Los agricultores han conseguido poner en el debate público sus problemas, a cuatro meses de votar un nuevo Parlamento en Bruselas con el fantasma de la ultraderecha llamando a las puertas del corazón de Europa. Las tres grandes organizaciones agrícolas españolas (UPA, Asaja, COAG) están de acuerdo en el diagnóstico de los males del campo y son partidarias de la protesta organizada y ordenada mientras se avanza en el diálogo. También están de acuerdo en que Europa es fundamental para su supervivencia –aporta el 30% de la renta agraria española–y en que hay margen para el diálogo y para pactar mejoras.
Sin embargo, esta semana han irrumpido otros protagonistas que han tomado las carreteras con tractores a través de llamadas en redes sociales y grupos de Whastapp y Telegram, como la plataforma 6F, que se declara independiente y está liderada por Lola Guzmán –ganadera valenciana y exmilitante de Vox–, el abogado Xaime da Pena Gutiérrez –que financió la polémica lona de Desokupa en Madrid– o Manuel Hernández, camionero que lideró protestas de transportistas y defendió que se desabastecieran los supermercados. Sus postulados son parecidos a los de Vox y han alentado protestas ilegales. Como Diego Conesa, fundador de una “secta” y exmiembro de Vox, que ha parado Murcia con 100 tractores. También se han prodigado en los medios como defensores de lo agrario portavoces como Tatín Cortés Lucena, sin evidenciar que es además un líder de Vox en Córdoba.
Estos días se han popularizado plataformas menos representativas del sector como Sos Rural o Unión de Uniones, que creen que el liderazgo de las organizaciones mayoritarias no es suficiente, incluso Sos Rural se refiere a ellas públicamente como “sindicatos” pese a que son patronal, cooperativas y autónomos. Decenas de perfiles oficiales de Vox, desde su presidente Santiago Abascal hasta concejales de pueblos rurales, han alentado a los agricultores a continuar la “venganza del campo”, a no parar hasta que se acabe con los “ecorregímenes” o las políticas de “los tecnócratas de Bruselas”.
Las propias organizaciones agrarias, cuyas manifestaciones han sido convocadas legalmente y empezaron este jueves, asisten sorprendidas a cómo se intenta desbordar y patrimonializar sus protestas: “El tuiter no va a resolver los problemas del campo español, se va a resolver con ideas lógicas y negociación con todas las administraciones”, expone Diego Juste, portavoz de UPA.
Después de semanas de protestas en toda Europa, en España se han trascendido las reivindicaciones económicas o sectoriales desde que han aparecido protagonistas que han llevado la protesta a la dimensión partidista, contra los gobiernos y contra la agenda verde en su totalidad: tractores con banderas y lemas ideológicos, discursos contra la UE, incluso algunos símbolos franquistas. También ha habido políticos y cuentas de Vox azuzando las protestas no comunicadas, nuevos líderes supuestamente espontáneos que ponen en cuestión el paradigma de las políticas verdes, y alimentan bulos como que la sequía es provocada.
“Lo que motiva a los agricultores a salir a la calle está muy claro, hay un malestar y no ven un horizonte en el que el eje sean las personas. Pero desde las organizaciones vemos una instrumentalización y lo rechazamos. Los partidos tienen un papel en los parlamentos, si quieren apoyarnos lo que tienen que hacer es vehiculizar nuestras soluciones en los parlamentos”, apunta Andoni García, responsable de organización de COAG. El Financial Times lo resumía el día previo a la tractorada del 6F que paralizó carreteras en su editorial titulado El ascenso del populismo agrícola: “Los legisladores afrontan un delicado equilibrio: ceder demasiado, por ejemplo, en medidas climáticas vitales, o permitir que los partidos de extrema derecha capitalicen las quejas de los agricultores en las elecciones de la UE”.
