Cuidados de emergencia al ficus centenario de Sevilla, que resiste vivo mientras aguarda su destino final

El ficus centenario cuya tala, frenada en última instancia por un juez, ha generado una intensa polémica esta semana en Sevilla sigue vivo pese a la desoladora imagen que ofrece después de que se le han arrancado todas las ramas. En las últimas horas, y en aplicación del mandato judicial, está siendo objeto de cuidados para garantizar una supervivencia que se da por hecho (con las debidas atenciones) desde un punto de vista biológico, aunque su destino real se dirime en el juzgado que detuvo la tala de manera cautelar pero que ahora se tiene que pronunciar sobre la cuestión de fondo.

El ficus de la parroquia de San Jacinto, del que se tiene constancia al menos desde 1913, es uno de los símbolos verdes de un barrio que le ha puesto sobrenombres que van del abuelo al árbol gordo de Triana. Ahora lucha por seguir con vida tras más de dos días de trabajos agresivos para derribarlo, que han reducido su majestuoso porte de 24 metros a menos de la mitad, convertido en un muñón sin brazos pero que, según los expertos, todavía es recuperable aunque puede que nunca vuelva a lucir de forma tan esplendorosa como antes. Para salvaguardar lo que queda se ha colocado arpillera en las superficies de los brazos para protegerlos del calor, se están regando las raíces y se están aplicando cicatrizantes.

Estas medidas eran reclamadas por las entidades que han puesto el grito en el cielo para que no se mate al centenario árbol, que de hecho las incluyeron en una solicitud de ampliación de las medidas cautelares presentada en el juzgado. En la misma instaban a la protección de la albura contra las quemaduras, programando unas pautas de riegos generosos en hondura y con frecuencias marcadas por la evolución meteorológica, e incluso con un abonado con algún fortificante de origen biológico.

Todo ello, sin embargo, puede ser como la última cena del condenado a muerte, porque la paralización cautelar de la tala no garantiza su futuro. Ahora los dominicos que regentan la parroquia propietaria del ejemplar presentarán los argumentos que le llevaron a pedir la eliminación del árbol, como también hará el Ayuntamiento de Sevilla para justificar por qué concedió la correspondiente licencia para su apeo. Las razones son dos en esencia: la seguridad de los viandantes (el Consistorio aduce que desde 2016 se ha producido una veintena de caídas de ramas, lo que ha provocado heridos graves) y la protección de la iglesia de San Jacinto, un Bien de Interés Cultural (BIC).

Guerra de informes

Las entidades conservacionistas que están dando la batalla para salvar al árbol no niegan ni lo uno ni lo otro, pero por lo pronto insisten en que se permita a expertos independientes estudiar la situación para analizar las condiciones del ejemplar y su afectación real al templo. De paso, reiteran que se pueden estudiar fórmulas para minimizar los riesgos, y en este sentido recuerdan que ni se ha barajado algo tan elemental como la colocación de pérgolas protectoras.

A la espera de la decisión final del juez, al gobierno local no dejan de caerle críticas por su actuación, por mucho que alegue que no es el propietario del árbol y que son los dominicos los que han tomado la decisión de talarlo. Eso sí, argumenta que concedió la correspondiente licencia para ello ante el mal estado del ficus: pudriciones internas, falta de estabilidad de las ramas, presencia de numerosos hongos xilófagos... La situación vendría a ser consecuencia de las podas drásticas que ha ido sufriendo a lo largo de su historia y del entorno en el que se desarrolla este ejemplar, que se ubica en una plazuela elevada sobre el nivel de la calle, “algo que le confiere un efecto maceta impropio para el correcto desarrollo de un árbol de estas características y tamaño”, apunta el informe de los técnicos municipales de Parques y Jardines.

El Ayuntamiento insiste en que el estado que presentaba hacía que el árbol fuese “peligroso” ante episodios de vientos y periodos de sequía prolongados y altas temperaturas. En cuanto a su impacto en la iglesia, el uso de un georradar detectó la presencia de raíces en el interior de la parroquia, “lo que hace presumir que los cimientos del edificio han llegado a ser traspasados por el sistema radicular del árbol”. Es decir, no se da por hecho, aunque los técnicos consignaron dos cuestiones: el posible daño en la cimentación “deberá ser evaluado y dictaminado por un facultativo experto en edificaciones, pero a priori se estima no es algo conveniente para la conservación futura del edificio”.

El informe municipal también subraya que el ficus, en su estado, “supone un notable peligro potencial para las personas y usuarios que transitan en el cruce de calles existentes bajo su copa”. Eso sí, apunta a unos responsables directos de que se haya llegado a esta situación, la comunidad dominica, ya que “se trata de un árbol que requiere de una supervisión técnica y control especializado y constante que, por parte de los actuales gestores y propietarios del espacio, no se está llevando a cabo”.

