Los nubarrones del bloqueo se ciernen otra vez sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el arranque de agosto y pese a que sus 20 nuevos vocales acaban de ser nombrados. Tras las dos primeras reuniones, su primera gran tarea, renovar la presidencia, provoca un desacuerdo total entre progresistas y conservadores y ambos sectores descartan que el siguiente encuentro, fijado para el próximo lunes, vaya a cambiar algo. El sector progresista aspira a que una mujer presida por primera vez el CGPJ y los conservadores se niegan alegando que la candidata propuesta tras las respectivas cribas, Pilar Teso, reúne menos méritos que su candidato, Pablo Lucas.
El curso de las primeras negociaciones ha hecho caer de forma súbita el telón de las buenas voluntades y ha dejado al descubierto el campo de batalla política que es el Poder Judicial. También ha puesto de manifiesto cómo el Partido Popular quiere controlar el CGPJ cuando tiene mayoría en el Congreso y también cuando carece de ella.
En el sector progresista de la judicatura se acogió con preocupación que el Gobierno cediera diez vocales a los conservadores, después de casi seis años de bloqueo en la renovación, porque el Partido Popular, cambiantes excusas aparte, no quería dejar de controlar el órgano de gobierno de los jueces, tal y como había hecho en sus cinco años de mandato fruto de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy y en los cinco siguientes en los que se negó a renovarlo.
La primera consecuencia de esa cesión se vive en estos días del primer CGPJ, donde los dos bloques actúan de forma rocosa y se cierran a la propuesta del otro. Que ambos tengan diez vocales explica la importancia que conservadores y progresistas dan a hacer presidente a uno de los suyos y que éste pueda en el futuro, y a la espera de cambios en la ley, decantar los desencuentros con su voto de calidad.
El último encuentro entre los 20 nuevos vocales del Consejo el pasado miércoles terminó sin acuerdo. También sin previsión de acercamiento entre dos posiciones que son irreconciliables, al menos por ahora, pese a que los dos candidatos reúnen un currículum similar, si bien es más extenso el de Pilar Teso en el plano judicial. La magistrada forma parte de la Sala Tercera del Supremo desde 2008 y accedió a la carrera en los años ochenta, mientras que Pablo Lucas ejerció como catedrático y técnico en el propio Consejo antes de acceder a la toga del Supremo, en la misma sala, nombrado por el órgano de gobierno de los jueces en 2001.
En el caso de que la próxima reunión vuelva a escenificar el bloqueo, el nuevo CGPJ mantendrá una o dos reuniones durante el mes de agosto, de forma telemática, para solventar asuntos de trámite, como licencias y permisos. Una voz del Consejo defiende, con todo, la tarea de los nuevos vocales y reclama que no se les exija un acuerdo que “los políticos han tardado cinco años en alcanzar”.
Nueva votación con siete candidatos
Los vocales volverán a reunirse el próximo lunes cinco de agosto para intentar desbloquear la situación, sin que por el momento ninguno de los sectores vea posible alcanzar un acuerdo antes de septiembre. Ante los dos empates sucesivos entre Teso y Lucas, el pleno tendrá que afrontar nuevas negociaciones y votaciones pero con los siete candidatos originales encima de la mesa. Candidatos que, a pesar de haber sido propuestos por algunos de los vocales, no han recibido ni un solo voto favorable, ni siquiera de los que propusieron sus nombres.
La terna de la facción progresista se completa con Ana Ferrer, la primera mujer en acceder a la Sala de lo Penal del Supremo y que ha formado parte del tribunal que sentenció el procés independentista catalán. También con Ángeles Huet, una de las últimas incorporaciones a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal en 2020.
En cuando a los candidatos conservadores, que tampoco han recibido ningún voto durante las dos primeras reuniones, se encuentran Antonio del Moral y Carmen Lamela, compañeros de Ferrer en la sala segunda, y Esperanza Córdoba, integrante de la sala tercera junto con Huet, Lucas y Teso.
La estrategia del sector conservador del órgano de gobierno de los jueces de condicionar al límite la elección de altos cargos tuvo su momento álgido a finales del año pasado, cuando los vocales de esta facción consiguieron que el sector progresista cambiara a su candidato para el Constitucional y en vez de José Manuel Bandrés la elegida fuera María Luisa Segoviano. Semanas de negociaciones y bloqueo en la que el sector conservador llegó a proponer a Pablo Lucas como magistrado del Constitucional, propuesta que se ha repetido en el debate para renovar la presidencia del Consejo General del Poder Judicial.
Pilar Teso es la única mujer que ha optado a presidir el órgano de gobierno de los jueces en sus cuatro décadas de historia. Hasta la fecha, todos los presidentes han sido hombres y todos sus rivales, cuando los ha habido, también han sido hombres. Teso fue propuesta por primera vez en 2013, cuando perdió la votación ante Carlos Lesmes con un Consejo de mayoría conservadora.