Unidas Podemos denuncia las protestas policiales por la reforma de la 'ley mordaza' ante el Consejo de Europa

Unidas Podemos ha presentado este lunes un escrito ante la Comisión de Venecia del Consejo de Europa denunciando las manifestaciones de “más de 40 asociaciones” de la Policía y de la Guardia Civil para rechazar las reformas planteadas por el PSOE y el grupo confederal a la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como 'ley mordaza'.

En el texto, adelantado por la Cadena Ser, y al que ha tenido acceso elDiario.es, se recuerda que “los cambios y modificaciones a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana con las que han sido más críticos las asociaciones profesionales policiales y han mostrado su radical oposición coinciden con las siguientes indicaciones de reforma formuladas expresamente a España, por la Comisión de Venecia: la eliminación de la sanción a la grabación y difusión de las actuaciones policiales cuando no afecten a la intimidad o seguridad de los agentes, la referencia a la presunción de veracidad de los agentes respetando el principio de presunción de inocencia, o la realización de manifestaciones pacíficas sin necesidad de comunicación previa en determinados supuestos”.

“También mostraron su oposición y protestaron por las modificaciones realizadas a fin de protocolizar y reducir la lesividad del material usado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (como podría ser cierto tipo del material antidisturbios, las balas de goma o las pistolas de electrochoque)”, resalta el texto, que ha sido coordinado por Enrique Santiago, portavoz adjunto de Unidas Podemos y portavoz parlamentario de IU.

Con todo, el grupo confederal recuerda que “la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su artículo 11 sobre las funciones de estas, establece que 'tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”.

El texto recuerda esas funciones de las policías destacadas por la legislación: “Velar por el cumplimiento de las Leyes y disposiciones generales, ejecutando las órdenes que reciban de las Autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias; auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de los bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa; vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que lo requieran; velar por la protección y seguridad de altas personalidades; mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad ciudadana; prevenir la comisión de actos delictivos; investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito, poniéndolos a disposición del Juez o Tribunal competente y elaborar los informes técnicos y periciales procedentes; captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la seguridad pública, y estudiar, planificar y ejecutar los métodos y técnicas de prevención de la delincuencia; y colaborar con los servicios de protección civil en los casos de grave riesgo, catástrofe, o calamidad pública, en los términos que se establezcan en la legislación de protección civil”.

La labor de los funcionarios

Unidas Podemos insiste, asimismo, en que “las normas internacionales de derechos humanos obligan a todos los Estados y a sus agentes, entre los que se encuentran los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por tanto cumplirán los deberes que les impone esta, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto nivel de responsabilidad exigido por su profesión. Velarán por la protección de la seguridad pública y los derechos de las personas”, indica.

“En otro ámbito, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen el deber de defender los derechos de todas las personas, organizaciones y partidos políticos y de protegerlos por igual sin temor ni trato de favor. De estas obligaciones se desprende que, conductas como las que venimos viendo por parte de algunas organizaciones e individuos pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se desvía de esa obligación que emana, ya no sólo de la Constitución española sino de los Tratados internacionales de los que España es parte”, concluye.

Esta actitud, añade Unidas Podemos, “en contra de las recomendaciones efectuadas por la Comisión de Venecia a España para proceder a reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, ha sido también la exteriorizada por algunos partidos políticos españoles con representación parlamentaria”. “Muchas han sido también las manifestaciones de portavoces de las fuerzas políticas Partido Popular, Vox y Ciudadanos en contra de las modificaciones a la Ley de Seguridad Ciudadana propuestas por los grupos parlamentarios Socialistas y de Unidas Podemos en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Venecia, difundiendo de forma consciente y demagógica el falso argumento de que esta reforma busca acabar con la seguridad publica y privar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de los mínimos elementos y herramientas necesarios para cumplir su trabajo”, denuncian.

Por todo ello, Unidas Podemos considera que “ante el posicionamiento publico de determinadas formaciones políticas y organizaciones profesionales policiales en contra de aplicar las recomendaciones de organismos e instituciones europeas sobre la conveniencia de reformar la Ley 4/2025, de protección de la seguridad ciudadana, los redactores del dictamen de la Comisión de Venecia de marzo de 2021 deben expresar su honda preocupación por las implicaciones jurídicas y sociales que ello tiene, toda vez que, tratando de confundir a la opinión pública española sobre la conveniencia de la reforma, está germinado en España una interpretación contraria al consolidado acervo jurídico y cultural europeo de protección de los derechos humanos, de los derechos y garantías fundamentales y las libertades públicas”. “Por lo que llamamos a la Comisión a que tenga en cuenta con aplicada atención lo que se ha expuesto en este informe”, zanjan.

El Sindicato de Policía enviará un informe a Europa

El Sindicato Profesional de Policía (SPP) ha tratado de exculparse ante la denuncia de Unidas Podemos y enviará un informe al Consejo de Europa que explique su rechazo a la reforma de la 'ley mordaza', tal y como ha informado Europa Press.

El presidente de la organización, Adolfo Medina, ha señalado que recurrirán al Consejo Europeo de Sindicatos de Policía (CESP), donde especificarán los “puntos conflictivos” de la reforma. El SPP indica que “no es de recibo” que Unidas Podemos, socio del Gobierno de Pedro Sánchez, “ponga en duda la neutralidad” de los policías y una institución que “ha demostrado su independencia política a lo largo de más de 43 años”.