Yolanda Díaz: “Ahora toca activar el Gobierno y transformar la vida de la gente”

Es su primera entrevista en prensa tras dimitir de sus responsabilidades en Sumar después del mal resultado en las europeas. Yolanda Díaz (Ferrol, 1971) evita pronunciarse sobre los planes de futuro para su coalición y sobre los errores cometidos en esta campaña: “No me compete a mí hacer ese diagnóstico, sería irresponsable”. Asegura que su cultura política le obligó a renunciar pero también a dejar de influir una vez que ha presentado su dimisión: “Hay que saber entrar y hay que saber salir”.

Díaz sí reivindica su papel en la derrota de la derecha y la extrema derecha el 23 de julio del año pasado: “Sumar logró su objetivo, que era evitar un gobierno del PP con Vox”. Y pone en valor las políticas de Sumar, y medidas como la reforma laboral o las subidas del salario mínimo. Sobre la unidad de la izquierda en Francia, advierte que el contexto allí es distinto, no solo porque la izquierda no gobierna, sino porque en el Frente Popular francés también está el Partido Socialista.

¿Por qué decidió dimitir?

Porque en mi cultura política cuando las cosas van mal, los y las dirigentes tienen que asumir todas las responsabilidades . Estaba convencida de lo que estaba haciendo y actúe en consecuencia. En política hay que hacer estas cosas.

Usted tenía hasta ahora una triple responsabilidad: líder del Movimiento Sumar, su partido; líder de la coalición Sumar y vicepresidenta del Gobierno. ¿Cuál va a ser su papel a partir de ahora? 

Voy a dedicarme por completo al Gobierno de España y creo que les toca ahora a los compañeros y a las compañeras y a las formaciones políticas el diagnóstico de lo que ha pasado, les tocan las propuestas y sobre todo, abrir un camino de esperanza a nuestro país. 

¿Cuál fue el error de esta campaña electoral?

No me compete a mí hacer este diagnóstico. Tengo opinión propia, creo que si he tomado una decisión, que es dimitir, no es correcto que yo, cinco días después, esté opinando o diciendo lo que falló, lo que no falló o lo que debemos hacer. No puede ser que una persona dimita un lunes y el miércoles esté opinando y condicionando un espacio. Esto también forma parte de mi cultura política. Lo digo siempre: hay que saber entrar y hay que saber salir. 

Entiendo que no puede opinar de cómo va a ser a partir de ahora, pero de lo que se hizo anteriormente… ¿Cree, por ejemplo, que fue buena idea que Izquierda Unida quedara por detrás de Compromís en la lista?

No voy a entrar en esto porque estaría siendo poco responsable. E insisto: yo tengo opinión desde el 23 de julio hasta hoy, sobre todo el ciclo electoral, en 11 meses, cinco procesos electorales. Yo he decidido dar un paso a un lado y confío además completamente en todos los compañeros y las compañeras, les deseo la mejor de las suertes y en todo lo que pueda ayudar por mi país lo voy a hacer.

¿Descarta volver a ser candidata a las elecciones?

Es que no toca ahora. Lo que toca ahora es gobernar, generar esperanza, cambiar el país, modernizar España. Aquí me van a encontrar siempre. Cuando digo modernizar España es que quedan demasiadas tareas pendientes que tienen que ver con la vida de la gente. Lo que toca ahora es activar el Gobierno y transformar la vida de la gente.

¿Cuánto envenenan las redes sociales los debates en la izquierda? ¿Nota que influyen esos comportamientos tóxicos? ¿Son reconducibles?

No solo son las redes sociales. Estamos viviendo en un ambiente que es realmente tóxico. Lo llevo diciendo desde hace ya cuatro años: la estrategia de desestabilización de las derechas en nuestro país es clara y es deslegitimar a un Gobierno que es rotundamente democrático. Es deslegitimarlo con todo lo que tenga a su alcance, con fake news, con las redes digitales, con posiciones políticas que no tienen nada que ver con la política con mayúsculas. Es derribar al contrario. La política del odio es derribar a quien no piensa como tú. Es una concepción de la política que lo ha impregnado todo, pero Feijóo está aquí, no está en un diálogo constructivo, está en mentir deliberadamente y no parará hasta intentar tumbar al Gobierno de España.

¿Y en esa situación de polarización toda la responsabilidad es de la derecha o hay también responsabilidad en la izquierda?

