La votación sobre la inmunidad de Puigdemont atraviesa las negociaciones para formar Gobierno en Catalunya

La votación del informe del ponente del Parlamento Europeo sobre la inmunidad de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí atraviesa las negociaciones para formar Gobierno en Catalunya. Se trata de tres líderes independentistas y eurodiputados reclamados por el Tribunal Supremo por el referéndum del 1-O. Y, todo esto, una semana después de las elecciones del 14F que han dibujado geometrías variables: los números dan tanto para una investidura por la vía independentista, como en las últimas ocasiones –74 escaños–, si bien esta vez comandado por ERC por primera vez; como para una investidura por la vía de las izquierdas –83 escaños–, encabezado por el PSC, el partido más votado en las urnas.

En este contexto, llega este lunes a la comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) el informe redactado por el ponente del caso, el ultraconservador búlgaro Angel Dzhambazki (ECR, el grupo de Vox). El informe confidencial, adelantado por el diario ABC, fue repartido este miércoles entre los miembros de la comisión JURI y defiende el levantamiento de la inmunidad de los tres eurodiputados. En principio, los números apuntan a una mayoría en la comisión en ese sentido gracias a los votos de populares, liberales, ultraconservadores y socialistas.

Pero, ¿cómo puede afectar a las perspectivas de Salvador Illa (PSC) de lograr un pacto de izquierdas para el Gobierno de la Generalitat votar a favor del suplicatorio? Es cierto que ERC y la CUP tienen firmado un documento con Junts en el que descartaban dar sus votos para una investidura del candidato socialista. Pero también es verdad que no sería la primera vez que los políticos cambian de posición, y en ese empeño están tanto socialistas como los comunes de Jessica Albiach y Ada Colau. Y, en ese empeño, se atraviesa esta votación, prevista para el 23 de febrero en comisión –cuando se cumplen 40 años del golpe de Estado de Tejero– y entre el 5 y el 8 de marzo en la plenaria del Parlamento Europeo.

En el supuesto de que el pleno apruebe –basta con mayoría simple, y en principio la tienen PPE, S&D, Renew y ECR, aunque haya fuga de votos– el levantamiento de la inmunidad –que no la supresión de la condición de eurodiputados–, se reactivaría el caso de la euroorden ante la Justicia belga, paralizado tras la entrada en la Eurocámara de los líderes independentistas. A partir de ahí, el caso volvería a pasar a las manos del juez belga Jan Coopens, quien en primera instancia ya falló a favor del ex conseller Lluís Puig. Fallo ratificado en segunda instancia por la justicia belga por considerar que el Supremo no es el tribunal competente para el caso.

La sentencia de la Sala de Apelaciones belga concluyó: “Dado por un lado que Lluís Puig i Gordi no era diputado de ningún parlamento [estatal] y en principio debería ser juzgado por un tribunal catalán y, por otro lado, dado que el Tribunal Supremo español [estatal] se ha declarado repetidamente competente para juzgar a todos los coacusados sobre la base de la estrecha conexión entre los delitos imputados a cada uno de ellos sin que exista una base legal explícita para ampliar esta competencia, se constata que hay motivos fundados para creer que la ejecución de la orden de detención europea perjudicaría los derechos fundamentales del implicado”.

Eso sí, mientras esté activa la orden de detención europea, aunque fuera rechazada por la Justicia belga, nada garantiza a los tres que en otro país, como Francia, el juez de turno no resolviera en sentido opuesto y procediera a extraditarlos. Es decir, el levantamiento de la inmunidad y la reactivación de la euroorden puede afectar a la libertad de movimientos de los tres eurodiputados.

Fuentes del equipo de Puigdemont, Comín y Ponsatí cuestionan que se haya designado un solo ponente para los tres eurodiputados porque el reglamento recoge que debe haber uno “para cada expediente de inmunidad”, así como las implicaciones políticas y jurídicas que conlleva que sea un diputado que comparta grupo con Vox –pero también con los flamencos nacionalistas de la N-VA, aliados políticos de los independentistas en Bélgica–.

El ponente, además, participó en la primera visita de dirigentes de Vox al Parlamento Europeo, el día en que el secretario general del partido de extrema derecha, Javier Ortega Smith, gritó: “Puigdemont, a prisión”.

El PSOE se reserva, de momento, anunciar qué votará este martes en la comisión de Asuntos Jurídicos. “Nuestra posición es el respeto al Estado de Derecho”, dice la presidenta de los socialistas en la Eurocámara, Iratxe García: “Ya tendremos tiempo de decidir lo que vamos a hacer en relación con los suplicatorios”. El PSOE, de momento, aguarda al debate del lunes para comunicar su posición sobre el informe.

El argumento que utilizaron los tres eurodiputados en su declaración ante la comisión JURI en enero pasado, justo después de que la Sala de Apelaciones belga rechazara la euroorden de Puig, es que son víctimas de una persecución política. Así, la base de la defensa del equipo jurídico de Puigdemont, Comín y Ponsatí fue argumentar que se quiere impedir que ejerzan de eurodiputados a consecuencia de ello. También pusieron sobre la mesa que el Tribunal Supremo “no es un órgano competente” en todo ello –al igual que dictaminó la Justicia belga–, y que no se puede acusar a los tres eurodiputados de hechos que en otros países de Europa no existen o no son delito, y recuerdan que hay precedentes en este punto.

“Respeto al Estado de Derecho”, insiste García, “es la posición del grupo socialista”. ¿Y hay alguna interferencia entre este tema y las negociaciones en Cataluña en este momento? “Sinceramente”, afirma la presidenta del S&D, “no veo ninguna interferencia. Insisto en este tema, el Grupo Socialista tiene muy claro que su posición siempre es la defensa del Estado de Derecho”.

¿Pero la posición del grupo socialista y la delegación del PSOE es levantar la inmunidad? “Vamos por partes”, responde el jefe de la delegación del PSOE, Javier Moreno: “Y siguiendo los procedimientos como se han seguido para todas las suspensiones o amparos de inmunidad parlamentaria. En este caso no es diferente de los miles que ha habido antes”.