El Ayuntamiento de Sevilla tumba cuatro proyectos de pisos públicos compartidos al no considerarlos rentables

Cuando no llevaba ni un mes en el Ayuntamiento de Sevilla, el alcalde José Luis Sanz (PP) ordenaba paralizar un proyecto de alojamientos colaborativos protegidos (lo que se ha dado en llamar 'cohousing' o 'coliving') en la calle García Ramos, en pleno centro de la capital. Había que rehabilitar un edificio, y para ello ya se había iniciado la licitación e incluso se contaba con una subvención estatal, pero se frenó con el argumento de que había que estudiarlo mejor para garantizar su viabilidad económica. Ahora se ha certificado su defunción pero no está solo, porque se han unido otras tres promociones similares y con la misma justificación: no son económicamente rentables.

A pesar de utilizar este argumento exclusivamente económico para viviendas que son públicas, el gobierno local asegura que no reniega de este modelo colaborativo. En este sentido, anuncia que va a proceder a una modificación del Plan Municipal de la Vivienda de Sevilla (PMVS) no sólo para fulminar estos proyectos, sino también para desarrollar otros nuevos de 'cohousing'. Eso sí, también se avanza que se van a “dejar sin efecto” otras actuaciones adicionales incluidas en el Programa de Alojamientos Colaborativos, no sólo las cuatro ya sentenciadas.

El de García Ramos preveía 11 alojamientos colaborativos con 58 plazas en régimen de alquiler destinadas sobre todo a jóvenes, y ahora, tras un análisis de rentabilidad, el gobierno local ha decidido que paraliza definitivamente la iniciativa. La misma suerte van a correr otros tres proyectos de similares características, ubicados en Torneo (con una previsión de tres alojamientos), Lumbreras (31) y Espíritu Santo (9). En total son 54, todas viviendas protegidas y en magníficas zonas del centro de la ciudad.

Tumbadas por falta de rentabilidad

La encargada de impulsar estos proyectos era Emvisesa, la empresa municipal de la vivienda, que recibió para ello la concesión demanial directa y gratuita de estos inmuebles durante 75 años. Para ello, las actuaciones contaban con financiación por varias vías y hasta subvenciones del Plan 20.000 del Gobierno central (945.000 euros en conjunto), pero antes de iniciar el procedimiento ha procedido a un estudio de rentabilidad que las ha tumbado.

En su análisis, señala que el coste total de construcción y mobiliario (IVA excluido) es de casi 10,7 millones de euros, con un coste medio de 2.958 euros el metro cuadrado. Una estimación, se apunta desde el gobierno local, que tiene el riesgo de incrementarse “dada la incertidumbre que conlleva la ejecución de la rehabilitación de viviendas”.

En cuanto a la renta que iban a asumir los inquilinos, la media mensual se calcula en 384 euros, con sensibles diferencias entre lo que habría que pagar en el proyecto de Espíritu Santo (180 euros) y García Ramos (598). De paso, y para calcular los ingresos, Emvisesa incide en que estas previsiones se hacen en un escenario en el que la ocupación está completa –en otros estudios se hace con un porcentaje en torno al 85-90%– y en el que además no hay impagos, para la que suele tomarse como referencia entre el 10 y el 15%.

“No es viable” por no cubrir costes

“Aún con esta hipótesis” optimista, defiende el gobierno local, se obtiene una rentabilidad global sobre la inversiones de las cuatro actuaciones del 2,85%, “resultados claramente inferiores a los necesarios para la devolución del servicio de la deuda de la financiación solicitada para acometer las obras”. Así las cosas, el análisis concluye que la ejecución de estos proyectos “no es viable dado que ni siquiera se cubren los costes de los mismos”, una rentabilidad que sería “aún más insuficiente” si Emvisesa aplicase las hipótesis de partida habituales.

A la cuestión económica, el equipo de gobierno añade otro argumento para desistir de estos proyectos, y es que da por hecho que puede haber problemas legales. Para ello se apoya en que la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) presentó en su día alegaciones a la primera modificación que se introdujo en el Plan Municipal de la Vivienda. Si bien fueron desestimadas, “ello no es óbice” para que impugne o recurra dichas actuaciones ante las instancias pertinentes, “tal y como anunciaron en su escrito de alegaciones”.

La renuncia a estos proyectos de 'coliving' viene a coincidir con la reciente derrota del PP en el último pleno municipal, en el que el resto de grupos (PSOE, Vox y Podemos-IU) tumbó la aprobación de un proyecto de 58 viviendas protegidas compartidas en régimen de alquiler en la calle Parque Sierra Castril con destino a colectivos vulnerables. La oposición expresó entonces sus “dudas” ante la posibilidad de crear “un gueto” junto al núcleo chabolista de El Vacie, lo que negó el gobierno local esgrimiendo que estaban pensadas para madres solteras que no pueden pagar un alquiler, personas que han salido del sinhogarismo o afectados por un incendio.