La Audiencia Nacional ha acordado este martes internar durante seis meses al menor arrestado el domingo en la localidad sevillana de Montellano, al que la Fiscalía le atribuye delitos de organización terrorista, adoctrinamiento y tenencia de explosivos, por encontrarse “altamente radicalizado”.
En un auto, recogido por Europa Press, el juez de Menores José Luis de Castro accede a lo solicitado por la Fiscalía, que este mismo martes ha pedido el internamiento del menor para evitar que se sustraiga de la acción de la Justicia. La Fiscalía, en concreto, aseguraba que existe “un riesgo de fuga evidente dada la gravedad de los hechos y la pena que llevan aparejados”.
El magistrado hace suyos los argumentos del Ministerio Público y expone que esos delitos de “enorme gravedad” justifican su internamiento en un régimen cerrado. Así, el auto incluye todos los indicios sólidos que acreditan que el menor de edad se habría hecho con diversas sustancias para elaborar explosivos, así como con manuales para su fabricación.
La resolución también hace referencia a sus pronunciamientos de adhesión al Estado Islámico así como la exhibición en su propio teléfono móvil de diverso material yihadista. También detalla que este joven se encuentra “altamente radicalizado”, está obsesionado con la temática militar, tiene ropa de camuflaje y es tremendamente homófobo y antisemita.
El juez recoge asimismo un informe del Grupo de Desactivación de Explosivos de la Policía que evalúa las sustancias incautadas y que concluye que son consideradas como precursores de explosivos.
Analiza también sus perfiles en redes sociales que constatan su evolución yihadista. Se hace constar que el pasado 21 de enero, siendo ya vigilado por la Policía, se dirigió a una zona de campo donde se escucharon diferentes detonaciones que confirma, dice el juez, que el menor pudiera estar haciendo pruebas de los explosivos que pudiera tener en su poder, lo que desencadenó su arresto.
El magistrado, que explica que existen datos suficientes para considerar al menor autor de los mismos, añade que teniendo en cuenta su situación socio familiar puede sustraerse a la acción de la justicia por la gravedad de los hechos y la responsabilidad penal en la que podría incurrir.
El auto destaca que la medida de internamiento en régimen cerrado, sin perjuicio de la revisión que se pueda hacer de la misma según la evolución del menor, permitirá alejarle del proceso de radicalización en el que está inmerso, evitando así daños a terceros.
En este contexto, el juez hace constar que la medida se adopta en interés del menor puesto que el centro de reforma garantiza la adopción de todas las actividades necesarias para el desarrollo de la personalidad del joven así como la continuidad en su escolarización y formación iniciada.
El auto recoge el informe del equipo técnico que, atendiendo a las circunstancias familiares, personales, sociales y educativas del detenido, así como la gravedad de los hechos, aconseja la conveniencia de adoptar la medida de internamiento porque no va en perjuicio del interés superior del menor.
Además, sostiene que con la medida cautelar se evita la reiteración delictiva, que implica la posibilidad de que el menor continuara con su proceso de radicalización y para evitar los resultados violentos propios del radicalismo yihadista, lo que genera un peligro para el bien jurídico protegido y terceras personas.
Por otro lado, la Policía Nacional detuvo paralelamente el pasado domingo a la madre del joven para investigar la existencia de una posible vinculación entre esta y el terrorismo yihadista, según informa Efe. El menor fue detenido y trasladado a Madrid en la operación policial puesta en marcha por agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional.
En la tarde-noche del lunes, la Policía Nacional volvió a Montellano para continuar con los registros en el marco de la operación iniciada el pasado domingo. Durante más de dos horas, una unidad policial estuvo inspeccionando el local de costura que la madre del menor posee en la calle Santos. Para ese nuevo registro fue preciso cortar el tráfico viario, para lo cual volvió a requerirse la colaboración de la Policía local, según informan fuentes del Ayuntamiento. Tras finalizar la inspección, pasadas las once de la noche, los agentes levantaron el perímetro de seguridad y la calle volvió a recuperar su tránsito normal.
Las nuevas pesquisas policiales han vuelto a provocar cierta alarma entre los habitantes del municipio y la consecuente difusión de rumores en multitud grupos de WhatsApp, entre ellos la posible presencia de explosivos en el local o en el instituto. El Ayuntamiento implora una vez más tranquilidad a los vecinos, ya que muy probablemente se trate de bulos “al no proceder de ninguna fuente policial”.
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