Zoido contrató sin publicidad cinco años seguidos para Mercasevilla a los mismos abogados del PP en el caso ERE
El Ayuntamiento de Sevilla, dirigido por el popular Juan Ignacio Zoido entre 2011 y 2015, contrató durante esos años para la asesoría jurídica de Mercasevilla, participada mayoritariamente por el Consistorio hispalense, al mismo bufete de abogados que representa al PP como acusación en el caso de los ERE y que ha representado a la propia Mercasevilla en causas judiciales que afectan a la sociedad. Los cinco contratos suscritos entre el Consistorio y Mercasevilla (en 2011 como contrato menor y el resto como procedimientos negociados sin publicidad) se adjudicaron por un valor total de 240.000 euros. El bufete representa o ha representado al PP en otra cusas abiertas en los juzgados sevillanos, como el caso de la formación o Invercaria.
Zoido, en su propio nombre, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, han ejercido la acusación popular en el caso de los ERE, unas diligencias en las que también parte Mercasevilla como acusación. En los tres casos (Zoido, Sanz y Mercasevilla) también coincide el mismo procurador, aquel que anecdóticamente suscribía el escrito del PP en el que se oponía al archivo del caso contra Manuel Chaves “Nogales”. Incluso Zoido estuvo personado a título particular en la causa de Mercasevilla y se retiró cuando se personó la sociedad gestora del mercado central de abastos, inmersa en varias causas judiciales.
Fue en aquel momento cuando Mercasevilla contrató a los mismos abogados que tenía Zoido a través del citado contrato menor (de 17.000 euros), de forma directa y sin concurrencia. El resto de contratos anuales fueron de 51.000 euros (en 2012) y de 57.000 euros en 2013, 2014 y 2015. Uno de los abogados que da nombre al bufete, Luis García Navarro, fue diputado provincial del PP y actualmente es secretario adjunto del Consejo de Administración de RTVA por parte del PP andaluz.
En los expedientes para contratar durante esos años los servicios del bufete García Navarro & Fuster Asociados, a los que ha tenido acceso este periódico, constan las ofertas de otros dos bufetes que aspiraban a los contratos, en todos los casos ligeramente superiores al elegido por Zoido en octubre de 2011 (cinco meses después de ser nombrado alcalde) y en los meses de febrero de los cuatro años siguientes.
Diferencias mínimas entre ofertas
Según consta en la invitación elaborada por Mercasevilla para presentar oferta de honorarios relativos al contrato de prestación de servicios profesionales de asesoramiento legal, el importe máximo de adjudicación fue, en el caso de 2012, de 59.999 euros, cifra máxima para este tipo de procedimientos sin publicidad. Las invitaciones se lanzaron apenas unos días antes de la fecha de contratación. Las sucesivas ofertas del bufete García Navarro & Fuster se registraban siempre apenas dos o tres días antes de la adjudicación.
Según ha comprobado eldiario.es/andalucia, las ofertas más altas se correspondieron siempre con el bufete Piñeyro García-Quílez (58.000 euros en 2012 y, durante los años siguientes, exactamente la misma cantidad: 59.900 euros). En todos esos casos, la oferta ganadora fue la del bufete García Navarro & Fuster Asociados por valor de 57.000 euros (años 2013, 2014 y 2015), salvo en 2012 en que la adjudicación fue de 51.000 euros. El otro bufete aspirante, Sanguino Asociados, ofertó 58.000 euros los años 2013 y 2014, y 59.040 euros en 2015.
Los otros aspirantes, también en Mercasevilla
El bufete de García Navarro & Fuster fue uno de los cinco que el gobierno del PP contrató en Mercasevilla al inicio de su mandato junto a Garrigues, Ernst & Young, Sanguino Asociados y Piñeyro García-Quílez Abogados, según informó en su momento El Mundo. Un contrato negociado exige tres ofertas y, durante cuatro años seguidos, en el expediente para contratar esos servicios de asesoría legal constan las ofertas realizados por otros los dos últimos bufetes mencionados que, casualmente, también fueron contratados para Mercasevilla, según aquella información. Esta situación se mantuvo hasta octubre de 2015, apenas cuatro meses después de la derrota de Zoido en el Ayuntamiento, cuando Mercasevilla designó nuevo abogado.
El procedimiento negociado es uno de los procedimientos de adjudicación de los contratos administrativos, cuyo régimen jurídico viene establecido por la Ley de Contratos del Sector Público, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Se trata de un procedimiento heredero de la antigua adjudicación directa, que en este caso recae “en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos”.
Este procedimiento negociado es de utilización excepcional, pues supone una excepción del principio de concurrencia y en buena medida, del de publicidad (principios básicos y fundamentales del derecho de la contratación pública). Por esta razón, el artículo 138 no incluye al procedimiento negociado entre los de utilización ordinaria (como lo son el abierto y el restringido). El procedimiento negociado es, en cambio, de utilización extraordinaria y restrictiva, limitada a los supuestos expresamente tasados por la Ley.