Yo hablo de corrosión. Creo que esto no es polarización. Lo vengo diciendo hace cuatro años: no me van a encontrar en la corrosión. En la corrosión siempre ganan ellos y creo que es mucho más eficaz plantear una confrontación de políticas públicas y de datos. Yo vengo haciendo una posición desde el Gobierno que se ha popularizado en toda España, que es no entrar en el delirio de las posiciones de la derecha y de la extrema derecha en España, que ya son una, el proyecto político es único en este momento. No entro ahí por una razón: en el 'y tú más' van a ganar siempre ellos. Ellos tienen incentivos para la corrosión, porque de lo que se trata es de que la gente abandone la política. Todos los institutos demoscópicos nos dicen que el principal problema para la ciudadanía es la política, cuando la política tiene que ser un solucionador de problemas.

¿Cómo explica que un candidato ultra como Alvise Pérez tenga tres eurodiputados? ¿Es consecuencia de esa corrosión?

No me preocupa Alvise, me preocupa el Partido Popular. Alvise es el hijo digital del PP. Ahora se ha presentado escindido, pero recordemos que el Partido Popular se hacía eco de todo lo que hacía el señor Alvise. Por tanto, el problema no es Alvise, no es el dedo, es la luna. Y el problema es que el Partido Popular está en la estrategia Milei. Este es el problema que tenemos en España hoy.

Hemos llegado al agotamiento de la tesis política del Partido Popular. Hay una descomposición absoluta. La única tesis política que está dirigiendo el señor Feijóo desde que regresó de Galicia a Madrid es la corrosión institucional y democrática. ¿Cuál es? Derribar al Gobierno de España.

Ya les digo yo que tienen gobierno de coalición progresista para rato por algo fundamental. Primero porque es un gobierno legítimo que debería respetar el señor Feijóo, como demócrata, ya sabemos que no somos de su simpatía. Pero en segundo lugar, porque no tienen proyecto de país, salvo que no les gusta pagar impuestos y quieren políticas del dolor.

¿Está hablando con el PSOE para aprobar el paquete de regeneración democrática. ¿Qué medidas ha propuesto en este debate?

Estamos no solo hablando, estamos trabajando.

¿Y qué medidas han pedido incluir?

Tengo que ser prudente porque las estamos diseñando, pero hay dos bloques de medidas: medidas que tienen que ver con la regeneración democrática y luego la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

¿Puede haber renovación del CGPJ con el PP? ¿Confía en que pueda producirse?

Si tuviese la convicción que el Partido Popular quiere renovar el Consejo General, no me levantaría de esa mesa. No hay nada que indique que van a hacer esto. A los hechos me remito: llevamos cinco años. Creo que hemos sido claros. La propuesta es hasta final de mes y si no se renueva, hay que actuar. Por legitimidad democrática, por institucionalidad y por algo fundamental: a veces se piensa que el Consejo General del Poder Judicial es solo un órgano ejecutivo de gobierno de los jueces y las juezas en nuestro país. No es así, es que tiene que ver con la vida de la gente. Es que de ese organismo penden los derechos de las personas.

Y en caso de que no se renueve el CGPJ, ¿habría que cambiar la ley para modificar las mayorías? ¿Le preocupa que pueda tener oposición en Europa?

Me preocupa todo, claro que sí. El Partido Popular se rebela ante el mandato constitucional. Fíjese, estaba estos días releyendo las ponencias y el debate en España acerca de la reducción de la jornada laboral y si tapásemos la fecha del Boletín Oficial del Estado y de Las Cortes, diríamos 'estamos viviendo lo mismo'. Si ve usted y lee los debates del Boletín Oficial de las Cortes, las alusiones son de golpe de Estado, de no ser constitucionalistas. Bien, se están rebelando frente a la Constitución española y esto es muy grave. Por tanto, soy absolutamente defensora de explicarle a Europa todo lo que estamos haciendo. Es evidente. Lo que se haga va a ser absolutamente constitucional.

¿Cómo van las negociaciones sobre los presupuestos con el PSOE? ¿Qué prioridades van a plantear desde Sumar?

En el ámbito que me toca de coordinación del Grupo de Gobierno y del Grupo Parlamentario, ya he mandatado a todos los economistas de Sumar para hacer una propuesta política y creo que en poco tiempo tendremos una posición y nos sentaremos con el Partido Socialista a negociar. Nosotros no compartíamos carecer de presupuestos, sobre todo por un techo de gasto que se había elevado y que hoy supone un margen menor de 16.000 millones de euros. Y por tanto, desde ya mismo nos ponemos a trabajar en esta negociación.

