En su visita de hace siete años a la Audiencia Nacional, Francisco González, aún presidente del BBVA, evidenció su facilidad para fabricar titulares. “La contabilidad es un chicle” o “Bankia era el elefante en la habitación” pujaron en los medios por encabezar las crónicas de su declaración como testigo en la causa por la salida a Bolsa de la entidad que presidió Rodrigo Rato. Este lunes, FG, ya jubilado, a quien el caso Villarejo ha forzado a dejar la presidencia de honor de la entidad, tendrá la oportunidad de responder a las preguntas de juez y fiscales con su particular elocuencia y explicar por qué hizo rico con sus encargos al presunto cabecilla de una organización criminal, por aquel entonces destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía.
En esta ocasión, González ha sido citado como investigado por los delitos de cohecho y revelación de secretos. Detrás de esta acusación, están los contratos millonarios firmados por las empresas del policía con el BBVA entre 2002 y 2017. A diferencia de sus dos declaraciones como testigo en el caso Bankia (también testificó el pasado abril durante la vista oral), Francisco González podrá esta vez acogerse a su derecho a no declarar. El secreto de las actuaciones es un argumento recurrente de los abogados de las defensas para recomendar a sus defendidos que aguarden a conocer con detalle de qué se les acusa, lo que ocurre una vez se ha alzado dicho secreto. La pieza 9 del caso Villarejo, dedicada a investigar los contratos con el BBVA, permanece por ahora secreta.
La detención del comisario el 3 de noviembre de 2017 provocó un temblor que se extendió por la clase política y empresarial. Lo que era difícil de imaginar entonces es que la preocupación trepaba por las sedes de las grandes empresas del Ibex 35 hasta alcanzar las plantas nobles. Los dos jueces que ha tenido el caso desde que arrancó han ido abriendo piezas separadas según aparecían carpetas con encargos a Villarejo entre los 40 terabytes de documentación incautada. Y ahí, entre horas y horas de grabación, han aparecido las relaciones del policía con BBVA e Iberdrola, aunque fuentes del caso no descartan que la lista de empresas del IBEX implicadas se amplíe.
En esa documentación queda en evidencia que el segundo banco de España, el BBVA, y en tiempos de la presidencia de Francisco González, aupado hasta allí por José María Aznar, fue uno de los principales clientes de Villarejo, cuyas empresas facturaron a la entidad hasta poco antes de que fuera detenido. El pasado verano, el portal moncloa.com comenzó a publicar grabaciones que evidenciaban la relación del BBVA con Villarejo a través del jefe de seguridad del banco, Julio Corrochano, antiguo comisario general de Policía Judicial.
El banco contrató al comisario Villarejo durante tres meses –de diciembre de 2004 a febrero de 2005– para abortar la operación para arrebatar el control de la entidad a Francisco González. El policía habría espiado las comunicaciones del presidente de Sacyr, Luis del Rivero; su consejero, Juan Abelló; y el jefe de la Oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián, así como las de otras empresas, medios de comunicación y gabinetes implicados. Finalmente, la compra del BBVA no se produjo y Sacyr desistió de entrar en el consejo después de la falta de apoyo del Banco de España y las acusaciones de “politización”.
Las informaciones publicadas han motivado que víctimas del espionaje de Villarejo por encargo del BBVA, como el exministro socialista Miguel Sebastián, se hayan personado en la causa. Villarejo llegó a monitorizar 15.000 llamadas de distintos protagonistas de las maniobras empresariales a los que englobaba en un denominado por él Grupo Hostil (GH), según los informes que elaboró para el banco.
En una conversación de enero de 2005, Corrochano explica a Villarejo las exigencias de Francisco González respecto a su labor de espionaje. “Mi presidente, ni las conclusiones lee. Hay que decirle pim, pim, pim y pim y a tomar por culo”. A raíz de las informaciones publicadas, Francisco González renunció el pasado marzo a la presidencia de honor del banco, puesto que ocupaba después de abandonar la dirección ejecutiva del mismo el 31 de diciembre último. Corrochano declaró como investigado y el juez dictó prisión contra él eludible con una fianza de 300.000 euros, que el policía abonó.
Hay constancia de que el BBVA recurrió a Villarejo años después, entre 2012 y 2017, según la documentación publicada por eldiario.es. Los trabajos quedan reflejados en facturas con denominaciones genéricas y que no responden a uno de los principales encargos que recibió el policía acusado hoy de liderar una organización criminal: investigar a Ausbanc, la falsa asociación de consumidores de Luis Pineda, en prisión desde abril de 2016. El comisario llegó a monitorizar las actividades de 172 jueces y su relación con la falsa asociación de consumidores que atacaba al banco.
En la tanda de nuevas citaciones dictadas por el juez Manuel García Castellón también figuran Juan Asúa, en activo como asesor del actual presidente del BBVA, Carlos Torres; Manuel Castro, quien fuera jefe de Riesgos; y Eduardo Arbizu, director de los servicios jurídicos; Manuel Castro. El BBVA está imputado como figura jurídica. Otros directivos y exdirectivos han declarado ya ante García Castellón. El único que ha decidido aportar información ha sido Antonio Béjar, también antiguo responsable de Riesgos. Béjar reveló que el banco había contratado a Villarejo para localizar morosos.