que tramita el lanzamiento de Pilar. La fachada del edificio cuenta con varias pancartas y carteles contra Caixabank y denuncias contra la ausencia de una alternativa habitacional para esta mujer.
Informa Alberto Pozas