Cinco integrantes del comité de huelga de los Técnicos de Integración social (PTIS) de Andalucía se encerraron el martes por la mañana en la sede de la delegación provincial de la Consejería de Educación en Sevilla. A última hora de la tarde fueron desalojados por la Policía, tras la petición del delegado territorial. Ya el miércoles, una de ellas se encadenado frente a la entrada de la delegación. Todos son miembros del sindicato CGT, que había convocado una huelga indefinida desde este martes. Piden reunirse con responsables de la Junta de Andalucía para plantearle las reivindicaciones del colectivo, trabajadoras (la mayoría son mujeres) que atienden a menores con necesidades especiales (TEA, epilepsia…). A pesar de trabajar en centros educativos públicos andaluces, unas 2.000 están subcontratadas por empresas que asumen la prestación del servicio público imponiendo a sus empleadas condiciones cada vez más precarias.
El objetivo del encierro es comunicar a la administración el malestar de un colectivo “maltratado, discriminado y ninguneado tanto por la Junta de Andalucía como por las empresas privadas concesionarias” que, según resaltan, reciben “pingües beneficios sin exponer absolutamente nada, a costa de la explotación literal” de sus empleadas. El encierro se plantea como “indefinido”. “Aguantaremos todo lo que nos dejen”, advierte Carmen Rodríguez, portavoz de CGT.
Denuncian el trato desigual con las PTIS “laborales” (que tienen mayor salario a pesar de compartir las mismas tareas); la saturación y sobrecarga de trabajo por el “aumento exponencial de alumnado a atender” (un diagnóstico compartido por asociaciones de padres y madres de alumnos); el incumplimiento de las “condiciones mínimas de seguridad y salud”; y la subcontratación con empresas privadas que “priman el lucro sobre la atención al alumnado y el respeto a las profesionales PTIS”.
En los últimos cuatro años, Osventos Innovación en Servizos, S.L. (la principal adjudicataria en Andalucía, a pesar de no tener ni sede) ha logrado adjudicaciones por valor de casi diez millones de euros, mientras sus trabajadoras denuncian que se las mantiene bajo un convenio colectivo de centros privados, se les recortan horas (hasta las diez o quince semanales) o se las reubica a cien kilómetros de distancia para garantizar el encaje con las trabajadoras “laborales” (contratadas directamente por la administración), que suponen un tercio del total. La gota que colmó el vaso fue la pretensión de Osventos de pagar los salarios atendiendo a las horas trabajadas. Un sistema de cálculo que buscaría ahorrar el pago de fines de semanas o vacaciones, según interpretaron las trabajadoras.
“La huelga viene provocada por superarse los límites del aguante de un colectivo que durante demasiados años viene siendo despreciado y discriminado por la Junta de Andalucía, lo que ha generado un descontento extremo”, se lee en el comunicado distribuido por CGT, que reclama “respeto a la dignidad profesional de los/as PTIS”.
El diagnóstico de la precariedad en el sector y los “abusos” que cometen las empresas adjudicatarias es compartido por otras fuerzas sindicales. Sin embargo, CCOO (mayoritario en el sector) no se ha sumado de momento a la huelga indefinida. Por el contrario, ha convocado una nueva jornada de huelga para el próximo martes.
En el último mes, las trabajadoras han realizado dos huelgas: el 25 de octubre y el 7 de noviembre. La huelga indefinida, convocada por CGT (con un 16,80% de representatividad en el sector) es un paso más en una estrategia que pretende la subrogación en el sector público o, al menos, la apertura de un diálogo con la administración. Hasta ahora, la Junta de Andalucía rechaza no solo reunirse con ellas, sino valorar públicamente el conflicto, aduciendo que se trata de una cuestión entre las empresas (a las que subcontrata un servicio público) y sus empleadas.
Los representantes de CGT han optado por el encierro en las dependencias de la Junta como medida de presión ante las dificultades de dar visibilidad a la huelga. “Se imponen unos servicios mínimos abusivos, y no se negocia con el comité de huelga para designar a las trabajadoras que deben cumplirlos. Las empresas ni siquiera se han reunido”, denuncia Carmen Rodríguez, portavoz de CGT, desde la sede de delegación en Sevilla. “Usan el miedo para que la gente no secunde la huelga. Por eso hemos decidido que vamos a encerrarnos para dar visibilidad al descontento”.
Ni Osventos ni la administración acudieron el lunes a la convocatoria del SERCLA, el mecanismo para la resolución de conflictos laborales.
En el colectivo se aguarda con expectación la decisión del Tribunal Supremo sobre si las trabajadoras han sido objeto de una “cesión ilegal de trabajadores” (como inicialmente señalaron los tribunales) o si, por prestar un servicio complementario (como defiende la Junta de Andalucía), pueden ser externalizadas. Las primeras sentencias de casación habrían sido dictadas ya, pero aún no se han notificado, según fuentes sindicales.
Una eventual decisión judicial favorable a las trabajadoras, o la declaración de nulidad del Decreto de la Junta que cataloga el servicio como “complementario”, movería el tablero y abriría un nuevo escenario de negociación con la Junta de Andalucía.
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