De 0 a 10, ¿Cómo de grave es para usted el problema del acceso a la vivienda?

Diez. Lo resumo en una frase. Da igual que yo vuelva a subir el salario mínimo a la vuelta del verano porque se lo come todo la vivienda. Los retos de nuestra legislatura son la desigualdad, la vivienda y la jornada laboral. El tiempo de vida tiene que ver con la salud mental.

¿Por qué el problema de la vivienda ha empeorado en cinco años de gobierno de coalición?

Muy sencillo, primero, porque no estamos abordando la política de vivienda. Es una política fallida a lo largo de toda la democracia española. Todas las políticas que han practicado Partido Popular y Partido Socialista eran las mismas. Sustancialmente iban de la mano de generar una burbuja especulativa. La política era incentivar fiscalmente, es decir, a través de bonificaciones fiscales, y alejándose de las tesis europeas. ¿Qué hay que hacer en materia de vivienda? Primero actuar en lo inmediato y es bajar el precio de la vivienda. Hay muchas discusiones, sobre todo en la ortodoxia económica, si en la oferta o la demanda, que dicen es que esto no resuelve el problema, esto podemos compartirlo.

Ya no es un problema real de las grandes ciudades, ya no es Madrid, Barcelona, Sevilla... Ya es un problema que ha llegado a Coruña, a Vigo, a toda España. Es el grave problema. Ustedes daban una información científica que indicaba que el 50% de las personas que viven en arrendamiento tienen riesgo de exclusión social. Ese titular es brutal. Es el factor de desigualdad absoluto. Con carácter inmediato, hay que bajar el precio. Segundo, emprender políticas transversales que tienen que ver desde rehabilitación de viviendas que son, por cierto, generadoras de empleo, pero también [decidir] qué política pública hacemos con las viviendas vacías. ¿Cómo sacamos a lo público estas viviendas? Y tercero, la construcción de vivienda desde una perspectiva social. No se trata de fomentar un parque público de viviendas que se aleje de las políticas europeas. Lo que no tiene España es un parque de viviendas públicas de alquiler social. Esto es lo que nos hace sustancialmente diferentes al resto de los estados miembros europeos. Por tanto es una de las medidas de centralidad del Estado de bienestar.

¿Para usted es el problema más grave que tenemos ahora mismo?

Sí. Nosotros a la vuelta del verano vamos a hacer cambios en el salario mínimo. No solo vamos a subirlo, voy a transponer la directiva del salario mínimo, que como sabe, la he trabajado con muchos países y fue un respaldo fuerte en Europa, me siento muy orgullosa de haberlo hecho y esto va a tener cambios. Pero da igual que yo siga subiendo el salario mínimo si la vivienda sigue disparada.

Es verdad que tenemos una discrepancia con el Partido Socialista fuerte ahí. Primero bajar el precio. Segundo, el alquiler turístico y el de temporada. Son ahora mismo los factores que están operando como una auténtica burbuja especulativa. La política de subida de tipos de interés del Banco Central Europeo ha supuesto que en España las hipotecas de media se hayan revalorizado 400 euros al mes. Ahora toca actuar en la vivienda, en los arrendamientos y en las hipotecas. Aquí nosotros tenemos una diferencia sustancial con el Partido Socialista. Que el Partido Socialista quiera sacar adelante una ley del suelo con la derecha y con la derecha económica de este país es un problema.

Esta semana se ha abierto el debate sobre la financiación autonómica a raíz de la petición de Esquerra para la investidura de Salvador Illa. ¿Cuál es su posición desde Sumar respecto a esta financiación singular para Cataluña? ¿Qué habría que hacer?

Es clarísima, está en el acuerdo de Gobierno y lo vuelvo a decir, como retos de país, la financiación autonómica, que lleva caducada desde el año 2014. Esto es una vergüenza, está ahí en un cajón porque sí. Tenemos un libro blanco sobre la fiscalidad en España y está guardado en un cajón. La tarea pendiente es la reforma fiscal y es la financiación autonómica. Y son dos patas que caminan juntas. Y hablar de financiación autonómica no es hablar de otra entelequia o de metapolítica: es hablar de la sanidad, de la educación, de la dependencia, de servicios públicos que a día de hoy no están bien financiados. Es hablar de un mandato constitucional.

