Los intentos del PP por desacreditar el caso Gürtel
El PP no quiere que el primer gran juicio sobre Gürtel siga adelante. El abogado de la formación, que está acusada en calidad de partícipe a título lucrativo, se ha alineado con las defensas de Luis Bárcenas y Pablo Crespo, entre otros, para intentar que se anulen las grabaciones a los cabecillas de la trama y tumbar así el proceso judicial.
Este movimiento del PP, que han defendido como “lógico” desde el partido, casa en la estrategia de doble vía que siguen los populares sobre sus casos de corrupción: desacreditar las investigaciones mientras enarbola un “quien la hace la paga”.
Ese ataque a las investigaciones sobre la trama corrupta comenzó a los pocos días de que se produjesen las primeras detenciones, en febrero de 2009. En una imagen ya icónica, Mariano Rajoy, por entonces presidente del PP y líder de la oposición, compareció en Génova para denunciar una persecución contra su partido: “No es una trama del PP sino contra el Partido Popular”.
Rajoy se hizo la foto que le persigue desde entonces. En su atril estaba acompañado, entre otros, por Ana Mato, juzgada ahora como beneficiaria a título lucrativo de la trama. A su lado, Francisco Camps, que con el avance de las investigaciones tuvo que dimitir como presidente de la Generalitat Valenciana por las acusaciones de cohecho. A su derecha, Rita Barberá, investigada por el Supremo por blanqueo de capitales. Ya en segunda fila, Esperanza Aguirre, Federico Trillo y Javier Arenas. Los tres declararán como testigos el próximo año en el juicio de Gürtel.
Una de quienes estuvieron en aquella foto, María Dolores de Cospedal, había comenzado dos años antes a denunciar la persecución contra su partido. En concreto, en una entrevista de 2009 acusó a la policía –cuando Alfredo Pérez Rubalcaba era ministro de Interior– de haber pinchado teléfonos de miembros del PP que nada tenían que ver con la corrupción. Aseguró que Rubalcaba había creado “un Estado policial” y le pidió que dejase de usar a la Fiscalía contra la oposición.
Desde aquella primera denuncia colectiva de persecución han seguido las descalificaciones a las investigaciones y a quienes las llevaban a cabo. Ese mismo año, en marzo, Cospedal ahondaba en los ataques iniciados por Rajoy contra el primer instructor de la causa, Baltasar Garzón. Comparó las pesquisas del magistrado con un caso que había investigado una década antes y que dijo ser “una falsa trama”, que “no existió nunca”. Trillo, por su parte, recuperó los ataques contra Rubalcaba y le situó detrás “del montaje” que eran las investigaciones sobre la corrupción del PP.
Un año después, Francisco Álvarez-Cascos, exvicepresidente del Gobierno con el PP, aseguró que los miembros de ese partido investigados en Gürtel tenían “toda la razón para no sentirse juzgados e investigados con ecuanimidad”. Álvarez-Cascos se sumó a las críticas contra Garzón y fue un paso más allá denunciando que “una camarilla de policías” estaba falsificando pruebas contra el partido. El exsecretario general del PP podrá exponer ante el tribunal de Gürtel estas sospechas cuando sea llamado a declarar como testigo.
Las investigaciones avanzaron y el PP transformó el argumento de la “trama contra el PP” a “una causa general”. El por entonces vicesecretario de Comunicación, Carlos Floriano, denunció la “indefensión” frente a una “causa general contra el Partido Popular y sus dirigentes”. Las investigaciones sobre Gürtel y los papeles de Bárcenas se basaban en “una insidia”, dijo entonces Floriano.
La instrucción de la causa pasó de Baltasar Garzón –condenado a inhabilitación por las escuchas que ordenó a implicados en la trama– a Pablo Ruz, que se convirtió de inmediato en el centro de los ataques del PP. Así, cuando sus autos confirmaban el papel central del PP en la trama de corrupción y le señalaba como partícipe a título lucrativo, Cospedal dijo que esos escritos estaban “cogidos tan por los pelos, que no es de recibo”.
Ruz dejó la Audiencia Nacional y la instrucción cayó sobre un tercer juez, José de la Mata. El PP tenía otro magistrado al que dirigir los ataques, una tarea que llevó a cabo el portavoz parlamentario del partido, Rafael Hernando. Dijo de él que tenía “nublado el juicio” cuando impuso al PP una fianza de 1,2 millones de euros. Añadió que debería haberse inhibido porque ocupó un cargo en el Ministerio de Justicia con el PSOE.
Tras esa fase de instrucción, ha llegado el juicio. Mientras el partido ha aparcado esos ataques e instruye a sus miembros para que insistan en que los acusados ya están fuera del partido y que “quien la hace la paga”, el letrado del PP intenta frenar el primer gran proceso sobre la trama de corrupción tras haber intentado desacreditarlo desde el inicio.