Pero, ¿es el campo de derechas o de izquierdas? ¿Los postulados de Vox antieuropeos y contra las políticas verdes representan al campo español? Según los datos, mayoritariamente no: “La agricultura es muy diversa en España. Hay una franja de grandes innovadores y jóvenes, de perfil tecnológico. Luego hay otra franja, la mayoritaria, de agricultores envejecidos sin capacidad para subirse a los retos tecnológicos y más dispuestos a soluciones emocionales, ahí es más fácil que cale la ideología ultra, ya que se sienten perdedores de la revolución tecnológica, y se les presenta como solución un regreso a un pasado que no existe”, analiza Eduardo Moyano, ingeniero agrónomo y sociólogo profesor del CSIC. Según los barómetros del CIS, PSOE y luego PP han sido las opciones mayoritarias entre los trabajadores del sector primario
Que la ultraderecha tenga en el campo sus ojos puestos no es nuevo. En el programa electoral de Vox de 2015 ya se hacía referencia al campo, aunque es en el de 2019 donde se ahonda en las medidas: el “cambio climático como excusa”, la “criminalización del regadío” o “suprimir la Dirección General de Bienestar Animal”. En boca de sus líderes se ha escuchado la necesidad de “abolir la agenda 2030” o “los ecorregímenes”. En la vecina Francia, el partido de Marine Le Pen lleva años cosechando en el campo. Su líder no solo acude a ferias agrícolas y ganaderas y hace propuestas destinadas a ellos, sino que en campaña electoral se vuelca en las zonas rurales y lleva casi una década prometiendo “acabar con la Política Agraria Común (PAC)”.
“El campo es el gran tema que esperaba Vox para recuperar el voto perdido” el 23J, resume la politóloga y experta en ultraderecha Anna López, “porque necesitaba ampliar su base electoral más allá de los ultracatólicos y las personas homófobas o que están contra la inmigración”. La población diana no es poca: 7,5 millones de personas, según datos del Ministerio de Agricultura, empadronadas en municipios rurales que ocupan el 84% de la superficie de España. ¿Cuántos se dedican al campo? 740.000 personas están ocupadas en el sector agrario, de los cuales 177.000 son mujeres, como recoge Funcas en su pormenorizado estudio del campo español.
El interés de Vox en lo rural se ha evidenciado también en los pactos políticos de las comunidades autónomas donde gobierna en coalición con el PP. Las consejerías de Agricultura de la Comunidad Valenciana, Extremadura y Aragón están lideradas por miembros del partido ultra. En el caso valenciano, Vox colocó de vicepresidente a un torero, ya que la tauromaquia es otra de las actividades que reivindican, junto al agua y el regadío en un país cada vez con más sequías. “Es un partido que conecta con el sentimiento de abandono y tiene un chivo expiatorio reconocible: los burócratas de Bruselas y la Agenda 2030”, resume la politóloga López. “Las políticas neoliberales han desmantelado el acceso a los recursos de la población de estas zonas. Esto genera un vacío en el que puede prosperar muy fácilmente alguien que sí reconozca la dignidad de la gente de los pueblos. En definitiva, se aprovechan del malestar del sector agrario por las condiciones de trabajo y los bajos precios culpabilizando a otros colectivos, principalmente el ecologismo y el animalismo, y generando enfrentamiento y crispación”.
No solo han aparecido en las protestas de estos días Vox y su sindicato, Solidaridad. Hay fotos y crónicas de su presencia en manifestaciones de agricultores y ganaderos hace años, como la de Valencia de 2023. Santiago Abascal también se subió al tractor, por ejemplo, en las marchas de Murcia de 2020. El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha sido uno de los políticos de Vox más activos para avivar el enfado, aunque esta semana fue abucheado cuando acudió a mostrar su apoyo a unos agricultores, como le pasó a Abascal al acercarse a una protesta en Madrid hace cuatro años. Los síntoma de radicalización vienen de lejos, como en la crisis de la tuberculosis bovina, donde Gallardo defendía rebajar la seguridad, la violencia en Don Benito coincidiendo con la visita de Pedro Sánchez o el asalto al ayuntamiento de Lorca porque intentó alejar nueve explotaciones ganaderas de porcino del casco urbano.
