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“Sabe que nunca va a lograr que sumen escaños suficientes PP, Vox y Ciudadanos y su estrategia revela esa triste conciencia por su parte. Usted nunca será presidente del Gobierno”. Las palabras del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, a su homólogo del PP, Pablo Casado, durante la última sesión de control al Gobierno resumen el sentir del socio pequeño del Ejecutivo de coalición, que identifica en la estrategia de desestabilización que siguen las derechas una semejanza con las vistas en países sudamericanos para acabar con los gobiernos progresistas e incluso por el presidente de EE UU, Donald Trump, en la campaña que le llevó a la Presidencia del país.
Un día antes, el martes, era el portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, quien sostenía en una rueda de prensa que “el PP y Vox han tomado una decisión política, abrazar la estrategia comunicativa de Trump y Bolsonaro”. Y zanjaba: “Me temo que la crispación por parte de la oposición no va a reducirse”. Y este mismo jueves, el ministro de Consumo y coordinador de IU, Alberto Garzón, aseveraba en una entrevista en TVE que ambos partidos están en una estrategia “muy dañina para la política porque hace que la gente se aleje cada vez más de un instrumento necesario para cambiar la vida de las personas”.
El líder de IU añadía un elemento extra en sus palabras y decía que el ambiente de crispación, con caceroladas, manifestaciones donde se incumplen las medidas sanitarias, plantes en el Senado e interpelaciones en las que se acusa al Gobierno de encerrar hasta la muerte a miles de ancianos en sus residencias es malo “también para el país porque nos impiden resolver problemas que necesitarían un acuerdo más amplio”.
A la vez que denuncian lo que consideran una estrategia de hostigamiento que desde el PSOE asemejan a la que sufrió José Luis Rodríguez Zapatero durante su primer mandato (2004-2008), tanto la parte socialista del Gobierno como la de Unidas Podemos hacen hincapié en que, lejos de haber dudas en el Ejecutivo sobre la pervivencia de la coalición, creen ciertamente en que tienen la posibilidad de agotar la legislatura completa.
Lo decía Garzón en la misma entrevista: “El Gobierno está profundamente cohesionado. Tenemos muy claro lo que tenemos que hacer en materia de políticas públicas”. Antes que él ya lo hizo el propio presidente, Pedro Sánchez, quien ha reiterado en múltiples ocasiones en las últimas semanas que la legislatura durará cuatro años. Pablo Iglesias fue algo más allá al asegurar que “el Gobierno será revalidado y habrá otros cuatro años más”.
El “escudo social” como detonante
Iglesias hizo ese pronóstico en la misma rueda de prensa en la que el Gobierno presentaba el ingreso mínimo vital (IMV), una de las medida estrella del acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, que tuvo que ser adelantada, no sin roces internos, para atajar la crisis social provocada por el coronavirus. Es, en palabras del vicepresidente, un nuevo derecho que viene a completar el cuarto pilar del estado del bienestar que se levantó con la ley de dependencia de 2006, promulgada precisamente por el Gobierno de Zapatero.
En dicha rueda de prensa Iglesias pidió perdón y dijo haberse “equivocado” al haberse enzarzado con PP y Vox en las últimas semanas, precisamente al caer en las “provocaciones”, en sus palabras, que le tendieron. Como cuando la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, acusó a su padre de “terrorista”. Una afirmación que fue defendida una semana después, también en sede parlamentaria, no por Pablo Casado, sino por Santiago Abascasl. O cuando la diputada de Vox María de la Cabeza Ruiz acusó al Ejecutivo, y en concreto al vicepresidente segundo, de “encerrar” a los ancianos en las residencias y provocar así su muerte. Algo en lo que han vuelto a insistir ambos partidos pese a que la Consejería de Sanidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha reconocido que el protocolo con dicha orden salió de sus despachos.
De hecho, emulando a Bolsonaro y Trump, la extrema derecha española ha declarado la guerra al periodismo de verificación. Junto al PP, denunciaron una supuesta merma de las libertades públicas cuando el Gobierno se planteó investigar el origen de los bulos que, durante las primeras semanas de la pandemia, corrieron de teléfono en teléfono, de Whatsapp a Telegram.
El líder de Unidas Podemos no ha sido el único en entrar a rebatir las acusaciones de la extrema derecha. El propio Echenique o el portavoz adjunto, Enrique Santiago, también lo han hecho. Iglesias, y el resto, asume como “verdad” sus respuestas al PP y Vox, pero reconoce que su error permite a la derecha “quitar el foco” de las medidas que está aprobando el Gobierno. Y centrar los ataques en su propia persona y, por extensión, en la presencia de Unidas Podemos en el Ejecutivo, cuyo papel en la comisión parlamentaria de reconstrucción quieren diluir si pretenden contar con el favor de algunos de los poderes más importantes del país y del PP. Casado pidió insistentemente que los pactos de reconstrucción propuestos por Sánchez recalaran en una comisión parlamentaria, como finalmente ocurrió.
