Los funcionarios juzgados por la mina de Aznalcóllar alegan derechos “vulnerados” y acusan a Alaya de “extralimitación”

El juicio por las presuntas irregularidades en la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar a la agrupación empresarial México-Minorbis ha llegado por fin a la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla diez años después de aprobarse aquel concurso público internacional. En la primera sesión de cuestiones previas, las representaciones legales de los funcionarios públicos que formaron parte de la mesa de contratación y de la comisión técnica, así como las defensas de las otras seis personas acusadas (entre ellas la exdirectora general de Minas de la Junta María José Asensio), han argüido la “vulneración” de derechos fundamentales (libertad, defensa e intimidad) durante el doble proceso de instrucción que reabrió la jueza Mercedes Alaya, a la que han acusado de “extralimitación” en sus competencias en el modo de resolver desde la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, como ponente, recursos de apelación interpuestos por las acusaciones.

Es de recordar que el caso fue archivado por dos veces por el juzgado y en otras tantas ocasiones fue reabierto por la jueza Mercedes Alaya, instructora varios años de la macrocausa de los ERE fraudulentos de Andalucía y que resolvió en la Audiencia los recursos de Emérita Resources España SLU, que perdió el concurso promovido por la Junta (entonces en manos del PSOE) para la explotar la mina, cerrada después del conocido desastre medioambiental de 1998. Durante la instrucción, la Fiscalía de Sevilla solicitó hasta siete veces que fuera archivado al no haber apreciar delito alguno en un asunto en el que Emérita Resources ejerce la acusación particular, Ecologistas en Acción ejerce la acusación popular (ambas piden la nulidad de la adjudicación) y la Junta de Andalucía, que defiende a los funcionarios acusados, responde también como posible responsable civil subsidiaria en el caso de condena como ha pedido una tercera acusación, la sociedad Andalucía Mining.

Precisamente la abogada Encarnación Molino, que defiende a los integrantes de la mesa de contratación, y previamente el abogado Luis Aparicio, ha expuesto una posible “vulneración de principio acusatorio” ya que entiende que la Junta de Andalucía, o en su caso la Fiscalía de Sevilla, tendrían la potestad para ejercer la acusación en la causa, por lo que ha aludido a una “falta de legitimación” de las acusaciones para poder ejercerla.

“Una injusta pena de banquillo”

Tampoco ha perdido ocasión para acusar a la Audiencia de Sevilla, como han hecho las defensas estos años atrás, de establecer “juicios valorativos” o “exceso competencial” durante el proceso judicial al rechazar los sobreseimientos decididos por el juzgado en las dos instrucciones llevadas a cabo. “Una injusta pena de banquillo”, ha concluido la letrada, en cuyo informe ha recordado la petición de “nulidad de las actuaciones” instado en su momento por las defensas y que la ponente Alaya rechazó.

El juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental (la Audiencia descartó cohecho) que ha arrancado este lunes se alargará hasta el mes de julio tras las 40 sesiones que están previstas. Actualmente, el proyecto de reapertura de la mina está en manos de la entidad Minera Los Frailes, sociedad instrumental de la alianza empresarial de Grupo México y Minorbis.

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla presidida por Alaya ordenó reabrir la causa en el otoño de 2019, como ya hizo hace tres años, al imputar a Vicente Fernández, hoy acusado y por entonces secretario general de Industria de la Junta, y que fue presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el Gobierno español presidido entonces en funciones por Pedro Sánchez. Previamente, el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, comandado por Patricia Fernández Franco, archivó el caso en marzo de 2019 por segunda vez (ya lo hizo en noviembre de 2015).

Un largo proceso judicial

La causa, recordémoslo, deriva de la impugnación de la resolución del concurso internacional promovido por la Junta para adjudicar los derechos de explotación de la mina. Al citado concurso concurrieron la agrupación empresarial México Minorbis, participada por la andaluza Magtel (los hermanos empresarios López Magdaleno están acusados, aunque hoy ausentes), y Emerita-Forbes Manhattan, siendo adjudicados a la primera. Tras ser adjudicados los derechos de explotación de la mina a México Minorbis, Emerita-Forbes Manhattan elevó a los juzgados una denuncia acusando a la Administración autonómica de haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude, alegando entre otros aspectos que su oferta económica superaba ampliamente a la de Minorbis.

En la misma línea que los abogados de los funcionarios, durante la sesión de este lunes tanto el letrado Juan Carlos Álferez (que representa a los hermanos López Magdaleno) como el abogado de la exdirectora de Minas y también el del expresidente de la SEPI, Alfonso Martínez Escribano, han expuestos en sus respectivos informes orales cuestiones como que la investigación corrió “de espaldas” a alguno de sus representados dada la cronología de los acontecimientos judiciales de los que “no pudieron defenderse”.

El abogado Jaime Alonso, representante legal de México-Minorbis y Los Frailes, ha criticado que las acusaciones quieran adjudicar el concurso “directamente” a Emérita Resources, a la que ve “incapaz” de ejercer actuación alguna en la explotación minera, defendiendo por otra parte la “absoluta licitud de los actos administrativos que se produjeron” en el proceso de asignación de la explotación a sus patrocinadas.

Impugnación de Manos Limpias

Merced a aquella primera denuncia, la juez Patricia Fernández Franco llegó a apreciar “graves irregularidades” en el proceso de adjudicación, investigando incluso a la entonces directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, apartada de tal cargo hasta que la juez instructora del caso decidió después archivar las actuaciones. Pero ante las impugnaciones a tal decisión por parte de Emerita y Manos Limpias, la Audiencia Provincial ordenó en 2016 la reapertura de la investigación judicial.

También cabe recordar que en octubre de 2017 la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no detectó “ninguna comunicación o documento que permita inferir la existencia de influencias sobre los miembros del Comité Técnico o de la Mesa del Concurso para favorecer a una o a otra empresa licitante” tras analizar 124.012 correos electrónicos de tres altos cargos y 12 funcionarios de la Consejería de Empleo relacionados con la adjudicación.

El último recurso último de Emérita insistía en que “la aplicación de criterios de valoración por parte de la comisión técnica no contemplados en las bases, valorándose igualmente en el recurso los diferentes criterios técnicos sobre ambos proyectos contemplados en el pliego de condiciones, considerando en este sentido que los cálculos para obtener el denominado 'punto de equilibrio' estaban realizados en el proyecto de Emérita, y era mejor que el establecido en el proyecto de Minorbis”. Alaya estimó por entonces que en ese momento procesal no se había llegado a desvirtuar “la provisoria calificación de arbitrarias de las resoluciones de la Junta de Andalucía”.