Pese a que el documento aparentemente deja más de una puerta abierta, dos meses después (el pasado mayo) el director general de Medio Ambiente, Parques y Jardines municipal, Fernando Mora-Figueroa, respaldaba la petición de los dominicos de derribar el ficus en el último informe que se emitió previo a la concesión de la licencia de tala. “A pesar del alto valor paisajístico que sin duda tiene el ejemplar”, apoyaba el apeo ante “la imposibilidad de garantizar totalmente la seguridad de las personas que transiten bajo la copa por muchas medidas que se tomen”. Pese a la recomendación del primer informe, ningún experto en edificaciones analizó la situación.

Daño reputacional al gobierno local

Aquí es donde los conservacionistas reclaman que sea el Ayuntamiento hispalense el que, de manera subsidiaria, se haga cargo de estos trabajos, presentándole después la factura a la parroquia. Así lo ha hecho el gobierno local ya en alguna ocasión, sobre todo después de que en marzo de 2021 la caída de una rama de enormes dimensiones hiriese a seis personas, una de ellas de gravedad. La parroquia, por su parte, se escuda en que no tiene recursos para afrontar los cuantiosos gastos que supone mantener en buenas condiciones un árbol que “se ha convertido en un cáncer que crece de forma desmesurada en el lugar menos adecuado, aunque algunos sigan pensando que es como un bonsái que podemos manejar a nuestro antojo”, tal y como rezaba el comunicado emitido por la comunidad parroquial.

Aunque hace ya meses que se aprobó la eliminación del ejemplar y se conocía lo que iba a ocurrir, los acontecimientos se precipitaron el pasado martes, cuando empezó la tala de manera efectiva. Activistas subidos al árbol y obligados a bajar por los bomberos, otros encadenados a la reja de la parroquia, gran despliegue policial y una enorme repercusión mediática que ha propiciado un importante daño reputacional del gobierno local hasta el punto de que el alcalde, Antonio Muñoz (PSOE), se enfrenta a su primera crisis real desde que asumió el cargo el pasado mes de enero, desplazando incluso a la letanía de denuncias por la suciedad de la ciudad que se ha convertido en el principal reproche a su gestión.

Las entidades conservacionistas insisten en poder estudiar directamente la situación, ya que el informe reclamado por el juzgado lo va a firmar el servicio municipal de Parques y Jardines. En su solicitud de ampliación de las medida cautelares, alegan que hacen falta técnicos independientes porque “por parte del Ayuntamiento de Sevilla ha habido una manifiesta voluntad de burlar la acción de la justicia y con ello se ha producido, en consecuencia, la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva”.

Todo esto se ha traducido en más denuncias, empezando por la de Emilio Carrillo, que llegó a ser vicealcalde de Sevilla en la etapa de Alfredo Sánchez Monteseirín, que considera que el gobierno local ha incurrido en un “delito de desobediencia” por permitir que los trabajos se aceleraran cuando ya se estaba pendiente de una resolución judicial. Hay amenazas de interponer más denuncias, peticiones para que dimita el delegado de Medio Ambiente y la reclamación unánime por estos colectivos de que el Ayuntamiento revoque la licencia concedida para la tala.

A favor y en contra

La cuestión es más poliédrica de lo que pueda parecer, ya que la decisión de los dominicos ha sido respaldada por hasta una treintena de entidades de Triana, incluidas las hermandades del barrio, algunas de las cuales no han mantenido históricamente la mejor de las relaciones con la parroquia. La decisión de talar el árbol, de hecho, se abordó el año pasado en un pleno del distrito, en el que están todos los grupos municipales y representantes de entidades trianeras, obteniendo un respaldo casi unánime: 18 votos a favor y una única abstención, la de Podemos. La comunidad parroquial también ha apoyado la medida.

Todas las partes coinciden en que es doloroso derribar un ejemplar de este porte, con sus 24 metros de altura y un tronco con un diámetro de entre tres y cuatro metros, lo que supone un perímetro de alrededor de 10 metros. Y todas las partes coinciden también en que un ficus no puede plantarse en un enclave urbano y junto a edificios, porque la frondosidad de sus raíces acaba provocando problemas. Pero lo cierto es que lleva ahí alrededor de 110 años, lo que ahora supone una bendición para unos y un quebradero de cabeza para otros. Mientras tanto, el muñón de lo que fue este coloso intenta sobrevivir mientras espera que el juez dicte su suerte final.