Al análisis se suma el PCE, cuyo secretario general, Enrique Santiago, es una de las personas de referencia de Unidas Podemos. En un reciente informe de su Comisión Política apunta a que el Ejecutivo se enfrenta “a un escenario de alta confrontación política, en la que el objetivo inmediato de la oligarquía es desestabilizar al Gobierno hasta acabar con él, o al menos forzar una crisis de gobierno que acabe con la coalición actual”.
Para el partido que dirige Santiago, quien precisamente ocupa una de las vicepresidencias de la comisión parlamentaria de reconstrucción, la irrupción de la crispación política también está directamente relacionada con el llamado “escudo social”, las medidas económicas y sociales adoptadas por el Gobierno para luchar contra la crisis provocada por la pandemia y cuyo objetivo, dice el informe, es “proteger a la clase trabajadora”.
El PCE apunta a que el Gobierno “podrá ser criticado desde la izquierda” por su programa “socialdemócrata”, por no haber derogado todavía el Pacto de Estabilidad o “por no tener todas las riendas del poder político controladas”. Un extremo que se ha visto corroborado por el duro enfrentamiento abierto con una institución como la Guardia Civil a cuenta de un informe (y su filtración) que atribuye al Gobierno, con datos falsos y manipulados, intencionalidad política a la hora de mantener la convocatoria del 8M pese a saber, según los investigadores, del peligro que entrañaba la COVID-19.
La bronca, a la que han seguido destituciones, dimisiones y un segundo informe que abunda en el contenido del primero, forma parte de la misma estrategia, según dicen en Unidas Podemos. El secretario tercero de la Mesa del Congreso y portavoz de los comunes, Gerardo Pisarello, aseguró el mismo día que se hizo público que se trataba de un caso de “lawfare” o guerra jurídica. Precisamente la estrategia utilizada por la extrema derecha en Brasil para echar de poder a Dilma Roussff y meter en la cárcel al líder moral del Partido de los Trabajadores y expresidente, Lula Da Silva. Hoy gobierna Jair Bolsonaro. O en Ecuador contra Rafael Correa. O en Bolivia contra Evo Morales.
El episodio ha servido a Unidas Podemos, pero también al PSOE, para volver a poner sobre la mesa la existencia de un “Estado profundo” que se escapa del control político y que tendría una de sus expresiones más conocidas en la policía política que puso en marcha el PP para espiar e inventar informes contra sus rivales políticos, como el independentismo catalán o Podemos, utilizando para ello a personajes como el hoy encarcelado y multiimputado excomisario José Manuel Villarejo.
Llamamientos a la militancia
El partido, que el año que viene será centenario, impone así a su militancia como “principal tarea” la de “defender el Gobierno de coalición” para “garantizar que la salida a la crisis ya iniciada no sea a costa de los sectores populares, sino que sean los sectores económicamente más poderosos quienes contribuyan efectivamente a la redistribución social de la riqueza”. “Es imprescindible que las bases sociales y políticas de la izquierda estén movilizadas”, apunta el PCE.
En el mismo sentido Unidas Podemos pondrá en marcha una campaña para intentar, de forma paralela a la desescalada, implicar a los movimientos sociales en la defensa de una salida a la crisis diferente a la de hace una década.
En esa tarea deberán estar las desarboladas bases de Podemos. El partido inicia este fin de semana su nueva andadura orgánica. El sábado se reunirá el nuevo Consejo Ciudadano Estatal, en el que Pablo Iglesias cuenta con un amplísimo respaldo, que deberá designar al futuro Consejo de Coordinación, la ejecutiva.
Una de las principales misiones que se ha dado el partido para este nuevo ciclo es, precisamente, consolidar y aumentar su militancia. La capacidad electoral de Podemos, pese a haberse dejado una buena parte del voto logrado de 2015 y en 2016, sigue siendo muy superior a nivel estatal que autonómico y local. Algo que en el partido explican no solo en la figura de Pablo Iglesias, sino en los problemas de implantación territorial.
La incógnita será cómo responde la base social de Unidas Podemos al llamamiento de sus dirigentes a defender lo conseguido. De momento, la calle la ha ganado la derecha, con las manifestaciones que tuvieron su epicentro en una de las zonas más ricas de Madrid.