El Ayuntamiento de Sevilla tiene menos de un mes para blindar su limitación a las casas de apuestas ante la amenaza de la Junta

Poco más de un mes, en concreto hasta el 18 de marzo, tiene de margen el Ayuntamiento de Sevilla para decidir si mantiene su intención de limitar las casas de apuestas en la ciudad. Esa es la fecha del pleno municipal correspondiente a ese mes, y justo un día antes expira la moratoria vigente desde hace más de un año que permite no conceder licencias a estos negocios, lo que significa que si en esa sesión plenaria no se aprueba continuar con esta iniciativa ya podrán abrirse nuevos establecimientos.

La cuestión es que seguir adelante supone echarle un pulso en toda regla a la Junta de Andalucía, que ya ha anunciado que recurrirá cualquier medida en esta dirección porque entiende que invade sus competencias. Desde el gobierno municipal hispalense se transmite que la intención es mantener la propuesta, pero que hay que blindarla desde el punto de vista jurídico y técnico para garantizar que no la tumbe el previsible recurso del ejecutivo andaluz. 

Un gobierno andaluz al que critica el grupo municipal Adelante Sevilla, que fue el motor de este proyecto, lo que no quita para que no las tenga todas consigo con respecto a la postura del equipo de Juan Espadas (PSOE). “Nos tememos que al final van a usar a la Junta para no continuar”, barrunta el portavoz adjunto de Adelante, Daniel González Rojas, por lo que les insta a “no achantarse, aprobar la modificación del PGOU y si lo recurren, que lo recurran. Hay que posicionarse y tomar partido”.

Pero a ojos del gobierno municipal, la cosa no es tan sencilla. Se insiste en que sí, en que la idea es tirar para adelante, pero siempre y cuando se encuentre la vía jurídica oportuna. El problema, se alega, es que, en respuesta a las consultas previas que se le hicieron, la Consejería de Hacienda y Financiación Europea fue muy contundente: impugnará cualquier modificación puntual de las normas urbanísticas que afecte al régimen de distancias mínimas, ya que lo entiende como una invasión de sus competencias exclusivas.

Ni un voto en contra

Y precisamente eso es lo que tenía en marcha el Ayuntamiento hispalense, una modificación de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para impedir a una casa de apuestas ubicarse a menos de 500 metros de un centro educativo, deportivo o de ocio para jóvenes, además de fijar una distancia mínima de 250 metros entre dos negocios de este tipo. La propuesta se aprobó en el pleno de diciembre de 2019 con los votos favorables de PSOE, PP y Adelante Sevilla, mientras que Cs y Vox se abstuvieron.

El equipo de gobierno socialista teme, más que la posible inseguridad jurídica que pudiera generarse, tener que pagar indemnizaciones a las casas de apuestas que están a la espera de abrir si al final el litigio se pierde en los tribunales. Aquí, subrayan, juega a la contra el que se ha recibido una advertencia expresa de la Junta, que además ya está actuando contra otros consistorios que han dado un paso en el mismo sentido.

Eso es precisamente lo que reclama Adelante Sevilla, seguir la senda ya abierta por ayuntamientos como los de Alcalá de Guadaíra y Cádiz, que han decidido mantenerse firmes pese a que la Consejería de Hacienda ya les ha comunicado que impugnará. Pero según el gobierno hispalense hay una diferencia sustancial: las advertencias les llegaron a estos ayuntamientos cuando ya habían aprobado en pleno las modificaciones de su PGOU, es decir, no contaban con un aviso expreso previo como el que ya recibió Sevilla.

Lebrija y Parlamento

A esto, Daniel González Rojas replica poniendo el ejemplo del Ayuntamiento de Lebrija, que el 8 de febrero aprobaba una iniciativa similar cuando la Junta ya había hecho públicas sus advertencias, por no hablar de que el propio PSOE está haciendo bandera de esta cuestión en el Parlamento andaluz. Y, por encima de todo, considera que la medida se apoya en dos competencias municipales, urbanismo y salud, ya que el propio Servicio de Salud del Consistorio sevillano emitió un informe respaldando la iniciativa ante el incesante aumento de casos de ludopatía que se está produciendo.

Todo ello, por no hablar de “la extorsión y el ataque al municipalismo” que, a su juicio, supone el aviso recibido sin que todavía se haya aprobado nada. Hay que plantear batalla, insiste, y si como mal menor hay que retrasar la decisión hasta el pleno de abril, pues se hace. La pelota está ahora en el tejado del gobierno municipal, que insiste en que quiere, pero que va a medir mucho los pasos pese al poco tiempo que queda. La respuesta a esta carrera contra el reloj, en pocas semanas.