Son hechos que ni apoyan ni representan las grandes organizaciones: “Nos sentamos a dialogar y somos profundamente europeístas, porque la solución del campo español no está fuera de Europa. Esos mensajes son de la ultraderecha que no es mayoritaria en el campo español, es un mensaje de Vox para obtener objetivos políticos. La polarización que intenta la ultraderecha no nos beneficia, los problemas del campo son complejos y ahora vemos fake news, bulos… Desinforman y generan miedo”, opina el representante de UPA, organización progresista que representa al campo. El representante de COAG, también de izquierdas, está de acuerdo: “No es discutible que la UE es importante, aunque veamos que hay políticas neoliberales que nos ahogan y que debe desarrollarse más lo social. El caos no sirve para nada”. Asaja, organización de derechas, no ha respondido a las dos llamadas de elDiario.es. “Los antisistema en grupos de whatsapp son capaces de movilizar, arman ruido y bloquean carreteras, en Francia y aquí. Pero el ruido vende mucho y se amplifica. Hay que valorar la verdadera amplitud del fenómeno”, matiza el sociólogo Moyano.
Luis Cortés, líder de Unión de Uniones, una de las organizaciones más radicales y la que ha convocado la tractorada en el Ministerio el día 21 (Revuelta, la marca joven impulsada por Vox ha anunciado protestas coincidiendo con ese día), opina que sí está calando el mensaje. “Vox dice dos cosas que tienen mucha aceptación: que debe de haber una preferencia comunitaria frente a países terceros y que hay que acabar con las políticas verdes porque están perjudicando al campo”. En opinión de Natalia Corbalán, de SOS Rural, que está aglutinando asociaciones y descarta de momento un partido político agrario como ha surgido en Países Bajos, el problema no es la sostenibilidad en sí, sino “la implementación ideologizada de políticas dañinas que castigan la actividad en el mundo rural con la Agenda 2030 como coartada. Europa ha decidido políticas muy determinantes sin hablar con el sector”, expone como justificación de las protestas. Su anterior y reciente portavoz, Victor Viciedo, es más contundente y se le puede ver en algunos vídeos hablando de abolir ecorregímes, además de estar vinculado a actos del partido ultra.
En cualquier caso y según los datos, una minoría se siente seducida por Vox, aunque es el tercer colectivo (incluye forestales y pescadores), tras militares y operarios, que más votó a los ultra: lo hicieron un 16%, según su recuerdo de voto.
Tanto COAG como UPA creen que sus protestas, comunicadas, y su posición dialogante es más representativa del sector y que ya han conseguido logros, como el de la Ley de Cadena Alimentaria –de la que votaron en contra PP y Vox–, aunque admiten que hay que avanzar y mejorar: “Europa es el marco, aunque está en una contradicción porque se abre a países terceros, se protege al grande que es el que tiene músculo financiero, están entrando fondos de inversión y la tierra está siendo especulada. Sí es cierto que hay una burocracia que no sirve y que va a echar a los pequeños, que son quienes protegen al medio ambiente”, explica García, de COAG, que apuesta por sumar lo social a lo verde y frenar las políticas neoliberales de Europa. Están en continuas conversaciones y encuentros con representantes del Ministerio de Agricultura y en mesas de diálogo en Bruselas. “Nosotros representamos la reivindicación y la negociación”, concluye Juste, de UPA.
Sobre el impacto que pueda tener la instrumentalización del campo por parte de la ultraderecha en las elecciones europeas, el sociólogo Moyano es cauto: “Son 800.000 personas, y no será tan definitivo”. Y sobre si se espera una primavera caliente de tractores, recuerda que las protestas agrarias son muy específicas: “Se repite el patrón, son protestas intensas pero duran poco, porque los agricultores no se pueden permitir abandonar su campo y dejar de dar de comer a los animales”.
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