Susto o muerte

La ecología es como Santa Bárbara, uno no se acuerda de ella hasta que truena. O hasta que sufrimos una sequía prolongada, temporadas de calor extremo o lluvias torrenciales. Incluso hasta que nos estalla en las narices un gran accidente medioambiental como el del vertido no controlado de lodos tóxicos en la mina de Aznalcóllar en 1998, que alcanzó los parques Nacional y Natural de Doñana generando un desastre ecológico de primer nivel, que costó años, y mucho dinero, reparar y revertir.

Ahora, más de 25 años después, una nueva empresa, Minera Los Frailes, prepara los últimos detalles para reiniciar la extracción de zinc, plata, cobre y plomo a unos 30 kilómetros de Sevilla capital. Se trata de un proyecto que ha disparado la ilusión y las expectativas en el municipio de Aznalcóllar que, con algo más de 6.000 habitantes, recibiría en su término municipal una inversión de más de 400 millones de euros y la creación de unos 2.000 empleos directos e indirectos. “Para el pueblo, supondría volver a la vida”, según ha declarado el alcalde de la localidad, Juan José Fernández, de Izquierda Unida.

La voz de alarma la han dado las organizaciones ecologistas Greenpeace y Ecologistas en Acción y Podemos en el Ayuntamiento de Sevilla, donde están coaligados con los compañeros de IU de Fernández. Y no tanto por la reapertura de la mina ni, aún menos, por la inversión y generación de empleo que supone; sino por las consecuencias medioambientales que el proyecto puede generar directamente en el río Guadalquivir a su paso por Sevilla y Santiponce, a la altura del mal llamado Estadio Olímpico.

Estos colectivos han advertido de que el proyecto incluye la construcción de una tubería de 30 kilómetros que saldrá de las instalaciones de Aznalcóllar y llegará hasta Santiponce (a la altura del estadio de la Cartuja de Sevilla), tras atravesar los términos de Sanlúcar la Mayor, Valencina, Olivares y Salteras. La intención de la empresa Minera Los Frailes es transportar hasta ese punto del Guadalquivir las aguas tóxicas acumuladas actualmente en las dos cortas, previa depuración y tratamiento.

El vertido inicial al río será de 17.520 millones de litros en los primeros 18 meses de funcionamiento de la mina, más otros 2.600 millones de litros anuales de media durante los 17 años de actividad prevista, más de 60.000 millones en total. Por comparar, baste indicar que el vertido tóxico de 1998 en el Guadiamar fue de 55.000 millones de litros de aguas y lodos. Eso sí, sin controlar ni depurar.

Este vertido se sumaría al que ya tiene autorizado otra empresa minera, Cobre Las Cruces, de 2.340 millones de litros anuales durante 14 años, un total de 32.760 millones de litros.

No dejemos de estar vigilantes todos, especialmente la Administración Pública correspondiente, tanto Junta de Andalucía como Gobierno de España a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para que la empresa minera cumpla como promete con los más altos estándares de cuidado medioambiental y gestión hídrica y de residuos

En su defensa, la empresa minera explica dos cuestiones de suma importancia. La primera, que esos primeros 17.520 millones de litros ya están acumulados en las instalaciones de Aznalcóllar desde la limpieza del Guadiamar hace más de 25 años y que, si no se tratan o depuran, se corre el riesgo de que las cortas se desborden o rompan como ya sucedió entonces. La segunda, que su proyecto es escrupulosamente respetuoso con el medioambiente y que el agua que llegue al Guadalquivir lo hará convenientemente limpia tras su tratamiento en una nueva planta depuradora que la compañía construirá con una inversión de 60 millones de euros. Defiende su proyecto, por tanto, más como una solución a un problema ya existente que como un riesgo de generación de nuevos impactos ambientales.

Los ecologistas reclaman a la Junta que dé marcha atrás en un proceso de autorización para la explotación iniciado en 2015 con la concesión administrativa y que está a punto de culminarse con la Autorización Ambiental Unificada y el comienzo de las operaciones en los próximos meses. Partidos políticos y entidades sociales también han reclamado la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu

Por supuesto, tanto unos como otros defienden sus posiciones y argumentos con los correspondientes informes científicos y testimonios de reputados técnicos. La Junta, por ahora, no ve mayor problema y no se plantea dar marcha atrás en el proceso de nueva puesta en marcha de la explotación minera.

A priori, para Aznalcóllar y para la provincia de Sevilla parece difícil de rechazar un proyecto llamado a recuperar la extracción de minerales en una zona rica en yacimientos, que ofrece una fuerte inversión y promete una gran generación de empleo y que asegura un exquisito trato medioambiental, al margen de la solución a una acumulación de vertidos tóxicos ya preexistentes.

Siempre estamos lamentándonos del excesivo peso que tiene el turismo y los servicios en la economía de esta provincia y de la falta de proyectos industriales y de generación de valor. Entiendo que puede ser complicado de asumir, pero hay que intentar hacer compatibles el cuidado del medioambiente con la creación de riqueza y trabajo para nuestros pueblos y territorios.

Pero no dejemos de estar vigilantes todos, especialmente la Administración Pública correspondiente, tanto Junta de Andalucía como Gobierno de España a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para que la empresa minera cumpla como promete con los más altos estándares de cuidado medioambiental y gestión hídrica y de residuos. Que el riesgo que señalan los ecologistas no se convierta nunca en una realidad que nos recuerde al terrible pasado reciente. Y no tengamos que escoger entre susto o muerte.