Ninguno de los 447 detenidos en movilizaciones del 15M en Madrid ha sido condenado
“Los escraches son nazismo puro”, “la izquierda violenta y antidemocrática está detrás de los escraches”, “hay que modular el derecho a la manifestación”, “este grupo de manifestantes radicales querían propiciar un cambio de sistema y la anarquía”. Son algunas de las frases pronunciadas por dirigentes políticos sobre colectivos y acciones relacionadas con el 15M, entre ellas por la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, responsable última de las 447 detenciones y las casi mil sanciones administrativas llevadas a cabo en Madrid durante protestas del movimiento desde que nació el 15 de mayo de 2011, según los abogados de Legal Sol.
Desde sus inicios, el 15M ha sido ha criminalizado con la “voluntad de deslegitimar la movilización social al tacharla de violenta”, explica la abogada Adoración Guamán. La criminalización se ha producido a través de detenciones policiales y sanciones administrativas. Sin embargo, en muchos casos, cuando los procedimientos abiertos llegan a los tribunales, los indicios violentos quedan en papel mojado e incluso se da la razón a los manifestantes: “Cuando se revisan las multas administrativas en sede judicial se evidencia que sólo se están ejerciendo derechos fundamentales y que la policía es la que está ejerciendo una restricción ilegítima”, explica Guamán.
Su teoría se constata atendiendo a los datos: de los 447 detenidos relacionados con el 15M todavía no ha habido ninguna condena penal, dicen desde Legal Sol, uno de los colectivos surgidos en el 15M y que se encarga de la asistencia letrada de muchos de los detenidos. Por el contrario, en varios casos los jueces han dictado el sobreseimiento provisional y archivo de las causas contra los imputados. “La Justicia está reconociendo que la mayoría de esas detenciones son arbitrarias e injustificadas”, señala uno de sus representantes.
Esta parece ser también la tónica habitual en Valencia. Fabiola Meco, abogada de la Plataforma por las libertades y contra la represión, explica a eldiario.es que en el caso de los detenidos en las acciones del Instituto Luis Vives, que fue “el detonante de gran cantidad de identificaciones y detenciones”, también está “el sobreseimiento de las causas”. Sin embargo, lamenta que “no hay una investigación profunda para saber qué ha sucedido y sancionar a quien corresponda”. Este argumento también lo esgrimen los abogados de Legal Sol: “A los jueces les están faltando agallas para no solo archivar los casos, sino también para imputar a los policías, bien por falsas denuncias, o bien por detenciones ilegales por detener a gente por faltas”. En este sentido, señalan que muchas de las detenciones se han convertido en faltas y denuncian que por una falta no se puede llevar a cabo una detención.
“¿Qué pasa con esta gente? Parece que te han detenido y te archivan y no pasa nada, pero mucha de esta gente sufre de shock post-traumático. Se archiva la causa, pero esto ¿quién lo repara?”, se preguntan desde Legal Sol.
En cuanto a las sanciones administrativas, Legal Sol tiene constancia de 962 hasta el 12 de diciembre de 2012, que se han incrementado en los últimos meses. El proceso de defensa ha presentado alegaciones y, en muchos casos, está a la espera de la respuesta última, que depende del ministro del Interior. 59 de esas sanciones las han recurrido ante lo contencioso administrativo. En ese momento, “un año más tarde”, explican, han comenzado a llegar las respuestas favorables de Interior. Además, en el primer caso en el que han preguntado al fiscal, este ha apuntado a que la Delegación del Gobierno ha vulnerado el derecho a la manifestación, informan desde el colectivo. “Empieza a dar la impresión de que también las sanciones administrativas en la mayoría de los casos han sido indiscriminadas”, subrayan.
No solo la justicia española, sino también el Comité Antitortura del Consejo de Europa ha puesto el foco sobre las actuaciones policiales vinculadas con el 15M. En su último informe, la institución europea denunció el “abuso de fuerza” por parte de la Policía en el desalojo, el 27 de mayo de 2011, de la acampada en la Plaza de Catalunya de Barcelona y pidió explicaciones al Gobierno catalán, que anunció que abriría una investigación. Por el momento no se ha expedientado a ninguno de los agentes que participó en la carga violenta.
En Madrid, también se ha denunciado torturas de los detenidos del 15M. Por ejemplo, la que presentaron 27 de los detenidos el 25 de septiembre. Sin embargo, sus abogados sostienen que todavía no se ha admitido a trámite. “Para unos casos, como el escrache a Soraya, se dan prisa y otros están durante meses sin ni siquiera proveer”, señalan.
Por eso, ante el gran número de casos que aún están en proceso, evitan dar por ganada la partida: “Es pronto para cantar victoria porque, aunque hay muchos jueces que nos están dando la razón, quedan muchos casos en curso, concluye Guamán.