El Partido Popular se rebela de nuevo ante algo que tenemos que cumplir y que tiene que mejorar la vida de la gente. Conozco bien el diseño de la financiación autonómica y la evidencia es que la comunidad autónoma peor financiada en España es Valencia. Por tanto, necesita darle salida y tenemos que ir a hacer algo que es evidente: es que el Estatut de Catalunya ya habla de una financiación singular para Cataluña. Las normas hay que cumplirlas.

Es compatible la financiación singular del Estatut de Catalunya con dar financiación a la comunidad autónoma peor financiada y financiar bien a Andalucía, que tiene la mayor población de nuestro país, y financiar bien a comunidades como la gallega, que necesitan de la población ajustada. Porque en Asturias, en Cantabria, en Galicia, una plaza en un hospital público cuesta siete veces más que en Madrid. Estos elementos son conciliables, claro que lo son. La política está para esto. El follón que se ha montado es interesado.

Esta semana han anunciado que impulsarán la negociación para la reducción de la jornada laboral. ¿Cuáles son las líneas rojas del Gobierno?

El Gobierno no tiene líneas rojas, el Gobierno negocia. Pero fíjese, llevamos bastantes meses, hemos cerrado dos mesas de diálogo social, una recientemente con acuerdo bipartito, otra con acuerdo tripartito, que presentaremos la semana que viene con patronal y sindicatos. Vamos a ser un país pionero: por primera vez se ha dialogado durante más de cinco meses sobre los derechos fundamentales y la empresa que viene, que es una empresa moderna, los derechos de las personas LGTBI en el mundo de la empresa, el acoso y un montón de medidas más. Y ahora tenemos dos mesas abiertas, la de la jornada laboral y una muy importante que es la de la salud y la prevención de riesgos laborales, centrada por supuesto en riesgos oncológicos, en riesgos psicosociales... Los agentes sociales han pedido una negociación autónoma, bilateral y por supuesto, la han tenido. Y el pasado viernes los sindicatos han dicho que es imposible esa negociación bilateral, que el veto de la patronal española hace imposible avanzar.

Está híper estudiado que la reducción de la jornada aumenta la productividad. Cuando hablamos de desigualdad es que hay una tarea pendiente: la productividad española ha crecido desde el año 95 por encima del 15% y los salarios lo han hecho al 1,2%. Por tanto, la productividad de lo que va ahora es del reparto de la misma, que es desigual en términos salariales y en tiempo de trabajo. Por tanto, la reducción de la jornada tiene que ver con la vida de la gente. En un país que tiene problemas de salud mental, en el que la productividad no se ve mermada, muy al revés: cuando se reduce la jornada laboral se aumenta la productividad.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado que la decisión sobre la jornada laboral de 37,5 horas ya esté tomada y que, el día que cambie el Gobierno, pedirá que se modifique.

Es muy grave, porque, primero, el señor Garamendi se queda con las tesis de Vox. Ni siquiera el Partido Popular se atrevió a votar contra esta medida, entre otras, porque es la medida mejor valorada por la ciudadanía, se vote a quien vote. Me preocupa lo que ha dicho el señor Garamendi, que es que se mete en política. Y yo le digo a la patronal española que la patronal española no es quien pone o derroca gobiernos. Son los españoles en las urnas.

¿En España tiene previsto un refuerzo de medios y de personal para la Inspección de Trabajo?

Antes de las elecciones reforzamos la Inspección de Trabajo en más efectivos que en el acumulado de la democracia, más de 600 personas. Hemos incrementado el presupuesto por encima del 40%. Yo formo parte de un gobierno de coalición y tengo que negociar esto con la ministra de Hacienda [María Jesús Montero]. Hemos incrementado en personal, en materia presupuestaria y soy consciente de que queda muchísimo más por hacer, pero es un debate que tengo con la ministra de Hacienda.

La Comisión de Trabajo del Congreso rechazó en abril su propuesta para incluir a los sindicatos en los consejos de administración de las empresas. ¿Ha abandonado este plan? ¿Se puede sacar adelante con las dificultades que tienen la oposición de algunos de los socios habituales del Gobierno?

