Nada como Venezuela para dirimir a tortazos el debate político español. Para la derecha, siempre ha sido una palanca con la que atacar a la izquierda por su apoyo, total o parcial, a los gobiernos chavistas. No hay dudas para saber dónde está el Partido Popular desde que el Gobierno de José María Aznar se negó a condenar el intento de golpe de Estado de 2002 contra Hugo Chávez y pactó una declaración ambigua con Estados Unidos que podía servir para apoyar la insurrección. Lo que siempre le ha interesado más es utilizar las crisis de ese país para denunciar una supuesta complicidad de los gobiernos de Zapatero y Sánchez con Caracas.
Por eso, el PP decidió el lunes que tenía que dedicar más energía a las críticas a los socialistas que a la denuncia de los resultados oficiales de las elecciones presidenciales venezolanas, que han dado como vencedor a Nicolás Maduro. “España debería estar liderando a los demócratas venezolanos. Lo que ha hecho es ponerse de perfil en los últimos días”, dijo Cuca Gamarra. “¿Dónde está el señor Albares? ¿Con Maduro o con los demócratas españoles?”. La secretaria general del PP eligió ignorar que el Gobierno de Sánchez no ha reconocido la victoria de Maduro, proclamada por las autoridades electorales de Venezuela en la madrugada del lunes sin haber concluido el escrutinio.
“La voluntad democrática del pueblo de Venezuela debe ser respetada con la presentación de las actas de todas las mesas electorales para garantizar resultados plenamente verificables”, dijo el ministro de Exteriores. No es una exigencia muy diferente a la que hizo la propia Gamarra en la rueda de prensa al pedir más transparencia y “el recuento mesa a mesa”.
La posición oficial española es idéntica a la de los gobiernos alemán y británico. También del Gobierno colombiano. “Hacemos un llamado para que, a la mayor brevedad, se proceda con el conteo total de los votos, su verificación y auditoría de carácter independiente”, dijo su ministro de Exteriores, Luis Gilberto Murillo. Brasil se mantuvo en un cierto mutismo hasta que su ministro de Exteriores se unió a la reclamación con un breve comunicado con el que manifestó que espera “la publicación de datos desglosados por mesa electoral, un paso esencial hacia la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados electorales”.
Quien fue más directo en las críticas fue el presidente chileno, cuya primera reacción fue desconfiar de los resultados oficiales: “El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer”. Gabriel Boric ha criticado en varias ocasiones la actitud de una parte de la izquierda latinoamericana de aplicar un doble rasero a Venezuela por el que no se denuncian violaciones de derechos humanos en ese país con tal de no dar argumentos a la derecha.
En la izquierda española, Podemos e Izquierda Unida se apresuraron a reconocer la victoria de Maduro. IU rechazó “cualquier tipo de injerencia extranjera” y exigió el respeto internacional a la victoria del bloque chavista. Yolanda Díaz se limitó a pedir que se reconozcan los resultados electorales, “y ante las dudas, transparencia, transparencia y transparencia”.
El apoyo completo en la izquierda a Hugo Chávez se vio afectado por el hundimiento de la economía venezolana a partir de 2014, ya con Maduro en la presidencia. Originado por la brusca caída del precio del petróleo provocada por Arabia Saudí, el Gobierno no pudo evitar caer en una profunda recesión que se agudizó cuando otros países productores de crudo se recuperaron dos años después. Poco tenía que ver la situación del país con los años en que Chávez ganaba las elecciones con claridad gracias a un aumento del gasto social que estaba revirtiendo años de desigualdad y pobreza. Todo era posible gracias a los ingresos de la extracción de petróleo, que se vinieron abajo con Maduro en la presidencia.
En 2015, la oposición ganó las elecciones legislativas con un 56% de los votos (y un 40% del Gobierno). Lo que hizo Maduro después fue convocar una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución chavista, de la que nunca había dicho nada malo, y darle la primacía sobre el Parlamento. El legislativo quedó neutralizado.
Progresivamente, resultaba cada vez más difícil encontrar partidarios del Gobierno de Maduro en España cuando la pobreza se multiplicó en el país de forma exponencial y millones de venezolanos emprendieron el éxodo por razones económicas. La catástrofe sufrida por el país era una de las mayores vistas en la historia en tiempos modernos en un país que no estaba en estado de guerra.
En diciembre de 2018, Pablo Iglesias dijo en el Senado que “la situación política y económica en Venezuela es nefasta” sin explayarse mucho más, porque la realidad estaba a la vista de todos.
Era la época en que el PP acusaba sin pruebas a Podemos de estar financiado por Venezuela. Algunas de esas acusaciones procedían de la cúpula policial del Ministerio de Interior, que elaboró informes falsos y llegó a prometer visados con el fin de encontrar indicios de esos pagos en investigaciones fuera del control de los tribunales. Nunca llegó a probar nada y hoy esas maniobras ilegales están siendo investigadas en la Audiencia Nacional.
Posteriormente, la derecha se ha empleado a fondo con teorías de la conspiración para relacionar a toda la izquierda con Venezuela, como ocurrió con el breve paso por España de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Intentó forzar su entrada en España en 2020 cuando lo había prohibido la Unión Europea y no pasó del aeropuerto de Barajas. El PP aún continúa afirmando que Rodríguez llevaba hasta cuarenta maletas insinuando así un posible caso de soborno o de evasión de capitales del que nunca ha tenido pruebas. Los tribunales rechazaron las denuncias de Vox contra el ministro José Luis Ábalos y los funcionarios que tuvieron alguna participación en los hechos.
La derecha no cambió su discurso ni siquiera cuando el Gobierno de Sánchez reconoció como presidente interino a Juan Guaidó, una estrategia condenada al fracaso porque los países europeos mantuvieron al mismo tiempo sus relaciones diplomáticas con Caracas. España, con más razón porque tenía la obligación de proteger los intereses de los miles de ciudadanos españoles con residencia en ese país.
“Cuando uno ve el dolor de millones de venezolanos que han salido al exilio producto de la difícil situación de Venezuela en los últimos años”, dijo Gabriel Boric, “independientemente de las posiciones políticas, yo por lo menos me siento obligado moralmente a exigir total transparencia en estas elecciones”. En la tarde del lunes, y sin haber hechos públicas todas las actas del recuento, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó presidente a Maduro.