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El juez del caso Villarejo pide un informe sobre los medios que publicaron contenido del móvil de la asesora de Iglesias

Iglesias llegando a la Audiencia Nacional para declarar como perjudicado por el caso Villarejo.

Europa Press

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha solicitado a la Unidad de Asuntos Internos que investiga el 'caso Villarejo' un informe sobre todos los medios de comunicación que publicaron noticias cuyo origen pudiera ser contenido del móvil sustraído en 2016 a Dina Bousselham, entonces asesora del líder de Podemos Pablo Iglesias.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juez responde así a una de las peticiones elevadas por la acusación que Iglesias y Bousselham ejercen en esta pieza separada del caso Tándem que investiga las actividades ilícitas del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, en cuyo poder se encontró un volcado del citado terminal.

En concreto, García Castellón, considera que “ha lugar” a la solicitud y libra oficio a la unidad investigadora para que “elabore informe de aquellos medios de comunicación que hayan publicado directamente y por fuente propia noticias que puedan derivarse del móvil sustraído” a la asesora.

El instructor amplía así el foco de la investigación por revelación de secretos que hasta ahora se centraba, por un lado, en Interviú, pues tanto el propio Villarejo como el presidente del grupo, el director editorial de la revista y su director han reconocido en la Audiencia Nacional que el volcado del móvil pasó por sus manos, si bien no vio la luz porque carecía de interés.

“Podría producir el efecto contrario”

Por otro lado, consta en las actuaciones que el digital Okdiario publicó en julio de 2016 una serie de pantallazos de una conversación entre dirigentes de Podemos que según las pesquisas, podría haber salido del móvil de Bousselham. Se trata de un chat privado en el que Iglesias realizaba comentarios sobre una presentadora de televisión.

De hecho, el juez envió a la policía a la redacción de este medio con un auto dictado el pasado 5 de abril para requerir “el material que tuviese a su disposición” de aquel terminal y trasladar a la dirección la orden de que “se abstuviera de difundir cualesquiera imágenes e informaciones obtenidas directamente o indirectamente de la extracción de datos del teléfono móvil de Dina Bousselham”.

En su última resolución, García Castellón rechaza no obstante obligarle a retirar los enlaces de las noticias antiguas, como también pedía Iglesias, en aras de “la proporcionalidad y el buen fin de la medida” que, en este caso, va dirigida a “la protección de la víctima” con el objetivo de “evitar el replique a través de otras páginas web y una mayor difusión de la noticia”.

“Lo cierto es que tras el requerimiento efectuado de prohibición de nuevas publicaciones no se ha constatado la alusión mediante enlaces de las noticias publicadas en el año 2016 y requerir ahora al medio digital la eliminación de los enlaces podría provocar el efecto contrario, esto es, una mayor difusión de dichas imágenes y noticias como consecuencia de la eliminación acordada”, señala el juez.

Elimina de la causa el resto del móvil

Incide además en que “no se constata que la restricción de la difusión de imágenes o información que fue ordenada el 5 de abril haya sido vulnerada” por Okdiario, ya que las noticias que Podemos señalaba como razón para ordenar la eliminación de los enlaces antiguos “son anteriores a aquella resolución” y en el juzgado no constan “nuevas desviaciones que permitan articular la pretensión solicitada”, de acuerdo al auto recogido por Europa Press.

Por otra parte, y con vistas a un futuro levantamiento del secreto sobre esta pieza, el juez acuerda en línea con lo solicitado por la acusación el “expurgo de la información y fotografías” del móvil de Bousselham que no sean “de interés alguno para la causa”, donde sí se mantendrá el pantallazo publicado por OKDiario ya que García Castellón considera este un contenido “relevante”. El objetivo, de nuevo, es evitar la difusión de contenidos que “podrían poner en riesgo la privacidad y seguridad de los perjudicados”.

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