No abandoné este plan porque es un mandato constitucional. Hay grandes empresas públicas, por ejemplo, Navantia, que tiene este tipo de formulación. Y cuando yo llevé este debate en la Presidencia española a Europa era como un poco anómalo, porque son 18 los Estados miembros que no solamente llevan, como Alemania desde el año 76, con fórmulas de cogestión. Es un debate ideológico. No se está respetando el mandato constitucional. En el debate del viejo Estatuto de los Trabajadores Marcelino Camacho dijo algo muy bonito: “La democracia se queda en las puertas de las empresas en España”. Este debate es más viejo de lo que pensamos. Estamos viendo cómo fondos de inversión en cuestión de segundos deciden el futuro de empresas en nuestro país y los trabajadores y las trabajadoras no tienen derecho a decir nada.

Hace unos días aseguró que una empresa que tiene beneficios no puede presentar un despido colectivo. ¿Va a intentar legislar en ese sentido?

No es de mi competencia en términos administrativos, pero tengo opinión. Se está debatiendo ahora mismo en la Ley de Industria. Somos un país anómalo, no hemos legislado a lo largo de toda la democracia sobre la deslocalización. Esto es... empresas que se apropian de los espacios públicos, reciben multiplicidad de ayudas autonómicas, locales, estatales, practican dumping social...Se van estrictamente porque los costes laborales en Rumanía, Marruecos, Egipto... son más bajos. Pues estamos haciendo una batería de enmiendas a ese proyecto que tienen que ver con la deslocalización. Nosotros somos claros: no se puede dar un despido colectivo si hay beneficios. Es que nadie lo entiende. Es verdad que no hay acuerdo con el Partido Socialista, pero es de sentido común. 

En España el debate actual va de libertad. No es verdad que la derecha española y la ultraderecha sean liberales. Lo que quieren es apropiarse de los recursos públicos para unos pocos. ¿Qué ha pasado a lo largo de todo el neoliberalismo español y los 45 años de democracia? Pues efectivamente, que las grandes empresas españolas se apropiaban de recursos públicos, sin coparticipación ni corresponsabilidad en su país. De esto va la democracia, este mandato y para esto está Sumar, va de democracia económica en España.

¿Qué hay que hacer con los sectores públicos estratégicos? ¿Solo intervenir cuando hay crisis? ¿Lo que hemos vivido en Europa y en España en la pandemia, que yo fui artífice de esto, fue un elemento coyuntural? Yo creo que hemos demostrado cómo salir de una crisis, vimos que emergían las grandes deficiencias que teníamos en España, en la sanidad pública, en la educación pública de nuestros hijos e hijas... Necesitamos ingresos públicos, una gran reforma fiscal, una gran reforma de la financiación autonómica, pero necesitamos también decir que hay sectores estratégicos que son de todos y de todas, y que lo público tiene que estar. Lo digo porque este debate está siendo en la Ley de Industria y es verdad que Sumar moderniza España, vamos de avanzadilla en el planteamiento intelectual de los debates, pero el debate pendiente es la democracia económica en España. Y va de mejoras en el mundo del trabajo, de la reforma fiscal, de la industrialización de España. Y en esto es verdad que no hay acuerdo todavía hoy con el Partido Socialista. ¿Usted cree que es correcto que la SEPI dependa de Hacienda?

Lo lógico sería Industria.

¡Digo yo! Si uno dice 'quiero industrializar mi país y además quiero abordar la emergencia climática y la transición climática y quiero descarbonizar España y quiero también emprender políticas de igualdad en la emisión de CO2' -que existe, a pesar del negacionismo de la derecha y esto viene desde Rajoy y el primo de Rajoy, no es solo Vox-.

Antes decía que tras el verano iniciará una nueva negociación para volver a subir el salario mínimo interprofesional. ¿Qué pueden esperar para 2025 los empleados que cobran este mínimo?

Vamos a seguir subiendo el salario mínimo, vamos a mejorar el salario mínimo de conformidad con la directiva que hemos defendido en Europa. Voy a convocar a la comisión de expertos, como lo hago siempre, siguiendo la reflexión que hace la OCDE. Yo hubiera subido más el salario mínimo, pero es verdad que los expertos y las expertas han hecho una propuesta, la han razonado, discutido, y lo que tengo que hacer es respetar sus debates. Pero lógicamente vamos a seguir subiendo el salario mínimo en nuestro país. Yo creo que ya no lo discute nadie. Cuando yo vi en la OCDE, en París al director general de la OCDE, que no es sospechoso de ser un hombre progresista, proyectar las imágenes de nuestro país vinculando directamente el salario mínimo interprofesional a la reducción de la desigualdad… Es que creo que nadie discute esto ya. Por tanto, es la mejor herramienta para combatir la pobreza, para reducir la brecha retributiva.

