La rotundidad de los informes de la Guardia Civil sobre los indicios de prevaricación y cohecho contra Cristina Cifuentes se encontró en la tarde de este martes con la oposición del todavía juez del caso Púnica, Eloy Velasco, y del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix.
El magistrado se encargó de difundir entre varios medios de comunicación que no comparte el criterio de los especialistas de la Unidad Central Operativa (UCO). Por su parte, el entorno de Moix adelantó que el criterio de Anticorrupción será oponerse a dicha imputación, a pesar de que las fiscales del caso apreciaban importantes irregularidades en los contratos que implican a Cifuentes en un informe del pasado 6 de marzo.
La UCO considera acreditado “de manera indubitada” que Cifuentes participó en las irregularidades de las adjudicaciones al Grupo Cantoblanco, de Arturo Fernández, desde su puesto de vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, según recoge uno de sus informes incorporado al sumario.
Por ello propone investigar a la presidenta de la Comunidad de Madrid ante los indicios de haber incurrido en prevaricación y cohecho. Los informes de la Guardia Civil son anteriores a la llegada de Moix a Anticorrupción. El nuevo fiscal jefe asegura que ha ordenado a la Guardia Civil que evite incluir calificaciones jurídicas de los hechos investigados en sus informes.
Por su parte, en el citado informe de Anticorrupción, las fiscales Cerdá y Gálvez escribieron hace dos meses: “Los procedimientos de adjudicación de las cafeterías y servicios presentaban irregularidades por su falta de motivación, baremación y ponderación de las ofertas, posicionándose en favor del grupo de Arturo Fernández desde los trámites de informe”.
A pesar de ello, ni Moix ni Velasco aprecian motivos suficientes para abrir una investigación a Cifuentes.
Con la reacción de Velasco en los medios de comunicación, Cifuentes se atrevió a comparecer públicamente. Durante las primeras horas de la tarde se había limitado a convocar un encuentro con la prensa de dos de sus colaboradores. En la comparecencia, la presidenta madrileña desacreditó el informe de la unidad de élite de la Guardia Civil asegurando que recoge “muchos juicios de valor pero sin fundamento jurídico”. Luego añadió: “Que nadie se deje intoxicar por todos aquellos que quieren tratar de embarrar el terreno de juego de forma tan mezquina y miserable”. Durante su intervención, Cifuentes aludió a las informaciones que recogían el posicionamiento de Velasco.
El Consejo General del Poder Judicial elegirá el miércoles a Velasco como miembro de la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, un ascenso desde su juzgado de instrucción a una segunda instancia en el seno del tribunal especial, un viejo proyecto de 2003 aparcado por el PP hasta ahora.
Fuentes del Poder Judicial aseguran que se trata de un concurso reglado en el que no caben valoraciones subjetivas de los miembros de la comisión permanente del CGPJ, que abordará el nombramiento. El nombre de Velasco irrumpió como seguro en las quinielas en el mismo momento de resucitarse el proyecto de la Sala de Apelaciones, en un momento en el que el juez era duramente criticado desde las filas conservadoras por su instrucción del caso Púnica.
La marcha de Velasco
El ascenso de Velasco deja en el aire si será él quien decida sobre una posible petición de las partes para que eleve exposición razonada sobre Cifuentes al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, órgano judicial ante el que debe responder la presidenta de Madrid por estar aforada.
Velasco cesará al frente del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, donde ocupa plaza de interino, al día siguiente de que el Boletín Oficial del Estado publique su nuevo destino. Cabe la posibilidad, aseguran las fuentes consultadas, de que él solicite prolongar más tiempo su estancia en el juzgado de instrucción a la espera de que llegue su sustituto.
Fuera Velasco u otro juez quien decida sobre la petición de imputación de Cifuentes, resultará fundamental el posicionamiento de la Fiscalía Anticorrupción. Las fiscales del caso Púnica, Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez, han actuado hasta la fecha en sintonía absoluta con la UCO. Quedó de manifiesto con la imputación del ya expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Las fiscales se negaron a firmar el informe de Anticorrupción en el que la Fiscalía General obligaba a desechar los indicios contra Sánchez, recogidos por la Guardia Civil desde hacía meses en sus informes. En aquella ocasión, Velasco hizo caso omiso y, de acuerdo con la UCO, elevó exposición razonada ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Sánchez se vio obligado a dimitir, algo a lo que se había resistido.
Moix rechaza que haya indicios de delito en Cifuentes, así que resta saber qué harán las fiscales llegado el momento. El fiscal jefe podría negarse a que las fiscales redactaran un escrito de Anticorrupción posicionándose, pero la petición de la acusación popular para la imputación de la presidenta obligaría a la Fiscalía a poner por escrito su postura.
Las fiscales siempre podrán invocar el artículo 27, como ocurrió en el caso Lezo, y reunir a la Junta de Fiscales para analizar el asunto. Su pronunciamiento no sería vinculante para Moix.
La acusación popular del caso Púnica cuenta con la dirección letrada de Adade, asociación que este martes tenía pendiente analizar los indicios contra Cifuentes presentados por la Guardia Civil antes de decidir si solicita al juez que eleve exposición razonada contra Cifuentes. En el caso de que lo hagan y el juez no les dé la razón, podrán recurrir ante la Sala de lo Penal.