El Defensor del Pueblo estatal apremia a Interior (otra vez) para evitar daños y tortura en la cárcel de Morón
Celdas de sujeciones mecánicas, correas, aplicación de medios coercitivos, lesiones, defensas de goma, aerosoles, crisis psicóticas, autolesiones sin finalidad suicida, malos tratos, cámaras de videovigilancia. El último informe del Defensor del Pueblo español para sugerir mejoras en el centro penitenciario Sevilla II, ubicado en Morón de la Frontera, responde más al atrezo de una película de miedo que a un penal para personas condenadas.
Una visita sin previo aviso de técnicos de la Defensoría los pasados 23 y 24 de mayo de 2017, dos años y dos meses después de la anterior (9-10 de marzo de 2015), trató de comprobar el grado de cumplimiento de las sugerencias ya realizadas, muchas de ellas en la misma línea de evitar la aplicación de medios coercitivos, si bien algunas de las cuales parecen haberse aceptado por parte de la Administración. El caso es que, a tenor de las sugerencias realizadas, el uso de ese tipo de medidas represivas sigue estando presente en el centro, o bien se han de revisar los criterios establecidos.
El Defensor abogan en esa línea por investigar los “incidentes de los que se derivan lesiones y de las denuncias formuladas por los internos”, y solicita a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, entre otras muchas cuestiones, adoptar las medidas necesarias para “la instalación de cámaras de videovigilancia con sistema de grabación en los cuartos de cacheo”.
El objetivo es “prevenir los malos tratos” y también advertir “las denuncias falsas” en una cárcel especialmente conflictiva en cuanto a este tipo de situaciones, sobre las que, hace unos meses, también por escrito, el Gobierno central se ponía de perfil. Es la cárcel con más muertes de España (12 en 2015), según el último informe de la propia institución del Defensor del Pueblo.
Respecto a la grabación de las imágenes y de audio por el sistema de videovigilancia instalado en las celdas de sujeciones mecánicas, instaladas finalmente por Interior, el Defensor sugiere “asegurar” que dicho sistema “permita la grabación de las imágenes y, de ser posible, el audio, debido a la alta frecuencia de la aplicación de sujeción mecánica con correas en este centro”, según insisten.
No obstante, según informaciones recientes del Gobierno, la aplicación de medidas de contención mecánica en el centro se redujo prácticamente a la mitad en 2016 respecto al año anterior, al menos en lo que se refiere a medidas de temporalidad prolongada (correas homologadas).
En muchas de sus respuestas a la visita de 2015, el Gobierno se limita a advertir de que “se ha instado a la Dirección del centro a llevar a cabo una revisión interna de los supuestos”, si bien el Defensor insiste en muchos de los aspectos ya sugeridos. Respecto a esta visita de 2017, fuentes de Instituciones Penitencarias señalan a este periódico que sus técnicos responderán debidamente al Defensor del Pueblo atendiendo a sus sugerencias sobre Sevilla II.
Denuncias de malos tratos
La institución, en su condición de Mecanismo para la Prevención de la Tortura, lleva la mencionada petición de videovigilancia a la sala de cacheos pero con “un mecanismo de seguridad para preservar la intimidad de los internos, de forma que tales imágenes no podrían ser visionadas directamente, pero sí almacenadas para el caso de que fuera necesario su examen ante una hipotética denuncia en sede administrativa o judicial”.
Respecto al esclarecimiento de los incidentes de los que se derivan lesiones y de las denuncias formuladas por los internos, desveladas por abogados, por APDHA o por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, el Defensor solicita “disponer los medios técnicos y normativos efectivos que permitan una correcta investigación por los servicios internos especializados”. Incluso propone crear una base de datos en la que los centros penitenciarios puedan volcar más información sobre los procedimientos de investigación realizados ante denuncias de malos tratos.
Entre las conclusiones de su visita del pasado mayo, el Defensor también sugiere dar indicaciones para que se realice siempre un examen médico con carácter posterior a la sujeción mecánica, de modo que quedase constancia de que no se han producido lesiones durante o como consecuencia de la medida, de conformidad con lo señalado en la 'Guía de buenas prácticas en contenciones mecánicas en centros penitenciarios', elaborada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
Medidas con testigos
En esa línea también solicita asegurar que los jefes de servicio estén siempre presentes en la aplicación de medios coercitivos, dirigiendo la forma de llevarlos a cabo, así como impartir indicaciones para que la aplicación de las sujeciones mecánicas con correas homologadas de carácter regimental se lleve a cabo decúbito supino (boca arriba). También se pide revisar los criterios y la necesidad del uso de las defensas de goma como medio coercitivo.
Asimismo, el Defensor en su informe quiere que el Gobierno dé las indicaciones oportunas para que quede garantizado que no se realizan sujeciones mecánicas a
internos con trastorno mental grave, estén o no en fase aguda, por el elevado riesgo de que el aislamiento desencadene crisis psicóticas o descompensaciones de
trastornos preexistentes.
El Defensor también solicita poner en marcha medidas concretas para abordar, desde una perspectiva pluridisciplinar, el problema del alto número de autolesiones sin finalidad suicida que se producen en el centro, además de efectuar un especial seguimiento del uso de los 'aerosoles de acción adecuada', “un medio coercitivo de alta intensidad”.
En otro orden de cosas se insta al Gobierno a “subsanar las carencias de personal del centro”, especialmente en lo que se refiere a las áreas de tratamiento y sanitaria. “Se está tramitando un procedimiento de nombramiento de funcionarios médicos interinos”, respondió el Gobierno tras la visita de 2015. A tenor de la insistencia del Defensor, el centro sigue padeciendo ese déficit de personal.