¿Ve posible sacar adelante los presupuestos con esta situación en el Parlamento?

Sí.

¿Y cuánto tiempo puede aguantar el gobierno si no lo logra?

No me quiero poner en ese escenario. Vamos a negociar por encima de nuestras posibilidades. Pero creo que la disyuntiva en España es clara: tenemos la nada enfrente y tenemos un gobierno de coalición progresista y me va a permitir que le diga que me siento muy orgullosa de formar parte de él y va a seguir cambiando la vida de la gente en nuestro país. Y esta es la política. Así de claro. Hay que ensanchar la democracia ganando derechos.

¿Y cuanto tiempo tiene Sumar o el proyecto que venga después para recuperarse en el calendario? No hay elecciones en dos años, pero nadie descarta un adelanto electoral.

Como le dije al principio, por responsabilidad no me toca a mí decir esto. Lo que sí que digo es que Sumar tenía un objetivo el 23 de julio que usted recordará, reeditar el gobierno de coalición progresista.

Eso se logró.

Efectivamente. Hice campaña diciendo que teníamos que ser decisivos y decisivas para garantizar hoy el gobierno de coalición progresista, que la clave estaba para que no fueran Feijóo presidente y Abascal vicepresidente, la clave estaba en Sumar. Lo único que digo es que deseo aciertos, altura de miras.... La política es eso, subir el salario mínimo. No se transforma desde la esquina. Las medidas que llevo mañana (por el jueves) de permisos de lactancia, de mejora del personal de la cultura, los subsidios por desempleo, no son medidas desde la esquina. Es desde la mayoría social. Subir el salario mínimo es una medida que se ha convertido en la centralidad política porque va dirigida a la mayoría de la sociedad.

Reducir la jornada laboral afecta a 12 millones de personas trabajadoras en España y es una mirada radicalmente diferente, va a la mayoría social. Es que Pablo Bustinduy [ministro de Derechos Sociales] cuando dice que quiere una prestación por hijo a cargo de 200 euros hasta los 18 años, no está en una esquina. Quiere un país grande desde la mayoría social.

Yo no quiero un país en el que gobierne la extrema derecha y la derecha. Conozco muy bien a Feijóo. Los madrileños y las madrileñas y los españoles lo empiezan a conocer ahora. Feijóo es un radical en materia económica y en las políticas del sufrimiento. No quiero un país en el que gobierne la derecha. Me voy a dejar la piel para que no gobierne la derecha en mi país, desde el Gobierno de España. Pido altura de miras, que queramos un poco a nuestra gente y nuestra gente es un todo y nuestra gente es entender que le estamos subiendo el salario mínimo a mucha gente que vota al Partido Popular, pero si votan al PP a quienes subimos el salario mínimo es porque nosotros y nosotras no hacemos las cosas bien.

Una de las claves por las que Sumar logró ese éxito de reeditar el gobierno de coalición fue que hubo una unión en la izquierda. Ahora está rota. ¿Ve posible una reunificación a futuro?

Es que no va de unidad. No va solo de siglas, opera mucho más. Estoy convencida de que la segunda semana de la campaña de las generales, y el debate, fue clave. Lo que transmitimos fue un país que tenía futuro, que tenía esperanza, que Pedro Sánchez y yo claro que tenemos diferencias, pero nos respetamos en lo personal, nos respetamos en lo político, nos complementamos y somos capaces, teniendo diferencias, de proyectar un futuro, un horizonte de esperanza. Fíjese el debate que hay ahora mismo en Francia.

Le iba a preguntar por eso. ¿Qué le parece la unidad de la de toda la izquierda frente a la extrema derecha en Francia?

La situación política en Francia no es la misma que en España. Primero, porque aquí estamos en el Gobierno y segundo, porque allí el Partido Socialista está dentro de esa opción de Frente Popular. Luego debatiremos si es un Frente republicano o no lo es y todos los matices. Pero es verdad que no es lo mismo.

Entrevista completa a Yolanda Díaz

Vídeo: Nando Ochando y Javier Cáceres