Sevilla busca contrarreloj una fórmula que le permita mantener el veto a las casas de juego

La moratoria que el Ayuntamiento de Sevilla impuso a la apertura de nuevas casas de juego y apuestas llega a su fin el próximo 17 de marzo, tras 15 meses en los que ha sido imposible abrir en la ciudad un negocio de estas características. El aviso expreso que la Junta de Andalucía le hizo llegar de que recurrirá cualquier intento de regulación del sector ha hecho su efecto, lo que se ha traducido en que el gobierno local (PSOE) haya sido incapaz de encontrar una fórmula jurídica (“con esta advertencia estamos bloqueados”, se alega) que le permita seguir adelante. Al menos por ahora, porque aunque quede menos de una semana se insiste en no tirar la toalla y en que se busca contrarreloj una solución.

Una salida a este embrollo podría haber llegado de la mano de la propia Junta, que anunció que en marzo aprobaría su decreto regulatorio, lo que habría permitido al Consistorio hispalense sumarse sobre la marcha y así mantener algunas de las limitaciones impuestas en la moratoria sin que llegase a expirar. Pero esto no va a ser posible porque desde la Consejería de Hacienda ya avisan de que confían en sacar su norma en abril, así que esta puerta queda cerrada hasta entonces

Modificación del PGOU

Como tantos otros municipios que se embarcaron en esta cruzada contra las casas de juego, el mecanismo que se escogió para su limitación fue una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el argumento de que, en base a sus competencias urbanísticas, así se diseña el modelo de ciudad y no se entra en regular estos negocios. Y para cargarse de razones, se esgrimió también un informe del Área de Salud municipal que advertía de la incidencia directa de estos locales en el aumento de la ludopatía.

El Consejo de la Gerencia de Urbanismo celebrado este miércoles era el último en el que se podía haber aprobado esta modificación del PGOU, pero finalmente la cuestión no entró en el orden del día porque el gobierno local todavía no ha dado con la tecla que permita superar los recelos de los propios servicios jurídicos municipales. Al no validarse en Urbanismo, no puede elevarse al pleno del jueves 18 de marzo, de ahí que fuese la última oportunidad porque ya se acaba la moratoria.

Una última bala

¿Significa esto que ya no hay opciones? Pues no, porque se le sigue dando vueltas a la cuestión conscientes de que queda una última bala en la recámara: celebrar de manera extraordinaria un Consejo de la Gerencia de Urbanismo, que puede convocarse hasta media hora antes del pleno, de hecho no sería la primera vez que se utiliza esta fórmula. Desde el Ayuntamiento se insiste en que se contempla esta vía de urgencia, y que se siguen analizando opciones jurídicas y técnicas a la carrera. “Si tengo todos los informes favorables se convocará este consejo extraordinario”, apuntó en la comisión de control al gobierno local de este viernes el delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz (PSOE), que incluso se mostró optimista al respecto.

Los cambios que se quieren introducir en el PGOU persiguen un triple objetivo: que estos negocios no se concentren en barrios desfavorecidos, que estén separados entre ellos por 250 metros y que se ubiquen a más de 500 metros de equipamientos sanitarios, educativos y deportivos. El decreto que ultima la Junta, por cierto, parte de una base menos ambiciosa, ya que la distancia a colegios e institutos será de 150 metros, además de que no prevé medidas para evitar la saturación.

Propuesta del PSOE

En vista de que por mucho que se corra puede que no se llegue a tiempo, el grupo municipal socialista ha querido que se visibilice que sigue en la pelea llevando al pleno una propuesta en la que se insta al Gobierno andaluz a aprobar cuanto antes su normativa y a que no limite la autonomía local, ya que se insiste en que estamos ante una cuestión urbanística y de salud, que son competencias municipales. Esta iniciativa ha pasado con dictamen favorable al pleno, al contar en la comisión de control con los votos favorables de PSOE y Adelante Sevilla, mientras que PP, Cs y Vox se han abstenido.

Curiosamente, el grupo más crítico con la propuesta socialista ha sido el único que les ha acompañado en el voto a favor, Adelante Sevilla. “Nuestro respaldo lo tiene, para adelante, lo que haga falta, pero esto no va a valer para nada”, lamentaba su portavoz adjunto, Daniel González Rojas, quien insistió en la idea de que “tenemos un problema porque el Ayuntamiento no ha hecho los deberes”. “Esta moción recuerda a los alumnos que no han hecho los deberes y se sienten culpables”, insistió González Rojas, que llegó a afirmar que la solución que busca el gobierno local “pongo la mano en el fuego que no va a estar antes del día 17”, una fecha en la que “la patronal del juego estará en la puerta de la Gerencia de Urbanismo para meter todas las licencias que se han quedado fuera”.

El sector: son medidas populistas

Y a todo esto, ¿cómo ve este sector empresarial el fin de la moratoria? Pues “de manera fantástica” porque la consideran un ataque “contra el libre comercio y la libertad de las empresas”, además de “una medida muy populista que parte de un gran desconocimiento del sector”. El vicepresidente y portavoz de la Federación Andaluza de Asociaciones de Máquinas Recreativas, Salones y Ocio (Anmare), Emilio Rosas, insiste en que la “repulsa ciudadana” la provocan las apuestas online y que en Andalucía sólo hay tres casas de apuestas como tales, el resto son salones de juego que cuentan con algún terminal de apuestas “que es como si usaras el ordenador o el móvil”.

“Masificación no hay”, defiende, aunque entiende que a la confusión ayuda el que muchos salones de juego ahora han puesto una publicidad exterior con futbolistas que lleva a pensar que se ha abierto un nuevo establecimiento, “pero a lo mejor lleva ahí 30 años”. Esta afirmación contrasta con los datos que en su momento facilitó el gobierno municipal a Adelante Sevilla, según los cuales entre 2015 y 2019 se abrieron medio centenar de establecimientos de este tipo.

En cuanto a las exigencias de que estos locales se alejen de los centros educativos, Rosas señala que cuentan con suficientes medidas de control para impedir el acceso de menores porque en ello les va la propia supervivencia del negocio. “Si pillan menores dentro no nos ponen una multa, sino que directamente nos cierran el salón”, argumenta, por lo que insiste en que “no hay motivos para esta alarma social”.