El 9 de agosto decae el “escudo social” aprobado por el Gobierno en los primeros meses de la pandemia, en 2020, para contrarrestar algunas de las consecuencias provocada por la crisis sanitaria en los colectivos más vulnerables de la sociedad. Unidas Podemos ya advirtió en su momento a su socio que el plazo era corto. Y ahora, con el repunte de la incidencia y el temor a que afecte a la incipiente recuperación económica, reclama al PSOE que se prorrogue la vigencia de las medidas hasta 2022. La ministra de Derechos Sociales ha remitido una carta a sus colegas de Gabinete para reclamarles que “con la mayor urgencia posible” se prolongue al “protección para aquellas personas que más están padeciendo la crisis social y laboral (...) y en su caso aprobar otras medidas que resulten necesarias”.
“Asistimos nuevamente a un incremento de los índices acumulados de incidencia y contagio del COVID 19, por lo que la pandemia está lejos de desaparecer. Esta situación sin duda va a afectar muy negativamente a la campaña de turismo de verano, en especial respecto a la actividad generada por la llegada de turistas extranjeros, con el consiguiente impacto de índole económico y laboral que ya sabemos”, asegura la misiva, firmada por la secretaria general de Podemos y remitida a Presidencia, Justicia, Igualdad, Consumo, Transportes, Trabajo, Transición Ecológica, Sanidad e Inclusión.
El “escudo social” pasa, fundamentalmente, por la garantía de suministro de agua y energía para consumidores vulnerables, la ampliación del derecho al bono social para determinados colectivos, la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento, la prórroga de la consideración como esenciales de los servicios de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, las medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género o la compatibilidad de la pensión de jubilación de las y los profesionales que ejercen la medicina y la enfermería con el desempeño de su actividad, entre otras.
Todas estas medidas, y alguna más, fueron prorrogadas más allá de la vigencia del estado de alarma. Y se estableció el mes de agosto como el final de este escudo ante la certeza de que el ritmo de vacunación y la mejora de los datos del turismo lo habrían innecesario. Pero la quinta oleada y la incertidumbre sobre la campaña veraniega hacen temer que las situaciones de vulnerabilidad provocadas por el coronavirus no estén en retroceso.
Desde Unidas Podemos ya se planteó en su momento que el “escudo social” debía prorrogarse hasta finales de año, aunque el PSOE impuso el 9 de agosto. A principios de julio la ministra de Derechos Sociales ya alertó de que sería necesario prolongar la vigencia del decreto. También los sindicatos han reclamado al lado socialista del Gobierno que acceda a negociar la ampliación.
Belarra plantea a sus compañeros del Consejo de Ministros “mantener una reunión de trabajo para abordar tanto los contenidos del nuevo RDL de extensión del Escudo Social como la forma más rápida posible para garantizar su inmediata entrada en vigor”.